Por Karina Fernández
Alejandro Armenta Mier aclaró que su gobierno no pretende legalizar los “arrancones” en Puebla, sino trasladarlos de la vía pública a un espacio cerrado -como es el autódromo de Amozoc- para quienes quieran llevar a cabo estas competencias de velocidad.
Señaló que este supuesto forma parte de una serie de mentiras contra su gobierno y el partido Morena al que también señalaron por no cumplir con el objetivo de afiliación, a pesar de que hace unos meses se informó que la meta oficial era de medio millón.
“Nosotros no estamos legalizando los arrancones, pero si alguien quiere jugar carreritas puede usar el autódromo y ahí pueden hacer carreritas y no pasa nada, pero obviamente aquí en Puebla hay dos o tres aliados de la fábrica de mentiras que son parte de ese sistema y tenemos que combatirlo”.
Al respecto, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra reafirmó que la propuesta es trasladar estas carreras a un lugar seguro, reglamentado, con vigilancia y servicios de auxilio.
Esto no implica eliminar las multas -superiores a los 3 mil pesos-, cancelación de licencia de conducir por 10 años y retiro del vehículo a quienes practiquen estas competencias, para las que se desplegarán más operativos a fin de combatirlos.
Agregó que de enero a octubre se registraron cinco accidentes vinculados a arrancones, por lo que fue enfático que Puebla no va a normalizar la velocidad irresponsable por el riesgo que esta representa.
Gobierno no es omiso
Reafirmó que su gobierno no es omiso ni cómplice de nadie, por lo que a quien cometa alguna falta o delito se le aplicará la ley, sin que ello implique algún tipo de persecución.
“No hay indiferencia, combatimos corrupción, atendemos problemas que la gente tiene. No somos omisos, ni somos cómplices ni somos tapadera de nadie ni perseguimos a nadie. Si alguien comete irregularidad en mi administración se le va aplicar la ley”.
(…) Llevamos más de 200 compañeros separados de su responsabilidad por investigaciones de varias administraciones”.
Recordó que su gobierno no tardó en resolver la deuda adquirida por la construcción del Museo Internacional Barroco, que pasadas administraciones dejaron pasar; situación que permitió a los poblanos ahorrar más de 8 mil millones de pesos.
