Por Yasmin Flores Hernández
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta proyectar control y “transformación”, una serie de escándalos de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado sacuden las entrañas de Morena.
No se trata de “ataques de la oposición” ni de “montajes mediáticos”.
Son hechos concretos: un contralmirante prófugo detenido en Argentina con pasaporte falso, el hijo del expresidente en la mira del FBI por una red millonaria de evasión fiscal en combustibles, gobernadores morenistas bajo escrutinio binacional y una dirigencia partidista que se reacomoda en medio del fuego.
El caso más reciente y escandaloso es el del contralmirante Fernando Farías Laguna.
Detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, tras ingresar con identidad falsa (pasaporte guatemalteco a nombre de Luis Lemus Ramos).
México lo busca por delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal: una sofisticada red que permitía la entrada irregular de al menos 31 buques de combustible por aduanas en Tamaulipas, con sobornos de hasta 1.75 millones de pesos por operación y facturación falsa para evadir impuestos.
Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya está preso en El Altiplano desde septiembre de 2025.
Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, figura central del sexenio anterior cuando la SEMAR controlaba las aduanas.
Farías alega que “reportaba” las irregularidades a Ojeda vía WhatsApp y se presenta como denunciante.
Su defensa acusa omisiones graves en la cúpula naval.
La realidad es incómoda: la institución que debía custodiar los puertos parece haber sido capturada desde adentro.
La FGR ha detectado ganancias millonarias inexplicables en las finanzas de los hermanos. Mientras tanto, un contralmirante que sí denunció la red (Fernando Guerrero Alcántar) terminó asesinado en Colima.
¿Coincidencia o mensaje?
El huachicol ya no es sólo el que se roba de los ductos con mangueras.
Éste es el huachicol fiscal: más sofisticado, más lucrativo y, al parecer, con protección de altos mandos.
Operaba simulando importaciones de aceites o aditivos para introducir gasolina y diésel sin pagar IEPS.
Las pérdidas para el erario se cuentan en miles de millones.
México solicitó su deportación o extradición inmediata. Reportes indican que Estados Unidos podría estar interesado en estos casos para obtener testimonios bajo figuras como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo que abriría la puerta a declaraciones que apunten más arriba en la cadena.
Este tipo de operaciones a gran escala importación irregular, manipulación de pedimentos, rutas logísticas coordinadas rara vez funcionan sin algún nivel de facilitación interna en aduanas, puertos o Pemex.
No se trata de un piquete improvisado en un ducto: es un sistema que mueve volúmenes industriales. Y cuando el volumen es alto y constante, la pregunta incómoda regresa: ¿en qué nivel existe la complicidad o la omisión?
Y ahora salpica directamente al corazón de la 4T.
En paralelo, Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”), actual secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente, aparece en reportes periodísticos y en investigaciones estadounidenses.
Un operativo del FBI en Houston (empresa Ikon Midstream y otras) destapó presuntos esquemas de falsificación de permisos para evadir impuestos en importaciones de combustibles.
Un operativo del FBI, IRS y Homeland Security en las oficinas de una empresa petrolera en Houston, Texas (abril 2026), destapó documentos y archivos relacionados con presuntos esquemas de “huachicol fiscal”: importación irregular de diésel y gasolina declarados como aceites o lubricantes para evadir impuestos como el IEPS.
Se le señala como posible articulador de una red con contactos en Pemex.
Aunque él lo niega todo y habla de “montajes”, el caso genera presión internacional.
Denuncias del PAN ante la FGR duermen el sueño de los justos desde hace meses.
¿Impunidad selectiva o falta de elementos?
Lo cierto es que el nombre de un hijo de AMLO vuelve a estar en el centro del debate por corrupción.
La posibilidad de que López Beltrán enfrente un proceso judicial en una corte federal de EUA ya no suena lejana; depende del análisis de la evidencia decomisada en ese cateo.
Mientras estos escándalos explotan, Morena hace malabares internos.
Luisa María Alcalde dejó abruptamente la presidencia nacional del partido (22-26 de abril) para convertirse en la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia, a invitación de Sheinbaum.
El partido ya convocó a un congreso extraordinario el 3 de mayo para elegir sucesor (suena fuerte el nombre de Ariadna Montiel).
Se vende como “ajuste de equipo”.
La lectura crítica es otra: reconfiguración de emergencia ante la tormenta.
Sheinbaum busca consolidar lealtades propias y limpiar la imagen del movimiento rumbo a 2027, mientras hereda los costos políticos de un sexenio anterior marcado por el control militar de aduanas y promesas incumplidas de acabar con la corrupción.
No terminan ahí los problemas.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila navega entre divorcio público y señalamientos.
Estados Unidos le revocó la visa, al igual que a su exesposo Carlos Torres Torres, investigado por la FGR por presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa (“Los Rusos”), lavado y tráfico.
Ella niega todo y califica los ataques como políticos.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones históricas de nexos con el Cártel de Sinaloa (Chapitos y Mayo Zambada), financiamiento irregular y un estado que sigue sumido en violencia.
Washington observa de cerca a varios “narco-políticos” morenistas.
La revocación de visas y posibles procesos en EE.UU. no son anécdotas: son presión real.
El gobierno responde con comunicados sobre “cooperación internacional” y desmantelamiento de redes.
Sheinbaum insiste en que no hay crisis, Pero los hechos pintan otro cuadro: una dirigencia que se tambalea, figuras clave bajo sospecha internacional, instituciones (SEMAR, aduanas, Pemex) manchadas y un partido que, lejos de la “austeridad republicana”, parece haber reproducido las viejas prácticas que tanto criticaba.
La 4T prometió acabar con la corrupción “de arriba hacia abajo”.
Hoy, el huachicol fiscal revela que el problema no era solo de “neoliberales” o “mafias del poder”.
Estaba, y sigue estando, dentro de casa.
Ahora, reportes recientes señalan que el gobierno estadounidense alista una ofensiva anticorrupción más agresiva: no solo revocaciones, sino posibles acusaciones formales en tribunales federales contra funcionarios y políticos mexicanos por presuntos vínculos con corrupción o crimen organizado.
Trump está casi a nada de llevar a ciertos morenistas o a sus operadores cercanos—a un juicio federal en Estados Unidos, ya sea como acusados o como testigos clave en expedientes que involucran huachicol fiscal, lavado o nexos transnacionales.
El mensaje es claro: el escrutinio ya no se queda en la frontera.
La posibilidad de que información sensible termine en una corte en Houston o Nueva York cambia radicalmente las reglas del juego para el gobierno de Sheinbaum.
En otro flanco, Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, enfrenta una investigación automática de la Secretaría Anticorrupción tras revelarse que su hijo residió varios meses en instalaciones diplomáticas mexicanas en Londres durante la pandemia (2021-2022).
Ebrard lo defiende como una decisión paternal sin abuso de recursos públicos, pero el caso refuerza la narrativa de distancia entre el discurso de austeridad y ciertas percepciones de privilegio.
Más allá de los nombres individuales, Morena lidia con fracturas internas: problemas de cohesión, disputas entre corrientes y roces con aliados como PT y PVEM, según análisis recientes de El País.
Las diferencias ya no se resuelven solo en privado; se filtran y tensionan la estructura, especialmente de cara a los procesos electorales de 2027.
En conjunto, el partido no enfrenta una crisis aislada, sino una acumulación de presiones simultáneas: investigaciones en desarrollo (con o sin sentencia firme), señalamientos mediáticos con respaldo documental, cuestionamientos éticos y ahora una amenaza real de judicialización desde Estados Unidos.
Ninguno de estos casos ha derivado aún en condenas definitivas en México.
Pero en política, la percepción y la narrativa pesan tanto como un fallo judicial.
Y la duda que queda flotando, cada vez más incómoda, es la misma:
¿Se trata de episodios desconectados… o de piezas de un rompecabezas que, con el impulso de Washington, empieza a armarse a la vista de todos?
La detención en Argentina de Farías no es victoria limpia; es recordatorio de que la impunidad tiene patas largas y pasaportes falsos.
Mientras Morena se reconfigura para sobrevivir electoralmente, México espera respuestas concretas: extradiciones rápidas, investigaciones sin cortapisas y, sobre todo, que la ley no distinga entre apellidos ni uniformes.
La transformación real no se mide en cambios de sillas.
Se mide en cuánto duele tocar a los intocables.
El partido gobernante atraviesa un momento de convergencia incómoda donde investigaciones abiertas, reportes periodísticos nacionales e internacionales y tensiones internas se alimentan mutuamente.
Lo que antes parecían casos dispersos comienza a perfilar un escenario de presión acumulada, ahora con un componente trasfronterizo que complica aún más el panorama.
A usted que me escucha y me lee, déjeme decirle algo con claridad:
los grandes partidos no sÓlo se erosionan por escándalos de corrupción o investigaciones internacionales… también se desgastan por actos de soberbia, frivolidad y desprecio cotidiano.
Porque mientras Morena enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con huachicol fiscal, crisis internas y figuras bajo sospecha, también exhibe otra fractura igual de preocupante: la distancia entre sus funcionarios y los ciudadanos, particularmente con los jóvenes.
Y, en Puebla, hay ejemplos que no pueden ignorarse.
Celina Peña y el mensaje detrás de una cancelación
Durante más de mes y medio se organizó formalmente un conversatorio con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla.
No fue improvisado.
No fue casual.
Fue un espacio académico planeado con anticipación para generar diálogo entre jóvenes universitarios, dos Diputadas Federales y una funcionaria federal.
Sin embargo, la subsecretaria federal de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña, decidió cancelar apenas 30 minutos antes del evento.
Sí, treinta minutos antes.
La justificación fue una supuesta “agenda presidencial”.
Pero cuando una cancelación ocurre con ese nivel de desdén, la pregunta inevitable no es sÓlo qué pasó… sino qué prioridad real tienen Puebla y sus jóvenes para una funcionaria que dice representar el desarrollo y la innovación.
Y ahí viene la contradicción que incomoda
Lo verdaderamente llamativo es que, apenas una noche antes, la propia funcionaria se mostraba en redes sociales disfrutando alegremente en la Feria de Puebla, asistiendo al concierto de La Arrolladora.
Y entonces surge una pregunta legítima, inevitable y profundamente incómoda:
¿Fue realmente una cuestión de agenda presidencial… o simplemente la desvelada pesó más que el compromiso con jóvenes universitarios?
Porque cuando alguien tiene tiempo para la fiesta, para la exposición pública y para el espectáculo, pero no para cumplir con estudiantes que organizaron durante semanas un encuentro académico, el problema no parece ser falta de tiempo.
Parece ser falta de seriedad.
Y aquí aparece otro elemento revelador:
Desde el inicio hubo especial cuidado en deslindarse visualmente de Morena, corregir títulos y controlar cuidadosamente la narrativa personal.
Es decir, más interés en cómo se percibe políticamente… que en sostener el diálogo para el que fue convocada.
Eso no habla de compromiso.
Habla de cálculo.
Y cuando el cálculo político pesa más que el respeto institucional, el mensaje es devastador:
Los jóvenes importan menos que la imagen.
El problema de fondo
Este episodio podría parecer menor frente a investigaciones sobre huachicol fiscal, presiones internacionales o señalamientos de narcopolítica.
Pero en realidad refleja algo mucho más profundo: la desconexión creciente entre ciertos cuadros de Morena y la realidad ciudadana.
Porque un movimiento político no sÓlo se mide por sus grandes discursos.
También se mide por sus actos más simples:
- cumplir la palabra,
- respetar tiempos,
- escuchar a los jóvenes,
- y asumir responsabilidades con seriedad.
Morena enfrenta una crisis que no sólo está en expedientes, escándalos o investigaciones.
También está en la soberbia cotidiana.
En la frivolidad.
En la incongruencia.
Porque cuando una funcionaria tiene tiempo para la feria, para el espectáculo y para las redes sociales… pero no para escuchar a estudiantes poblanos, el mensaje es claro:
No es falta de agenda.
Es falta de prioridad.
Y cuando los jóvenes dejan de ser prioridad, lo que está fallando no es un evento… es el proyecto político entero.
Ahora bien, en medio de la soberbia institucional, también es justo reconocer a quienes sí entendieron la importancia del diálogo.
Porque mientras una funcionaria federal decidió cancelar y priorizar su propia agenda por encima de un compromiso adquirido con jóvenes universitarios, hubo dos mujeres que sí demostraron disposición, seriedad y respeto por las nuevas generaciones.
Hablo de Xitlalic Ceja y Genoveva Huerta.
A ustedes, mi reconocimiento.
Gracias por asistir.
Gracias por escuchar.
Gracias por debatir con apertura temas fundamentales para el presente y futuro de nuestro país.
Y, sobre todo, gracias por comprender que formar conciencia política en la juventud no es un acto menor… es una responsabilidad democrática.
También reconozco a la Universidad Iberoamericana Puebla por continuar abriendo estos espacios de reflexión, análisis y participación, donde los jóvenes pueden cuestionar, debatir y construir pensamiento crítico frente a un país que necesita ciudadanos informados, no espectadores pasivos.
Porque al final, la diferencia entre el compromiso real y la simulación política se nota justamente ahí: en quién sí llega, en quién sí escucha, y en quién entiende que la juventud no debe ser utilizada como discurso… sino asumida como prioridad.
Morena enfrenta hoy una prueba mucho más profunda que cualquier reconfiguración interna, relevo partidista o estrategia electoral.
La verdadera prueba está en demostrar si aún conserva la capacidad de sostener con hechos aquello que prometió con discursos.
Porque ningún proyecto político se debilita únicamente por sus escándalos más grandes.
También se fractura en sus pequeñas soberbias, en sus incongruencias cotidianas, y en cada vez que el poder decide escuchar menos.
Hoy las investigaciones, las tensiones internacionales y los señalamientos pesan.
Pero también pesa la frivolidad de quienes olvidan que representar implica cumplir.
Porque la transformación real no se mide por cambiar nombres, cargos o dirigencias.
Se mide por la voluntad de rendir cuentas, tocar a los intocables… y no perder nunca de vista a quienes representan el verdadero futuro del país: sus jóvenes.
Y cuando escuchar a la juventud se vuelve opcional, lo que está en crisis no es solo un partido.
Es la credibilidad misma del poder.
