Por Yasmin Flores Hernández
Para la elaboración de esta colaboración, esta columnista tuvo acceso a testimonios y referencias proporcionadas por personal de la Secretaría de Marina y por elementos de la Fiscalía General de la República con conocimiento directo de las diligencias y de la investigación en curso.
Por razones de seguridad y debido al carácter reservado de parte de la información, sus identidades se mantienen bajo resguardo.
Comenzamos…
Hay operativos que terminan cuando colocan unas esposas y existen otros que apenas comienzan ahí.
Lo ocurrido en Puebla con la captura de Govel Ulises, alias “El Amarillo”, pertenece claramente a la segunda categoría.
Porque si se mira la historia únicamente como la detención de un presunto operador criminal vinculado con Los Rusos, la lectura queda incompleta.
Lo verdaderamente relevante no está solamente en el hombre detenido, sino en la estructura que comenzó a aparecer alrededor de él: residencias de lujo, vehículos millonarios, contratos, empresas, talleres, movimientos financieros, propiedades y una red que, de acuerdo con la investigación, conecta Acapulco con Puebla.
La historia puede resumirse al principio en tres objetos: Un McLaren, Una Mercedes-Benz G-Wagon blindada.
Y una orden de aprehensión por homicidio calificado que llevaba prácticamente dos años sin ejecutarse.
Parecerían tres datos aislados, no lo son.
Juntos explican la forma en que parte del crimen organizado mexicano dejó hace mucho tiempo de entender la clandestinidad como escondite y comenzó a entenderla como apariencia.
Antes, esconderse significaba desaparecer.
Hoy puede significar vivir en uno de los fraccionamientos más exclusivos de México, conducir automóviles que todos voltean a ver y rodearse de una vida empresarial perfectamente visible.
Ese fue precisamente uno de los grandes errores de “El Amarillo”, creer que el lujo podía hacerlo invisible.
Terminó ocurriendo exactamente lo contrario.
El lujo lo hizo identificable.
Góven Ulises no estaba oculto en una comunidad remota ni cambiando de domicilio todas las semanas.
Vivía en Lomas de Angelópolis.
Un lugar donde hay cámaras, controles de acceso, seguridad privada, rutinas previsibles, proveedores, trabajadores, vehículos entrando y saliendo y registros permanentes de prácticamente todo.
Paradójicamente, uno de los fraccionamientos que ofrece más seguridad puede convertirse también en uno de los lugares donde más huellas se dejan.
Y eso fue lo que ocurrió.
Los vehículos comenzaron a formar patrones, dos G-Wagon entrando en determinados horarios, escoltas repitiendo recorridos, pagos, servicios, proveedores y movimientos que, vistos individualmente, no significaban demasiado.
Pero cuando una estructura de inteligencia empieza a cruzarlos, dejan de ser actos cotidianos y se convierten en información.
Una dirección apareció una y otra vez:
Lomas de Angelópolis.
A partir de ahí comenzó el seguimiento.
Otro error llegó con las comunicaciones.
Cambiar de teléfono puede parecer una medida de seguridad eficiente, cambiar de número también; pero el problema del comportamiento humano es que las rutinas sobreviven a los dispositivos.
Los horarios se repiten, los interlocutores se repiten, los patrones de duración de llamadas se repiten, la voz permanece y las redes de comunicación dejan conexiones.
De acuerdo con la reconstrucción del operativo, el nuevo número utilizado por Góven Ulises terminó vinculándose nuevamente con su identidad.
La tecnología cambió, la huella no.
Para cuando llegó la madrugada del operativo, las autoridades ya habían construido suficientemente el escenario.
Habían identificado el inmueble.
Conocían los accesos.
Sabían quién estaba dentro.
Los equipos comenzaron a tomar posiciones; sin sirenas, sin luces, sin el dramatismo que normalmente asociamos con una operación de gran escala.
El objetivo no era hacer ruido, era cerrar el espacio.
La comunicación entre las distintas unidades se mantenía en canales encriptados y la coordinación se llevaba en tiempo real desde un centro de comando.
Cada unidad confirmó su posición, cada entrada quedó cubierta.
Los vecinos dormían.
Afuera no ocurría nada.
Adentro, el margen de maniobra se había terminado.
La señal definitiva llegó poco después de la medianoche.
Tres equipos se desplazaron simultáneamente.
El ingreso fue rápido.
Los hombres ubicados en las zonas de seguridad interior fueron neutralizados.
Uno intentó de alcanzar un arma larga, no lo consiguió.
Otro logró disparar antes de ser reducido, un sólo disparo rompió el silencio.
Y probablemente fue ese disparo el momento exacto en que Góven Ulises entendió que el operativo ya estaba dentro de su casa.
Tuvo segundos para decidir.
Tenía un arma, tenía una ventana, tenía posiblemente años pensando qué haría si ese momento llegaba.
Lo que ya no tenía era salida.
El perímetro estaba cerrado,los accesos estaban controlados.
El predio era observado, la habitación terminó rodeada.
Los federales ingresaron en formación;“El Amarillo” permanecía de pie.
Tenía un arma en la mano, la instrucción fue rendirse.
No hubo necesidad de convertir la detención en una ejecución; terminó soltando el arma.
Se arrodilló.
Y un elemento federal le colocó las esposas.
Así cayó un hombre señalado como uno de los principales generadores de violencia de una célula vinculada con Los Rusos en Guerrero, facción del cartel de sinaloa, aliada de la mayiza.
Pero esa escena, por espectacular que parezca, no es lo más importante de la historia.
Lo realmente importante comenzó cuando salió el sol.
Los elementos federales empezaron a revisar el inmueble.
Y una casa también habla; habla con lo que guarda, habla con lo que exhibe, habla con lo que intenta ocultar.
Lo primero fueron las armas: rifles de asalto, cargadores, pistolas de alto calibre, granadas de fragmentación.
El tipo de arsenal que no sirve para proteger una casa, sirve para controlar territorio.
Con ese tipo de capacidad, las organizaciones criminales no llegan a pedir permiso a una plaza. Llegan a tomarla.
Después aparecieron drogas empaquetadas y preparadas para distribución.
Eso cambia por completo el papel del inmueble, la residencia habría sido algo más que una vivienda.
También funcionaba como punto dentro de una estructura logística.
Y luego estaban los símbolos más visibles de la vida que Góven Ulises había construido en Puebla.
Los vehículos; una Mercedes-Benz G-Wagon blindada, un McLaren.
Automóviles cuyo valor conjunto supera varios millones de pesos.
Un McLaren, por definición, no es discreto, no fue diseñado para confundirse entre el tráfico.
Fue diseñado para llamar la atención.
Y ahí aparece otra vez la contradicción central de esta historia.
El hombre que necesitaba desaparecer eligió vehículos imposibles de ignorar.
Cada vez que ese McLaren salía del fraccionamiento se convertía en una firma.
Una coordenada, una confirmación.
El lujo terminó funcionando como sistema de rastreo.
Pero hubo un detalle aparentemente menor que quizá retrata mejor que cualquier vehículo el contraste de esta historia.
En la habitación encontraron unos tenis Louis Vuitton.
Blancos, impecables y costosos.
Un objeto aspiracional dentro de la habitación de un hombre vinculado con una estructura acusada de extorsionar, secuestrar y matar en Guerrero.
Mientras muchas víctimas pierden patrimonio, negocios y tranquilidad tratando de sobrevivir a la violencia, quienes viven de ella pueden terminar convirtiendo esa violencia en artículos de lujo.
Esa es quizá una de las imágenes más obscenas del crimen organizado contemporáneo.
Pero nuevamente: lo más valioso no brillaba.
Debajo de la cama apareció un maletín, dentro había documentos, contratos, registros, nombres escritos a mano, información que no estaba en un teléfono, no estaba en una nube, no podía borrarse remotamente, no desaparecería cambiando un chip.
Y ahí fue donde la investigación comenzó a cambiar de dimensión.
Porque los documentos no cuentan únicamente la vida de Góven Ulises.
Cuentan relaciones, propiedades, operaciones, personas, empresas y nombres.
La diferencia entre detener a un operador y golpear una organización está precisamente ahí.
En poder seguir la cadena.
Y mientras los federales aseguraban la casa de “El Amarillo”, otra parte del operativo ya se encontraba en marcha.
A varios kilómetros de distancia, sobre la vía Atlixcáyotl, comenzaba una historia todavía más incómoda.
Dimont, una agencia de vehículos de lujo; visible, elegante, con un showroom que parecía construido para redes sociales.
Ferrari, Bentley, McLaren, Porsche, Tesla, Lamborghini.
Dimont no era una empresa escondida.
Estaba en uno de los corredores comerciales más importantes de Puebla.
Cerca de centros comerciales, restaurantes, torres residenciales y algunos de los fraccionamientos de mayor plusvalía de la zona metropolitana.
Precisamente por eso, la pregunta resulta inevitable:
¿Cómo puede una operación presuntamente vinculada con dinero criminal instalarse a plena vista?
Quizá porque ésa es exactamente la estrategia.
El crimen organizado moderno entendió hace tiempo que la clandestinidad ya no necesariamente significa oscuridad.
Puede significar legalidad aparente.
Un RFC, contratos, facturas, consignaciones, empleados, gerentes, un showroom, luces LED, piso de mármol y vehículos de millones de pesos perfectamente estacionados.
El dinero criminal también aprende.
Y una de las cosas que aprendió es que esconder recursos no siempre significa enterrarlos. Puede significar convertirlos en activos.
Comprarlos, venderlos, consignarlos, moverlos de propietario, mantenerlos circulando.
Darles apariencia comercial.
Un Ferrari puede ser un automóvil.
Pero también puede convertirse en una reserva de valor.
En una operación de compraventa, en una factura, en un activo transferible, en una forma sofisticada de mover dinero.
Por eso, lo ocurrido en Dimont es probablemente más relevante que las imágenes de los automóviles decomisados.
El cateo comenzó formalmente alrededor de las 7:22 de la mañana.
Ya había luz natural.
Había orden judicial, había testigos, había personal del Ministerio Público.
Durante los primeros minutos los elementos federales aseguraron accesos, separaron a las personas que se encontraban dentro y tomaron control de las oficinas.
En el exterior apareció el abogado Amadeo Lara, su intención ya no podía ser detener el cateo. La diligencia estaba en marcha.
Buscaba intervenir porque el personal permanecía incomunicado y sin información.
Solicitó participar como testigo, permaneció afuera sin obtener respuesta durante varios minutos.
Mientras tanto, adentro comenzó el inventario, vehículo por vehículo, placa por placa, serie por serie, documento por documento, el número empezó a crecer; diez, veinte, treinta, hasta llegar a treinta y nueve unidades.
Treinta y nueve vehículos de lujo en una sola agencia.
Con un valor estimado oficialmente en alrededor de 75 millones de pesos.
Una cifra que por sí misma impresiona.
Pero que se vuelve más clara cuando uno entiende qué había dentro.
Porsche 911, Porsche Panamera, Ferrari Spider, Bentley Bentayga, McLaren. Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63, un Ford Mustang, un Jaguar E-Type y una Tesla Cybertruck.
No era un estacionamiento, era un catálogo del lujo contemporáneo.
La Cybertruck resulta especialmente simbólica.
Es uno de esos vehículos que prácticamente nacieron para ser fotografiados.
Aparece en redes, genera contenido, construye audiencia, es aspiracional.
Y estaba ahí.
Dentro de un operativo federal.
Pero nuevamente los automóviles eran apenas la parte visible.
Mientras se registraban las unidades, en otras zonas aparecieron armas cortas, cargadores, cartuchos, teléfonos celulares con distintos chips y dosis de drogas.
Objetos pequeños en comparación con las máquinas multimillonarias que llenaban el lugar.
Y aun así, nuevamente lo más valioso no era lo que podía fotografiarse, eran los papeles, contratos de consignación, facturas, cambios de titularidad, registros de transferencia, historiales de vehículos, fechas, montos, personas físicas, personas morales, contrapartes, firmas.
Ese archivo probablemente vale más para una investigación que todos los Ferraris juntos.
Porque los autos son bienes, los contratos son conexiones.
Una firma puede abrir una línea de investigación, un nombre puede llevar a una empresa, una empresa puede llevar a una cuenta, una cuenta puede llevar a un beneficiario, una dirección puede llevar a otro inmueble.
Y ahí está el verdadero tamaño de este operativo.
No en las fotografías de los automóviles.
En el mapa de relaciones que esos documentos podrían permitir reconstruir.
Dimont, además, no fue el único establecimiento intervenido.
En las cercanías también fue cateado un taller mecánico vinculado públicamente con Persa Performance.
Un negocio con presencia digital, con contenido automotriz, con una audiencia construida alrededor de vehículos de alto desempeño.
Ahí aparece otro nombre que necesariamente debe tratarse con cuidado: Javier Perich, creador de contenido automotriz. Con presencia en redes sociales.
Relacionado públicamente con ese ecosistema empresarial.
Hasta donde se había informado, las autoridades no habían presentado cargos directamente contra él ni contra los propietarios de Dimont.
Y eso debe decirse claramente.
Un cateo no equivale a una sentencia.
Una relación comercial no equivale automáticamente a responsabilidad penal.
Pero la coincidencia existe.
Los inmuebles fueron intervenidos dentro de un mismo despliegue.
Y cuando dos negocios aparecen conectados dentro de una investigación de delincuencia organizada, la obligación periodística no es condenar.
Es preguntar:
¿Qué vehículos pasaron de un negocio a otro?
¿Quién los llevó?
¿Quién los recibió?
¿Quién firmó?
¿Quién facturó?
¿Quién era el propietario real?
¿Quién recibió finalmente el dinero?
¿Quién era cliente legítimo?
¿Quién servía como prestanombres?
¿Quién sabía?
¿Quién no sabía?
Eso es exactamente lo que tendrá que determinar la investigación y es también donde aparece la segunda gran dimensión del operativo.
La primera fue territorial, la captura de un operador vinculado con Los Rusos fuera de Guerrero.
La segunda es financiera, la posibilidad de seguir el dinero.
Ahí la figura de Omar García Harfuch vuelve a entrar en escena.
No necesitó estar físicamente en Puebla.
Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se informó de la captura de Góven Ulises como uno de los principales generadores de violencia vinculados con la organización.
La elección de palabras importa.
“Uno de los principales generadores de violencia.”
No “el máximo jefe”, no “la cabeza”, no “el líder absoluto”.
Uno de los principales.
Eso significa que el operativo no necesariamente llegó a la parte más alta de la estructura.
Después están las armas, que son las que pueden definir penalmente una parte de la operación.
Luego las drogas, porque permiten sostener líneas relacionadas con delitos contra la salud.
Y al final aparecen los vehículos.
Casi como nota al pie.
Sólo que la nota al pie son 39 autos con un valor de alrededor de 75 millones de pesos.
Harfuch los menciona con la misma economía verbal con la que menciona armas y drogas.
Y probablemente por una razón: el verdadero valor de ese decomiso no estaba en el hierro. Estaba en el papel.
La otra frase importante fue: “La operación fue coordinada entre Semar, SSPC y FGR”.
Parece una fórmula burocrática.
También es un mensaje de cohesión institucional.
Hacia adentro, confirma que hubo participación conjunta de las instancias federales relevantes.
Hacia afuera, le dice a la estructura criminal que no está enfrentando a una sola corporación.
Está enfrentando a varias instituciones trabajando sobre un mismo expediente.
Y luego viene la frase más corta: “Las investigaciones continúan” tres palabras.
Nada más.
Pero quizá son las más importantes.
Porque significan que “El Amarillo” no cerró la historia, la abrió.
Los 39 vehículos fueron el titular, los documentos de Dimont son el expediente, el resguardo de persa la conexión.
Y el expediente apunta hacia arriba.
Ahí aparece otro nombre:
Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.
Si la línea de investigación es correcta, “El Amarillo” habría sido una pieza relevante dentro de una estructura más amplia. Pero no la cabeza.
Y ésa será la medida real del operativo.
No cuántos autos decomisaron, no cuántas fotografías circularon, no cuántas marcas de lujo aparecieron en el inventario, sino hasta dónde llegan los documentos, hasta dónde llega el dinero, hasta dónde llegan los nombres.
Y aquí Puebla deja de ser únicamente el escenario de una operación federal.
Se convierte en un problema político.
Porque hay una pregunta que no puede seguir posponiéndose:
¿Cuántos más hay?
¿Cuántos operadores criminales están viviendo hoy en Lomas de Angelópolis?
¿Cuántos han convertido residenciales de lujo en refugios?
¿Cuántas personas buscadas por autoridades de otros estados duermen detrás de casetas de vigilancia, cámaras privadas y bardas perimetrales pensando que ahí nadie las va a tocar?
¿Cuántos vehículos millonarios que circulan por Angelópolis pertenecen realmente a empresarios y cuántos forman parte de estructuras de lavado, ocultamiento o transferencia de activos?
Nadie puede responder hoy con seriedad cuántos son.
Y precisamente ése es el problema.
Porque si las autoridades locales no saben, estamos frente a una falla de inteligencia.
Y si sí saben, entonces la pregunta es todavía más grave: ¿por qué no los detienen?
El propio secretario de Seguridad Pública estatal ha reconocido públicamente que Puebla funciona como una especie de refugio o “santuario” para delincuentes provenientes de otras entidades.
La palabra es brutal: Santuario.
Porque un santuario es un lugar donde alguien entra y se siente protegido.
Entonces hay que preguntar:
¿Protegido de quién?
¿De la policía municipal?
¿De la policía estatal?
¿De las fiscalías locales?
¿De los controles de inteligencia?
¿De todos?
Si se tienen identificados esos perfiles, si se sabe que vienen a esconderse, si se conocen los patrones, si se acepta públicamente que Puebla funciona como refugio, ¿por qué las detenciones importantes terminan llegando desde la Federación?
¿Por qué tiene que entrar la Marina?
¿Por qué tiene que intervenir la FGR?
¿Por qué tiene que ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal la que articule operativos de esta escala?
¿Qué están haciendo mientras tanto las policías municipales?
¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública del estado?
¿Qué capacidad real de inteligencia criminal existe en los municipios que concentran estos residenciales?
Y todavía una pregunta más incómoda:
¿Qué tan difícil es detectar a un operador criminal que circula en McLaren, vive en Lomas de Angelópolis, utiliza escoltas, mueve camionetas blindadas y frecuenta negocios de autos de lujo?
No estamos hablando de alguien escondido en una sierra, estamos hablando de personas que viven a plena vista.
Y eso hace que la explicación del “santuario” sea insuficiente.
Porque una cosa es que Puebla resulte atractiva como refugio y otra muy distinta es que las autoridades locales se resignen a ser espectadoras hasta que llegue la Federación.
Si los delincuentes vienen aquí porque creen que pueden pasar desapercibidos, entonces el problema no es solamente que lleguen.
El problema es qué encuentran cuando llegan.
¿Encuentran vigilancia?
¿Encuentran inteligencia?
¿Encuentran coordinación?
¿Encuentran autoridades que cruzan información con Guerrero, Sinaloa, Baja California y la Federación?
¿O encuentran exactamente lo que estaban buscando?
Silencio, anonimato, normalidad.
La comodidad de vivir como empresario mientras una orden de aprehensión permanece pendiente en otro estado.
Y esa discusión importa todavía más porque Puebla no ha sido escenario de un solo caso.
En menos de diez días, San Andrés Cholula fue escenario de dos capturas federales de alto perfil ligadas con estructuras del Cártel de Sinaloa.
El 26 de agosto fue detenido Jesús Alberto, alias “El Dron”.
Días después cayó “El Amarillo”.
Mismo municipio, objetivos distintos, investigaciones distintas.
Una coincidencia temporal demasiado cercana como para no obligar a revisar el fenómeno.
No alcanza con decir que Puebla “solo es escondite”.
Si es escondite, hay que saber para quién.
Si es refugio, hay que saber cuántos.
