Por Yasmín Flores
En México, el poder ya no grita: se oculta.
No desaparece con balas, sino con sellos.
La nueva arma del Estado no es el Ejército, ni la Guardia Nacional, es el dato protegido.
Ese que encubre contratos, oculta nombres, silencia crímenes y entierra la memoria.
Ese que, bajo la bandera de la “seguridad nacional”, le da impunidad a los de arriba y desinformación a los de abajo.
Porque el problema ya no es solo lo que se hace mal, sino todo lo que no se deja ver.
Hoy vivimos bajo un gobierno que protege los datos del crimen, pero vigila hasta los suspiros del ciudadano.
El mismo que clasifica expedientes sobre Ayotzinapa, Pegasus, Tren Maya y militares, es el que quiere imponer una CURP biométrica, espiar activistas, y dejar sin voz a las instituciones autónomas.
El “dato protegido” no protege a México.
Protege al poder que lo traiciona y con esto se da el silencio que gobierna.
El gobierno de la “transformación” ha perfeccionado un nuevo idioma: uno donde la censura se viste de legalidad, y la opacidad se llama “seguridad nacional”.
Cada vez que un periodista, un activista o un ciudadano exige respuestas, se topa con el mismo muro:
“Esa información está clasificada.”
“Ese dato es reservado por seguridad nacional.”
“Ese expediente está protegido.”
Y así, bajo ese lenguaje neutro, aséptico y técnico, se han ocultado los expedientes más oscuros de esta administración:
- Las bitácoras de vuelo del Ejército en operativos donde hubo muertos.
- Los contratos del Tren Maya con empresas de los propios militares.
- Las órdenes de espionaje con Pegasus desde la Sedena.
- Los informes de inteligencia sobre el CJNG en Tabasco.
Todo eso, protegido.
Pero no por ética.
Por conveniencia.
En nombre de la “seguridad nacional”, se clasifica lo que debe ser investigado, se encubre lo que debería ser juzgado, y se archiva lo que debería ser denunciado.
Porque cuando todo es secreto, ya no hay responsabilidad.
Y cuando todo es clasificado, ya no hay verdad.
Pero a todo esto:
¿Qué es el “dato protegido”?
El término “dato protegido” es el nuevo eufemismo de la 4T para encubrir la opacidad gubernamental. Bajo la bandera de la “seguridad nacional”, se declara como “clasificados” expedientes que deberían ser públicos:
- Concesiones, contratos, expedientes loSAR (Ayotzinapa, Pegasus, Santa Lucía, Tren Maya, Sedena).
- Información sobre espionaje, ciberoperaciones, contrataciones militares.
- Líneas de investigación vinculadas al crimen organizado—como la red del “Comandante H”.
Este silencio no protege a la nación… protege a los poderosos.
Ahora bien dejeme decirle que el gobierno que prometió abrir los archivos del pasado, hoy entierra los del presente.
El caso Ayotzinapa fue bandera de campaña.
Prometieron verdad, justicia, castigo.
Pero hoy los expedientes clave están bajo reserva.
Las declaraciones de militares involucrados, los mensajes interceptados, los informes de inteligencia: todos sellados por “seguridad nacional.”
Lo mismo ocurre con Pegasus, el software de espionaje ilegal.
La Fiscalía General de la República se ha negado a entregar información completa sobre su uso.
La Sedena —la misma que fue exhibida en los correos hackeados por Guacamaya—
clasificó los contratos y operaciones de vigilancia.
Y el INAI, que podría exigir transparencia, fue neutralizado.
¿Quién espió?
¿A quién?
¿Por qué?
Silencio…
El Tren Maya, el megaproyecto más emblemático del sexenio, es también el más oculto.
Los contratos adjudicados sin licitación, las denuncias por devastación ambiental,
y los sobrecostos multimillonarios, fueron clasificados por decreto presidencial.
¿El motivo?
Seguridad nacional.
¿El efecto?
Impunidad con sello oficial.
Y así ocurre también con:
- La base militar de Santa Lucía.
- Las operaciones del Ejército en el Culiacanazo.
- Las investigaciones internas sobre abusos cometidos por la Guardia Nacional.
En todos los casos, la opacidad no es excepción: es política de Estado.
Pero lo más grave es lo que no se dice: la información sobre redes criminales dentro del aparato gubernamental —como las que protegieron a Hernán Bermúdez en Tabasco— también está enterrada en archivos a los que nadie puede acceder.
No es casualidad.
Es diseño.
Porque mientras el poder se protege con el “dato clasificado”, el pueblo queda huérfano de verdad.
El Estado es sin duda alguna el que espía al pueblo y protege al crimen.
Mientras el gobierno pone candado a los expedientes de militares, criminales y contratistas, abre de par en par las puertas a la vigilancia digital de los ciudadanos.
Hoy en México, el espionaje ya no es una excepción.
Es una política sistemática.
Y no lo decimos nosotros.
Lo reveló el hackeo masivo a la Sedena realizado por el colectivo Guacamaya en 2022: correos internos, bitácoras y archivos confirmaron que el Ejército espió a:
- Periodistas críticos.
- Defensores de derechos humanos.
- Mujeres activistas.
- Padres y madres de Ayotzinapa.
Se utilizaron sistemas como Pegasus, el malware israelí que convierte un celular en un micrófono, una cámara y una trampa.
El espionaje no se dirigió contra el narco.
Se dirigió contra la disidencia.
Y en lugar de castigar a los responsables, el gobierno decidió proteger los archivos, clasificar los contratos, y enterrar toda responsabilidad bajo la alfombra de la “seguridad nacional.”
Pero eso no fue todo.
En 2024 y 2025, Morena impulsó la Ley Federal de Ciberseguridad, que otorga facultades extraordinarias al gobierno y al Ejército para recolectar, almacenar y analizar datos personales sin supervisión judicial.
- CURP biométrica obligatoria.
- Geolocalización en tiempo real.
- Acceso a registros fiscales, bancarios y de telecomunicaciones.
- Todo sin orden de juez.
Una arquitectura digital para vigilar sin límites.
Una legalización del espionaje ciudadano… mientras los datos del poder siguen protegidos.
Hoy, en México, se vive la paradoja perfecta:
- El criminal tiene su expediente cerrado.
- El ciudadano, su vida abierta en un servidor del gobierno.
Así como se blindan los nombres de los cómplices del caso Ayotzinapa, se rastrea cada paso de una activista en Chiapas.
Así como se ocultan los contratos de Sedena en el Tren Maya, se espía a los periodistas que investigan la obra.
El Estado no quiere ciudadanos informados, quiere ciudadanos controlados.
A usted que me escucha y me lee dejeme decirle sobre los casos que el gobierno encierra bajo llave
La opacidad no es una excepción. Es una costumbre institucional.
En este bloque, le presento algunos de los casos paradigmáticos que hoy están clasificados como “dato protegido” por el gobierno federal. Todos tienen algo en común: implican a militares, corrupción, crimen organizado o megaproyectos multimillonarios.
Mientras tanto, el ciudadano común no puede proteger ni su privacidad digital.
Caso qué se oculta bajo qué argumento:
Ayotzinapa
Declaraciones de militares; documentos internos; informes del GIEI.
Seguridad nacional Pegasus Contratos con NSO Group; bitácoras de espionaje; usuarios del malware. Clasificado por Sedena y FGR.
Sedena hackeada: Correo sobre el Culiacanazo; planes de intervención; espionaje a periodistas. Parte se filtró; el resto, sellado.
Tren Maya Contratos con Sedena y privados; estudios de impacto ambiental.
Decreto presidencial de 2021
Santa Lucía Presupuesto real; convenios militares; empresas fantasma. Clasificado como instalación militar.
Dos Bocas Contratos adjudicados sin licitación; sobrecostos; denuncias de corrupción.
Expedientes no públicos: Hernán Bermúdez. Informes sobre vínculos con CJNG; órdenes de investigación; red de protección. Ninguna dependencia ha transparentado nada.
En todos estos casos, la narrativa es la misma:
“No se puede entregar la información porque compromete la seguridad del país.”
Pero la verdadera pregunta es:
¿Qué país están protegiendo?
¿El de las víctimas… o el de los cómplices?
Porque mientras estos datos están sellados, los ciudadanos enfrentan:
- CURP biométrica obligatoria.
- Bases de datos compartidas entre Hacienda, Sedena, Guardia Nacional.
- Cero control judicial sobre su vigilancia.
- Pérdida total de privacidad digital.
Hoy, en México, el poder se protege con “datos reservados” y el pueblo se expone con “vigilancia legalizada.”
Y esa asimetría es el corazón de un narcoestado moderno: uno donde el crimen no necesita esconderse, porque el Estado ya lo oculta por decreto.
¿Cómo es posible que si usted o yo cometemos un error, se nos vengan encima con todo el peso del Estado… y cuando el poder huele a crimen, lo protegen con la ley en la mano?
Piénselo: usted deposita una cantidad inusual en su cuenta, ¡y al día siguiente tiene al SAT tocando a su puerta!
Se retrasa con un pago, y le congelan el acceso a sus fondos.
Publica una denuncia en redes, y de pronto lo rastrean, lo amedrentan, lo silencian.
Ahora compárelo con esto:
Andrea Chávez, diputada federal y operadora de la 4T, realiza costosas “jornadas del bienestar” en Chihuahua y distribuye recursos, enseres, servicios médicos, e incluso despensas sin que exista claridad sobre de dónde sale el dinero.
¿Recursos públicos?
¿Aportaciones privadas?
¿Dinero del narco?
Nadie lo sabe.
Y peor aún: nadie se atreve a preguntarlo en voz alta desde las instituciones.
No hay auditoría, no hay investigación, no hay transparencia.
Sólo espectáculo, propaganda y silencio institucional.
Pero usted, si no logra aclarar una transacción de $100, 000 pesos,
lo fichan, lo congelan o lo citan a declarar.
¿Qué clase de país permite que a los ciudadanos se les exija todo, y a los políticos no se les pregunte nada?
Estamos en un Estado de indefensión legal y moral.
Donde los honestos son vigilados… y los corruptos aplaudidos en plaza pública.
Y si no me cree, pregúntele a los Gali, a los Mora, a los Rivera Vivanco, a los Riestra… o mejor aún a quien mueve los hilos del cómite estatal del PAN: Jorge Aguilar Chedraui.
Su servidora tiene una USB con información suficiente para cimbrar a más de uno.
Datos precisos sobre la traingulación de recursos en tiempos de Moreno Valle.
Dinero público que terminó en Veracruz… y más alla, hasta las Islas Caimán.
Pero bueno ese es otro tema, que pronto se le narraré.
Continuemos…
Y aún así, nos dicen que el “dato protegido” es por nuestra seguridad.
¿Seguridad de quién?
Porque está claro que lo que protege no es al pueblo… sino al poder que lo traiciona.
Y al final los ciudadanos nos quedamos desnudos y los criminales blindados.
Un país no se sostiene en la oscuridad.
Una democracia no sobrevive entre carpetas selladas.
Y un pueblo no puede confiar en un gobierno que le oculta todo, menos su vigilancia.
Nos han hecho creer que el “dato protegido” es por nuestro bien.
Que clasificar información es garantizar la seguridad nacional.
Que sellar contratos, borrar nombres y ocultar cifras es necesario para protegernos…
Pero la verdad es otra: nos están protegiendo del derecho a saber.
Nos están alejando del derecho a decidir.
Porque no puede haber libertad donde hay ignorancia impuesta.
No puede haber justicia donde la información es privilegio.
Y no puede haber transformación donde el silencio es política de Estado.
¿Qué protege el “dato protegido”?
- Protege a los militares involucrados en desapariciones.
- Protege a los funcionarios que pactaron con el crimen organizado.
- Protege a los operadores financieros de campañas dudosas.
- Protege a quienes, como Andrea Chávez, reparten recursos sin aclarar origen.
- Protege a quienes espían periodistas pero callan cuando se les exige rendir cuentas.
Y mientras tanto, el ciudadano queda desnudo ante el Estado:su rostro en una base biométrica, sus movimientos rastreados, sus datos fiscales compartidos, sus opiniones vigiladas en redes sociales.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Pasamos de exigir verdad a aceptar decretos.
Pasamos de denunciar impunidad a normalizar la censura.
Pasamos de buscar justicia a temer preguntar.
Y en ese tránsito, el poder se acomodó.
Aprendió que si clasifica, no explica.
Si reserva, no responde.
Y si controla, no rinde cuentas.
Ese es el país que nos están dejando:
uno donde todo lo que duele es secreto… y todo lo que vigila es legal.
¿Hasta cuándo vamos a aceptar vivir así?
¿Hasta cuándo el silencio va a ser ley?
¿Hasta cuándo vamos a tener que leer entre líneas lo que debería estar en la primera plana?
¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan diciendo qué saber, qué ignorar, a quién temer?
Porque si no rompemos esa lógica, si no enfrentamos el “dato protegido” como lo que es —una estrategia de impunidad institucionalizada—entonces estamos condenados a vivir en una democracia de utilería.
Una democracia que se dice libre,pero que no permite ver lo que el poder hace cuando nadie lo observa.
Como verá usted que me escucha y me lee en México, el concepto de “dato protegido” ha dejado de ser una herramienta para salvaguardar la intimidad de las personas y se ha convertido, peligrosamente, en un escudo institucional para encubrir a los poderosos, silenciar la crítica y reprimir la participación ciudadana.
Lo que debería ser una garantía de respeto a la privacidad, hoy se utiliza para oscurecer la rendición de cuentas, bloquear el debate público y castigar la disidencia, especialmente cuando esta incomoda al poder.
Uno de los ejemplos más inquietantes de esta perversión del lenguaje jurídico ocurrió recientemente con la diputada federal Diana Karina Barreras, quien denunció a una ciudadana, Karla Estrella Murrieta, por un mensaje en redes sociales.
En su tuit, Karla cuestionaba la trayectoria política de la legisladora sugiriendo que sus logros se debían a su vínculo sentimental con un hombre. Sin contener insultos, amenazas ni lenguaje violento, la publicación fue interpretada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como violencia política de género.
La sanción fue tan desproporcionada como simbólica: el tribunal ordenó que Karla ofreciera disculpas públicas diariamente durante 30 días, en un acto que más parecía un castigo ejemplar que una medida de reparación.
Pero lo más insólito fue que, durante dichas disculpas, Karla tuvo que referirse a la diputada como “dato protegido”, como si mencionar el nombre de una figura pública implicara poner en riesgo la seguridad nacional. Así, mientras se exigía una humillación pública, el nombre de quien detentaba el poder era ocultado bajo un eufemismo jurídico.
Este episodio no sólo desató indignación nacional; evidenció cómo el “dato protegido” está siendo utilizado para blindar a funcionarios públicos de la crítica, distorsionando su propósito original.
Se protege al poder, no a la ciudadanía. Se invisibiliza al agresor y se expone al disidente. Incluso la propia diputada terminó solicitando que se suspendiera el castigo, reconociendo que el agravio había sido saldado.
Pero el daño ya estaba hecho: la justicia electoral había cruzado el umbral del autoritarismo simbólico.
Este tipo de censura institucional no es un hecho aislado ni casual.
En Puebla, el uso del derecho como instrumento de intimidación ha llegado aún más lejos. El abogado Raúl Andrade Osorio, conocido por haber promovido los primeros amparos contra la Ley de Ciberasedio, fue recientemente detenido por agentes de la fiscalía, acusado de amenazas, lesiones y sustracción de menor. Su “delito”: intervenir en defensa de una mujer que era agredida por un funcionario. Aunque las autoridades afirman que su detención no está relacionada con su activismo, las circunstancias del proceso —demoras, bloqueo de comunicación, defensora impuesta— apuntan a un patrón de criminalización del disenso.
La llamada Ley de Ciberasedio, impulsada en Puebla como parte de una supuesta agenda de protección digital, ha sido severamente cuestionada por organizaciones como Artículo 19, que advierten sobre su redacción ambigua y su potencial para ser utilizada como instrumento de persecución política.
La norma castiga con cárcel y multas a quienes, de forma reiterada, emitan mensajes considerados ofensivos en redes sociales. En teoría, busca prevenir la violencia digital.
En la práctica, se ha convertido en una ley mordaza que castiga la crítica, protege la impunidad y entrega al Estado una peligrosa capacidad de censura.
La detención de Andrade no es solo un atropello contra un abogado: es una advertencia al resto de la sociedad. Un mensaje velado —o no tanto— de que cuestionar al poder puede costarte la libertad.
Que ejercer el derecho, incluso como defensor legal, puede convertirse en un motivo de persecución. Que denunciar una ley inconstitucional puede ponerte en la mira del sistema que pretende protegerla.
Lo que une ambos casos —el de la ciudadana sancionada por opinar, y el del abogado detenido por defender— es un mismo hilo conductor: la construcción de un aparato legal al servicio del poder y en contra del ciudadano.
Se blindan nombres, se fabrican delitos, se castiga la crítica, se institucionaliza el silencio. La democracia se convierte en una fachada; el estado de derecho, en una herramienta de represión selectiva.
Porque cuando un país comienza a clasificar la verdad como “dato protegido”, a criminalizar el pensamiento crítico como “acoso digital” y a premiar el servilismo con fuero, ya no estamos hablando de legalidad: estamos hablando de un sistema de simulación y control.
La justicia pierde sentido cuando se convierte en espectáculo de humillación o en instrumento de venganza política. La libertad de expresión deja de existir cuando el miedo a opinar se impone al derecho a disentir. Y la privacidad se convierte en censura cuando se usa para encubrir a quienes deberían rendir cuentas.
Exponer la verdad no es un delito. Defender a quien la dice, tampoco. Pero en este país, cada vez parece más necesario recordarlo.
El dato protegido no protege a México.
Protege al crimen que se vistió de gobierno.
Protege al gobierno que se disfrazó de esperanza.
Protege a la esperanza que se convirtió en simulación.
Y si no alzamos la voz, si no exigimos saber,si no reclamamos el derecho a mirar de frente lo que nos quieren esconder…
Entonces seremos un país que eligió vivir con los ojos cerrados, mientras el poder nos mira a todos desde las sombras.
