Por Yasmín Flores Hernández
México 2025: El país del espejismo, entre narcos, mulas, políticos de lujo y contratos blindados
La voz que rompe el silencio en México, la verdad suele filtrarse a cuentagotas. No llega desde los informes oficiales ni desde los discursos llenos de retórica, sino de voces incómodas, esas que se intentan silenciar.
Una de esas voces es la de Ismael “El Mayo” Zambada, el capo que lleva décadas desafiando gobiernos, sobreviviendo guerras y tejiendo pactos.
Su declaración reciente estremeció a muchos: los pactos con políticos siguen siendo la verdadera garantía de impunidad. Lo dice un hombre que ha visto pasar presidentes, secretarios de Estado y partidos enteros que juraban acabar con el crimen.
Y sin embargo, ahí sigue, más fuerte que nunca.
El Mayo no habla por capricho. Habla porque puede.
Porque su palabra es también una advertencia: el poder en México se comparte, se negocia y se reparte entre narcos y políticos.
El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, de 77 años y antiguo líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos durante una audiencia celebrada en una corte federal de Nueva York.
Aceptó dos cargos: conspiración y conducción de una organización criminal para importar y distribuir drogas en territorio estadounidense, bajo la Ley RICO.
Con esta aceptación, la Fiscalía se comprometió a no solicitar la pena de muerte. La decisión se suma a la de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también reconoció las acusaciones en Washington.
El proceso estuvo bajo la supervisión del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a El Chapo y al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Durante la audiencia, Zambada admitió haber traficado toneladas de drogas —marihuana, cocaína, heroína y fentanilo— a lo largo de seis décadas, obteniendo ganancias millonarias.
Reconoció también el “gran daño” causado en México y EE. UU., pidió perdón por la violencia asociada a su organización y aceptó la incautación de 15 mil millones de dólares en bienes y activos, además de enfrentar una condena de cadena perpetua cuya sentencia se dictará el 13 de enero de 2026.
En su declaración, El Mayo hizo un señalamiento que podría tener repercusiones en México: reconoció que su organización fomentó la corrupción pagando a policías, mandos militares y políticos para operar libremente.
Su abogado, Frank Pérez, aclaró que Zambada no colaborará con las autoridades estadounidenses para incriminar a otros, aunque podría obtener beneficios en sus condiciones de reclusión.
El capo también relató que su llegada a Estados Unidos se dio en medio de una traición: acusó a los herederos de El Chapo de haberlo secuestrado en Sinaloa y entregado a Washington, lo que derivó en una violenta guerra interna en el cártel.
La admisión de culpabilidad marca el cierre de una trayectoria criminal de seis décadas, y abre interrogantes sobre el impacto que puedan tener sus palabras en la política y las instituciones mexicanas, a las que señaló como cómplices de su imperio criminal.
La declaración del Mayo Zambada no sólo impacta en México: en Estados Unidos se enmarca en la estrategia electoral de Donald Trump, que busca exhibir mano dura contra el narco y justificar acciones militares extraterritoriales.
Esto nos permite contrastar: EE. UU. sí cobra cuentas (juicios, multas, condenas), mientras en México se sigue normalizando la impunidad de políticos y empresarios aliados del crimen.
Y esa es la raíz de nuestro mal, los políticos coludidos con el narco.
A usted que me escucha y me lee dejeme contarle sobre esos personajes.
El espejismo del poder: políticos de lujo en un país en ruinas.
Mientras la declaración del Mayo circulaba, en redes sociales se viralizaban otras imágenes: funcionarios de Morena en viajes exóticos, hospedados en hoteles de lujo, posando en playas privadas. No eran rumores, eran fotos que ellos mismos compartían en medio de una narrativa oficial de austeridad.
La incongruencia es brutal: un país sumido en la pobreza, donde los jóvenes son reclutados como sicarios o mulas, donde los hospitales carecen de medicamentos, mientras la élite política que prometió “no mentir, no robar, no traicionar” se pasea por islas y resorts de cinco estrellas.
Lo más doloroso es que no se trata de casos aislados. Son síntomas de una cultura política que se repite: el poder no se concibe como servicio público, sino como un pase VIP para disfrutar privilegios que la mayoría de los mexicanos nunca verá.
Y en Puebla, por supuesto, no hay excepción.
Mientras se repite hasta el cansancio el discurso de la austeridad y el “no robar, no mentir, no traicionar”, hay diputadas que desfilan por los antros de moda como The Normal o Casa Soledad exigiendo trato VIP, como si el hecho de ocupar una curul les otorgara automáticamente privilegios de celebridad.
No se trata de un capricho aislado, sino de la radiografía de una clase política que confunde representación popular con vida nocturna. Legisladoras que presumen un trabajo “arduo” en el Congreso, pero que en la práctica dedican más energía a reclamar mesas exclusivas que a construir leyes que beneficien a la ciudadanía.
Y como era de esperarse, la mayoría provienen de Morena, el partido que se presentó como la alternativa moral frente al viejo régimen. Mientras diputadas en Puebla exigen trato VIP en antros, el ciudadano común enfrenta aumentos en la canasta básica, precariedad laboral y un sistema de justicia que lo encierra por delitos fabricados.
El contraste es brutal: de día hablan de pueblo y austeridad; de noche viven en el espejismo del privilegio y el lujo, para luego quejarse en redes sociales de no dormir, lo que les falta decir es que no es por el trabajo para el que fueron contratas, si por andar de borrachas en antros que literalmente son para chavos.
Ridículas…
En Puebla, como en todo el país, la doble moral se exhibe sin pudor: los discursos se llenan de promesas de cambio, pero la práctica revela que lo único que ha cambiado es el color de la boleta, no la forma de ejercer el poder.
Pero la corrupción no se mide sólo en viajes o privilegios. Hoy, el crimen organizado encontró en el sistema financiero mexicano un aliado involuntario pero eficaz: las mulas bancarias.
El esquema es sencillo: jóvenes, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad son reclutados para abrir cuentas y recibir transferencias.
A cambio, se les ofrece una comisión rápida. El dinero fluye de un lado a otro, se dispersa, se maquilla, hasta que aparece como legal.
Este modelo, ya detectado en Europa y Estados Unidos, se expande en México a gran velocidad.
Y lo más alarmante es que los bancos lo permiten, ya sea por omisión o por complicidad.
El crimen organizado no necesita grandes operaciones financieras: le basta con cientos de cuentas pequeñas moviendo dinero todos los días.
El resultado es doble: el narco se blinda en los circuitos legales y ciudadanos comunes se convierten en engranes del lavado, sin entender del todo que participan en un delito. El sistema bancario, lejos de ser un muro de contención, se ha convertido en un colador por donde pasa la economía criminal.
El negocio del narcotráfico en México sigue moviendo más de 35 mil millones de dólares al año, y buena parte entra al sistema financiero a través de mulas y empresas fachada.
¿Que tal?
Pero ahora es momento de tocar, un tema mas, la prisión preventiva oficiosa: la injusticia legalizada.
En este panorama de corrupción financiera y política, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa adquiere un sentido macabro.
Mientras se encarcela sin juicio a miles de mexicanos, la mayoría pobres, acusados de delitos menores o fabricados, los grandes beneficiarios del crimen organizado y la corrupción política siguen intocables.
El discurso oficial sostiene que sin la prisión preventiva los delincuentes saldrían libres. Pero la realidad es que este mecanismo se ha convertido en una herramienta de castigo anticipado que perpetúa la desigualdad ante la ley.
Los que no tienen dinero ni influencias se pudren años en celdas por acusaciones endebles. Los que lavan millones, viajan en primera clase o triangulan contratos blindados, siguen en libertad, blindados por pactos y complicidades.
La prisión preventiva oficiosa no es justicia: es una coartada del Estado para justificar su incapacidad real de investigar y sancionar a los verdaderos responsables.
Podemos subrayar que más del 40% de la población penitenciaria en México está en prisión preventiva, muchos sin sentencia.
Esa cifra se convierte en un espejo: inocentes encerrados, culpables en libertad y políticos blindados por privilegios.
Por favor permitame darle un ejemplo de impunidad.
MARGOLIS y LA 4T EN PUEBLA
Todo este entramado se concentra en un nombre que, aunque parezca distante, refleja la esencia del sistema: Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, el empresario de blindajes conocido como el “Golem”.
En agosto de 2025, Estados Unidos le cerró la puerta: le revocaron la visa por lavado de dinero y triangulación de activos a través de Epel LLC, una empresa registrada en Florida. Mientras en Washington lo señalan como sospechoso, en México sus contratos siguen intocados.
Su empresa Blindajes EPEL, S.A. de C.V. recibió más de 445 millones de pesos en contratos públicos entre 2019 y 2024, de dependencias como la SSPC, el Banco de México, el CJF y la FGR. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz también lo contrataron.
Y Puebla no se quedó atrás:en 2013 el Gobierno del Estado le asigno una licitación por 34 millones de pesos, en 2021, el Ayuntamiento registró adjudicaciones a Epel, S.A. de C.V. (RFC EPE870704993).
Tlaxcala, en cambio, ofrece una historia todavía más escandalosa: el contrato por 56 millones de pesos para camionetas Suburban blindadas, reportado en Transparencia como adjudicado a EPEL, en realidad benefició a Cha Cha Producciones, S.A. de C.V., una empresa fantasma con un catálogo absurdo que va desde cobijas hasta autos de lujo.
Lo interesante del caso es que fue una empresa consentida del los ex gobernador luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Esta empresa, representada legalmente y administrada por Alberto Arturo Serrano Manjarrez, logró entre 2021 y 2022 al menos 17 contratos millonarios.
Lo llamativo es la diversidad de giros que cubría: desde el suministro de vehículos y flotillas para distintas dependencias, hasta la entrega de cobijas y despensas para el DIF Estatal, pasando por uniformes y prendas de protección para trabajadores de los Servicios de Salud.
Entre las dependencias beneficiarias figuraron las secretarías de Administración, Bienestar, Cultura, Gobernación, Igualdad Sustantiva, Medio Ambiente, Movilidad y Transporte, Salud y Turismo, así como la Agencia de Energía, la Coordinación de Comunicación, la Consejería Jurídica, la Corporación Auxiliar de Policía y Protección Ciudadana y el Issstep. La mayoría de los contratos se otorgaron mediante adjudicaciones directas o concursos restringidos.
Algunos casos destacan por sus montos: la compra de 80 mil cobijas para el DIF por 7 millones 52 mil pesos, la adquisición de uniformes y equipo de seguridad para los Servicios de Salud por 21 millones 30 mil pesos, y una compra consolidada de vehículos para varias dependencias por 8 millones 971 mil pesos.
El domicilio fiscal de Cha Cha Producciones se encuentra en un inmueble de tres pisos en la colonia Granjas de San Antonio, alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La planta baja está ocupada por una clínica dental; la oficina de la empresa es apenas un espacio reducido dentro del mismo edificio.
Resulta difícil de creer que una compañía con un nombre como Cha Cha Producciones, que recibió decenas de millones de pesos durante los gobiernos pasados, opere desde una oficina tan modesta.
¿De verdad la entonces secretaria de la Función Pública y despúes titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, nunca tuvo conocimiento de los millonarios contratos que esta comercializadora obtuvo mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas?
Regresando a Tlaxcala, el contrato fue aprobado sin licitación, a petición de Maximino Hernández Pulido, secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con una carta de “confidencialidad” incluida.
El Golem no sólo blindó autos: blindó la corrupción, que obtuvo con contratos en la federación, en los estados y los municipios (Puebla y Tlaxcala incluidos), mientras en EE.UU. le cancelan la visa por lavado.
Tlaxcala como caso paradigmático: EPEL en transparencia, Cha Cha Producciones en la realidad, con carta de confidencialidad incluida
Conectar este dato con los contratos millonarios de EPEL muestra cómo las economías legal e ilegal se entrelazan: narcos, bancos y políticos forman parte de la misma cadena.
Un mismo hilo: crimen, poder y corrupción
Si juntamos todas estas piezas, el panorama es claro:
- El Mayo Zambada recuerda que el poder político y el narco caminan juntos.
- Los políticos de Morena exhiben viajes exóticos mientras predican austeridad.
- Las mulas financieras expanden el lavado de dinero en el sistema bancario.
- La prisión preventiva oficiosa encarcela a inocentes mientras los culpables gozan de impunidad.
- Margolis y sus empresas blindan contratos en estados y municipios con total normalidad.
No son historias separadas.
Son capítulos de un mismo libro: el de un país donde la corrupción no es excepción, sino regla.
México vive atrapado en un espejo. En ese reflejo vemos a un capo que habla como estadista, a políticos que viajan como jeques, a bancos que lavan dinero disfrazado de transferencias mínimas, a inocentes que viven en prisión preventiva, y a empresarios que facturan millones en blindajes mientras se les cancela la visa en Estados Unidos .
Ese espejo nos devuelve la misma imagen una y otra vez: impunidad blindada.
Romperlo implica asumir que no habrá justicia mientras el crimen y el poder sean socios. Que la austeridad es un engaño mientras los viajes de lujo sigan siendo el pasatiempo de los gobernantes.
Que el sistema bancario es cómplice mientras tolere mulas financieras.
Y que la justicia seguirá siendo injusta mientras encarcele pobres y proteja millonarios.
Margolis es sólo un nombre.
El Golem es sólo un símbolo.
Pero detrás de él se esconde el país entero: un México donde el blindaje no protege a los ciudadanos, sino a la corrupción misma.
México vive un espejismo donde se habla de austeridad y combate al narco, pero se normaliza la impunidad desde el antro local hasta la corte internacional.
