Por Yasmín Flores Hernández
La ficha roja de Interpol no es para cualquiera. Es para criminales de alto perfil, con redes que cruzan fronteras, con el poder suficiente para corromper estructuras y evadir la justicia.
En México, cuando el poder y el crimen se entrelazan, ya no hablamos sólo de corrupción. Hablamos de gobernanza criminal. De un sistema que ya no combate al narco, sino que lo absorbe, protege y convierte en parte del Estado.
Hoy, una de esas fichas internacionales lleva el nombre de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Prófugo. Y hasta hace poco, uno de los hombres de mayor confianza de Adán Augusto López Hernández.
El caso Bermúdez no es un accidente. Es una evidencia brutal de que la llamada Cuarta Transformación no ha roto con el narcoestado: lo ha heredado, reciclado y normalizado.
Y aunque hoy algunos intentan deslindarse —entre ellos el propio senador Adán Augusto López— lo cierto es que la herencia criminal no se lava con una declaración pública. No basta con decir “estoy a disposición de las autoridades” cuando esas mismas autoridades lo supieron, lo permitieron y, probablemente, lo encubrieron.
Este texto no es sólo una denuncia. Es un espejo, porque el país que toleró a García Luna hoy repite la historia con nuevos nombres, otros colores, pero la misma red de impunidad.
¿Quién era Hernán Bermúdez Requena?
El hombre, el mando, el operador
Bermúdez Requena no fue un improvisado. Su carrera comenzó en las corporaciones policiales de Tabasco y escaló rápidamente gracias a su cercanía con grupos de poder. En 2019, fue nombrado secretario de Seguridad Pública por Adán Augusto López, entonces gobernador del estado.
Desde ese cargo, Bermúdez acumuló poder, influencia y control presupuestario, pero también, según reportes de inteligencia, tejió una relación directa con “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a:
- El huachicoleo en la región de Dos Bocas.
- La extorsión sistemática a empresarios locales.
- La desaparición de opositores políticos o incómodos.
- Y la protección institucional a líderes criminales del CJNG.
La impunidad con la que operaba era tan descarada que muchos policías municipales lo consideraban intocable. Sus órdenes se ejecutaban sin objeción. Su autoridad superaba incluso a la del fiscal estatal.
¿Cómo llegó tan lejos?
Con respaldo.
Con omisión.
Con una red de protección política, institucional y criminal que lo mantuvo blindado durante años.
El llamado “hombre fuerte” de Tabasco.
Durante más de una década, Hernán Bermúdez fue visto como el “hombre fuerte” del aparato de seguridad en Tabasco. Funcionarios, policías y hasta periodistas locales lo conocían como “El Comandante H”.
Para unos, era el mando duro que imponía orden. Para otros —los que conocían los sótanos del poder— era el operador de un sistema de control violento, jerárquico, y profundamente infiltrado por el crimen organizado.
Conocía el terreno. Conocía las rutas. Sabía cómo funcionaban las fiscalías, los retenes, las aduanas, los contratos de seguridad y los pactos que garantizaban impunidad.
Era más que un secretario: era el arquitecto operativo del control territorial.
La Barredora era su brazo armado con respaldo oficial.
A usted que me escucha y me lee, déjeme contarle sobre “La Barredora”, esa célula criminal con presencia en La Chontalpa, justo donde opera la refinería de Dos Bocas.
Este grupo ha sido señalado por:
- Operar tomas clandestinas de combustible en terrenos bajo vigilancia oficial.
- Extorsionar a contratistas durante la construcción de la refinería.
- Ejercer control social mediante desapariciones forzadas y ejecuciones.
- Cobrar piso en municipios como Paraíso, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco.
Según fuentes de inteligencia citadas por medios nacionales, La Barredora operaba bajo protección directa del aparato estatal. Bermúdez no sólo conocía sus movimientos: los facilitaba. Les entregaba información operativa, les daba cobertura institucional y bloqueaba cualquier intento de investigación desde adentro.
Por eso su apodo era más que un alias:
“El Comandante H” era quien limpiaba el camino al crimen.
Era la corrupción detrás del uniforme.
Durante sus años como secretario, Bermúdez acumuló un poder que superaba lo institucional. Ordenaba cambios de mandos sin consultar al Congreso.
Reprimía protestas sin protocolos. Su figura estaba blindada desde el despacho del gobernador.
Nadie lo tocaba. Nadie lo cuestionaba.
Y ningún periodista local se atrevía a investigarlo… hasta que fue demasiado tarde.
Cuando Adán Augusto López fue nombrado secretario de Gobernación a nivel federal en 2021, Bermúdez se quedó en Tabasco. No fue un accidente. Fue el garante de control político territorial.
Durante 2022 y 2023, diversas ONG documentaron:
- Abusos de autoridad.
- Detenciones arbitrarias.
- Desapariciones forzadas.
- Y represalias contra denunciantes.
Incluso se reportó una “base paralela” en Comalcalco, desde donde operaban patrullajes fuera de registro, sin bitácoras y con vehículos sin placas.
Esto no era simple corrupción.
Era crimen desde el poder.
¿Quién lo protegía?
El blindaje de Bermúdez no se explica sólo por su cercanía con Adán Augusto.
Fuentes de inteligencia apuntan a una red de complicidades que incluía:
- Altos mandos de la fiscalía estatal.
- Empresarios beneficiados con contratos de seguridad.
- Exfuncionarios federales con vínculos en la Secretaría de Marina.
- Operadores financieros encargados de canalizar sobornos y pagos.
Bermúdez era el nodo operativo.
Pero el sistema era mucho más amplio.
Su fuga no es una ruptura. Es la confirmación de que la red sigue viva.
La alerta que nadie quiso escuchar fue en 2023, un informe reservado de inteligencia federal alertó sobre la infiltración del CJNG en estructuras de seguridad en el sureste. Tabasco era uno de los focos rojos. El nombre de Bermúdez estaba ahí.
¿Y qué pasó?
Nada.
No hubo auditorías.
No hubo investigaciones.
No hubo sanciones.
Solo una “renuncia voluntaria” en enero de 2024.
Una salida pactada. Una retirada silenciosa.
Y días después… la fuga.
Un final escrito desde el principio
La huida de Hernán Bermúdez no fue sorpresa. Fue el desenlace lógico de una historia que nunca intentó ocultarse del todo.
Una historia en la que los buenos callaron, los malos gobernaron y el crimen aplaudió.
Hoy se especula sobre su muerte en Panamá. Pero hasta ahora, no hay cuerpo, no hay acta, ni confirmación oficial.
Lo único confirmado es lo de siempre:
No hay justicia.
No hay castigo.
Sólo silencio… y declaraciones tardías.
Ahora bien, para poder entender todo lo anterior, hablemos de Adán Augusto López: el hombre que sostuvo al Comandante H
Cuando se analiza el ascenso y blindaje de Hernán Bermúdez Requena, hay un nombre que aparece desde el inicio hasta el final: Adán Augusto López Hernández.
El exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y hoy senador de la República, fue quien colocó, sostuvo y defendió a Bermúdez durante años, incluso cuando ya existían señales claras de infiltración criminal en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En 2019, Adán lo designó como secretario de Seguridad con el argumento de “experiencia y eficacia”. Lo que no se dijo públicamente, pero todos sabían en el aparato político tabasqueño, es que Bermúdez era el hombre de confianza para mantener el control territorial del estado —y, sobre todo, garantizar la operación sin sobresaltos en regiones clave como La Chontalpa y Dos Bocas.
Y ahí nacio un pacto de poder
Durante el sexenio de Adán en Tabasco, Bermúdez actuó con absoluta autonomía.
Su poder no solo era tolerado: era respaldado desde el más alto nivel.
- Ninguna denuncia avanzó.
- Ningún informe interno derivó en auditorías.
- Ningún señalamiento derivó en una investigación formal.
Al contrario, cuando voces críticas intentaron advertir de las irregularidades —ONGs, académicos, incluso algunos regidores locales—, la respuesta fue el silencio institucional o la represión encubierta.
Adán Augusto convirtió a Bermúdez en su escudo y su operador, confiando en él para mantener una estabilidad política que se sostenía con pactos y omisiones.
El silencio que dice más que mil palabras
Cuando en febrero de 2025 se emitió la orden de aprehensión contra Bermúdez y la ficha roja de Interpol fue activada, Adán guardó silencio.
Durante días evitó cualquier posicionamiento público. Los reporteros en el Senado que intentaban preguntarle, recibían evasivas. Su equipo no daba declaraciones. El círculo de Morena lo protegía.
Sólo hoy, ante la presión mediática y el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró que “sería pertinente que diera su versión”, Adán se animó a hablar.
Pero lo que dijo fue casi un insulto a la inteligencia pública:
“Estoy a disposición de cualquier autoridad que me requiera”.
No negó los vínculos. No explicó las omisiones. No ofreció colaboración real. Solo una frase vacía que busca apagar el fuego con burocracia.
Y mientras tanto, Bermúdez seguía prófugo.
O quizás muerto.
Pero en ambos escenarios: fuera del alcance de la justicia.
Pero hay un engranaje más en todo esto:
¿acaso el dinero del narco ha financiado a los afiles de Adan Augusto’
¿Y qué pasa con Andrea Chávez?
La sombra de Adán no termina en Tabasco. Se extiende hasta Chihuahua, donde su protegida política, la senadora Andrea Chávez, enfrenta hoy señalamientos por uso de recursos de procedencia ilícita en su operación electoral.
La conexión entre Bermúdez y Andrea pasa por Adán. Él es el puente entre el operador criminal y la joven política en ascenso.
Y por eso, las denuncias del PAN en su contra no son simples ataques electorales. Son alertas sobre cómo el poder criminal en Tabasco puede haber financiado estructuras de Morena en otras entidades.
Adán no sólo tiene que dar su versión.
Tiene que responder por:
- La designación y protección de Bermúdez.
- La red de encubrimiento institucional.
- Y el posible uso de recursos del narco en campañas de su círculo político cercano.
De protector político a cómplice por omisión
El caso Adán-Bermúdez marca una nueva etapa en la narrativa del narcoestado mexicano: ya no se trata solo de funcionarios infiltrados, sino de altos cuadros políticos que blindan a criminales con investidura, presupuesto y reconocimiento institucional.
Lo que hizo Calderón con García Luna, Adán lo repitió con Bermúdez. Y quizá por eso el silencio es tan largo…porque explicar esa relación, es desmontar toda la narrativa de pureza y transformación que Morena quiere vender.
García Luna y Bermúdez: distintas banderas, misma podredumbre
Durante años, Genaro García Luna fue el emblema más oscuro del calderonismo. El arquitecto del combate al narco desde el gobierno federal, el estratega detrás de los operativos más violentos del sexenio de Felipe Calderón, y —como se comprobó años después en un tribunal de Nueva York— el protector del Cártel de Sinaloa desde dentro del Estado mexicano.
Su caída en Estados Unidos fue celebrada por muchos como un triunfo de la justicia internacional y como un acto simbólico que confirmaba lo que en México se sabía y no se decía: el narco también se sienta en las sillas del gabinete.
Pero mientras nos indignábamos por García Luna, el mismo patrón se repetía en el sureste, con otro nombre, otro uniforme y otro padrino político.
Hernán Bermúdez Requena, el llamado “Comandante H”, hizo en Tabasco lo que García Luna hizo a nivel nacional:
ejerció el poder como escudo del crimen, construyó una red de protección institucional, y utilizó el aparato de seguridad para beneficiar a un cártel.
La diferencia es que García Luna cayó. Bermúdez escapó.
La doble moral de la 4T
Desde Palacio Nacional, la 4T ha repetido una y otra vez que el narcoestado fue cosa del pasado.
Que se acabaron los pactos.
Que la seguridad nacional está en manos limpias.
Pero los hechos contradicen el discurso.
¿Qué diferencia hay entre García Luna protegiendo a “El Mayo” y Bermúdez blindando a “La Barredora”?
- Ambos tenían poder institucional.
- Ambos canalizaban recursos públicos hacia intereses criminales.
- Ambos silenciaron a críticos y desaparecieron opositores.
- Ambos fueron protegidos por sus jefes políticos hasta el final.
Y, lo más doloroso: ambos son producto de un sistema que no castiga al traidor, sino al que denuncia.
El Estado como cómplice, no como víctima
En su momento, muchos quisieron creer que García Luna había actuado solo. Que era un traidor dentro del sistema. Que Calderón no sabía.
Hoy, el mismo argumento se intenta usar con Bermúdez. Que Adán no sabía. Que lo engañó. Que él solo operaba por su cuenta.
Pero ya no estamos para ingenuidades.
Ya entendimos que el crimen no se infiltra en el Estado: el Estado abre la puerta.
Una conclusión inevitable
Si Genaro García Luna fue la evidencia de que el panismo traicionó su promesa de legalidad, entonces Bermúdez Requena es la prueba de que Morena traicionó su promesa de transformación.
La diferencia no está en los partidos.
Está en la estructura que permite que criminales lleguen al poder, operen desde él y luego sean defendidos por quienes los nombraron.
Mientras eso no se rompa, México seguirá cambiando de gobierno… pero no de sistema.
Del sótano del PAN al penthouse de la 4T: el dinero también se recicla
Si el caso García Luna demostró cómo el narco se aliaba con el poder político, el escándalo de las transferencias millonarias a Julia Abdalá —pareja de Manuel Bartlett Díaz, uno de los hombres más poderosos de la Cuarta Transformación—, revela que el dinero manchado también cambia de color sin perder su esencia.
Porque el dinero, al igual que el crimen, no tiene ideología. Solo rutas.
Y en este caso, la ruta del dinero pasó por los mismos prestanombres que hoy figuran en los expedientes de García Luna: Samuel y Alexis Weinberg, dos empresarios acusados en Estados Unidos de formar parte de una red de triangulación para lavar recursos provenientes del Cártel de Sinaloa.
El depósito incómodo
Según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2012 y 2017, Julia Abdalá recibió más de 4.5 millones de dólares de los Weinberg. El dinero se justificó como la compra de un edificio ubicado en la colonia Anzures de la Ciudad de México.
El problema es que:
- El inmueble estaba valuado en 29 millones de pesos.
- Pero se pagaron casi 60 millones.
- El pago fue en dólares, a través de transferencias desde cuentas vinculadas a empresas pantalla.
La versión oficial de Abdalá es que vendió un hotel boutique de su propiedad a los Weinberg. Pero el monto, el tipo de operación, la estructura financiera y la identidad de los compradores —todos señalados en el caso García Luna— despiertan más dudas que certezas.
Los vínculos con Bartlett
Julia Abdalá no es una empresaria cualquiera. Es pareja sentimental de Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, exgobernador, expriista, y desde 2018 titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el gobierno de López Obrador.
Aunque Bartlett ha insistido en que sus bienes están “separados” de los de Abdalá, lo cierto es que viven juntos, comparten propiedades y, políticamente, ella ha sido su figura de confianza, su negociadora en privado y su operadora informal.
Por eso, cuando el nombre de Abdalá apareció ligado a los mismos prestanombres de García Luna, la mancha alcanzó directamente al círculo de poder de la 4T.
El mismo dinero, la misma red, distinto régimen
La operación es idéntica a las que se han documentado en los casos de corrupción financiera ligados al narcotráfico:
- Se crea una empresa fachada.
- Se triangulan recursos por contratos inflados.
- Se depositan montos millonarios a un beneficiario que no puede justificar ese crecimiento patrimonial.
- Y se simula una compraventa para encubrir el origen.
En el sexenio de Calderón, eso se llamaba corrupción.
En el sexenio de López Obrador, lo llaman inversión inmobiliaria.
Una pregunta que nadie responde
¿Por qué los mismos prestanombres que financiaron a García Luna depositaron millones a la pareja de uno de los pilares de la 4T?
¿Fue coincidencia?
¿Un favor cruzado?
¿Una triangulación por encargo?
Hasta ahora, no hay una sola investigación penal en curso en México.
Ninguna comparecencia. Ninguna sanción. Ningún deslinde institucional.
Solo excusas. Solo notas aclaratorias.
Y una narrativa oficial que se niega a reconocer que el poder también lava dinero, no solo discurso.
Del Calderonismo al Lópezobradorismo: el crimen como continuidad sistémica
Este caso muestra algo más profundo: la estructura criminal que sustentó al PAN no desapareció. Solo se adaptó.
Siguió operando en las sombras, ahora bajo nuevas siglas, nuevos rostros, pero el mismo lenguaje de impunidad, dinero y silencio.
Porque si el Cártel de Sinaloa pudo financiar campañas y contratos bajo el cobijo de García Luna,
¿qué nos impide pensar que hoy otros cárteles están haciendo lo mismo en nombre de la transformación?
Pero regresemos al tema de Andrea Chávez: la candidata protegida y el financiamiento que huele a narco
Mientras el país habla de seguridad, transformación y justicia, en las sombras se cocinan campañas millonarias que no pueden explicar su origen ni sus aliados. Un caso clave es el de Andrea Chávez, senadora morenista, cercana a Adán Augusto López, y actual aspirante a la gubernatura de Chihuahua.
Lo que comenzó como una serie de giras en su estado natal pronto se transformó en una operación política masiva, con recursos, espectaculares, caravanas médicas y eventos que superaban por mucho lo que puede financiar una legisladora con sueldo oficial.
Entonces, surgió la pregunta:
¿De dónde salió todo ese dinero?
Las denuncias del PAN: 15 delitos y un rastro de sospecha
En julio de 2025, la dirigencia estatal del PAN en Chihuahua presentó denuncias por al menos 15 delitos relacionados con financiamiento ilícito, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia dudosa en favor de la senadora Chávez.
La presidenta del PAN en el estado, Daniela Álvarez, fue clara:
“Andrea Chávez no puede justificar el financiamiento de sus actividades políticas. ¿Quién paga los espectaculares? ¿Quién paga las brigadas médicas? ¿Quién está detrás de su plataforma territorial? Todo apunta a una red de financiamiento ilegal, y tememos que esté conectada con recursos provenientes del crimen organizado”.
Y luego soltó la bomba:
“Es posible que parte del dinero que financió su campaña provenga del llamado ‘Cártel de Tabasco’, la red que operaba bajo protección de Hernán Bermúdez Requena y, por supuesto, con la venia de Adán Augusto López”.
¿Cómo se conecta con Bermúdez y Adán?
No es difícil unir los puntos. Andrea Chávez ha sido una de las principales operadoras políticas de Adán Augusto, quien la promovió en múltiples espacios legislativos y mediáticos.
Durante la campaña presidencial interna de Morena, Chávez viajaba con él, lo defendía públicamente y organizaba eventos políticos a su nombre. A cambio, Adán la posicionó en estructuras estatales y la impulsó en Chihuahua como “la nueva cara de la transformación”.
Y mientras eso ocurría, Hernán Bermúdez seguía operando en Tabasco, generando recursos ilegales a través de huachicoleo, extorsiones, cobro de piso y protección al CJNG.
¿Es descabellado pensar que parte de ese dinero fue redirigido a campañas locales?
¿Que Adán Augusto utilizó recursos de sus redes criminales para construir su base política?
¿Y que Andrea Chávez fue una de las principales beneficiarias?
El patrón se repite: caravana de servicios, contratos cruzados y espectaculares.
En Chihuahua, Andrea Chávez ha impulsado lo que llama “Caravanas del Bienestar”, donde reparte medicinas, ofrece servicios médicos gratuitos y entrega despensas en comunidades marginadas.
Pero estos eventos tienen un costo elevado:
- Renta de autobuses.
- Contratación de médicos.
- Compra de medicamentos.
- Producción de imagen y logística.
- Presencia de seguridad privada.
Todo esto, sin que exista una rendición de cuentas pública o respaldo institucional formal.
¿Quién lo paga?
La senadora dice que lo financia con “donaciones” y “apoyos voluntarios”. Pero ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Unidad de Inteligencia Financiera han confirmado eso.
Una estrategia de captura territorial
Lo que estamos viendo en Chihuahua no es una campaña normal. Es una estrategia de captura territorial, financiada desde el sur y blindada por la narrativa presidencial.
Andrea Chávez representa la nueva generación del poder morenista, una generación que no llegó con propuestas, sino con respaldo de estructuras oscuras que ya operaban bajo gobiernos anteriores.
Su cercanía con Adán Augusto y su silencio sobre el caso Bermúdez no son inocentes. Son parte de un pacto más grande, en el que la lealtad se premia con impunidad, y la impunidad se paga con silencio.
¿Hasta dónde está dispuesto el poder a proteger a los suyos?
Si Bermúdez protegía al narco.
Si Adán protegía a Bermúdez.
Y si Chávez se beneficia de la estructura de Adán…
Entonces, ¿quién protege hoy a Andrea Chávez?
Y más aún:
¿quién la financiará mañana si llega a la gubernatura?
Estas no son preguntas retóricas.
Son las interrogantes que deberíamos hacernos antes de permitir que el narco también financie el futuro político de este país.
El discurso de la 4T frente al espejo de la realidad
Durante cinco años, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha repetido como mantra que el narcoestado ya no existe, que ya no hay pactos con el crimen organizado, y que el poder ahora está del lado del pueblo, no del dinero sucio.
Se nos ha dicho que “ya no es como antes”, que “la corrupción se acabó”, que “los tiempos del calderonismo quedaron atrás”.
Y sin embargo, cada caso documentado en esta columna contradice esa narrativa con brutal claridad.
Porque mientras desde el micrófono presidencial se repite el guion de la pureza ideológica, en los estados y en las estructuras intermedias del poder, la podredumbre no solo sigue viva: se ha institucionalizado.
¿Dónde quedó la transformación?
Si la transformación significa encubrir a personajes como Hernán Bermúdez Requena,
si significa proteger a operadores como Adán Augusto López, si significa financiar campañas con dinero de procedencia dudosa como en el caso de Andrea Chávez,
y si significa mirar hacia otro lado cuando la pareja de un alto funcionario recibe millones de dólares de los mismos prestanombres de García Luna,
entonces no estamos ante una transformación. Estamos ante una simulación.
Del combate al narco a la complicidad institucional
No estamos ante una lucha contra el crimen.
Estamos viendo una redistribución del poder criminal.
Antes operaba bajo el escudo del PAN y el PRI. Hoy lo hace detrás del manto de la regeneración nacional.
Los rostros cambian. Las siglas se modifican. Pero el modelo permanece:
protección desde el poder, impunidad desde la Fiscalía, complicidad desde las campañas.
La Cuarta Transformación no desmontó el narcoestado: lo rebautizó.
Un país anestesiado por la propaganda
Mientras tanto, la maquinaria oficialista sigue produciendo mañaneras, giras, hashtags, distractores y enemigos imaginarios.
Se ataca a los periodistas, se descalifica a los críticos, se criminaliza a la oposición…
pero nunca se explica cómo figuras como Bermúdez llegaron tan alto, robaron tanto, y salieron del país sin que nadie los detuviera.
Porque lo que se está defendiendo ya no es un proyecto político.
Es una estructura de poder basada en la impunidad selectiva.
Y el silencio también mata
El mayor peligro de todo esto no está solo en lo que se hace, sino en lo que se deja de hacer.
La presidenta Claudia Sheinbaum puede declarar que Adán Augusto “debería dar su versión”, pero hasta ahora nadie ha sido investigado, sancionado, ni separado del cargo.
Y mientras los discursos se cuidan, los criminales siguen operando, los cómplices se reciclan, y el país sigue desangrándose.
¿Qué sigue?
¿Quién sigue?
¿Cuánto más?
Estamos viviendo un momento histórico donde ya no se trata solo de combatir al narco, sino de definir si el Estado está dispuesto a gobernar para la sociedad… o para el crimen.
Hernán Bermúdez Requena no fue un infiltrado.
Fue un engranaje.
Un operador del crimen con uniforme y respaldo político.
Su historia revela lo que muchos no quieren ver: el narco ya no opera desde la sombra, sino desde el poder.
Y mientras Adán Augusto guarda silencio, Andrea Chávez se proyecta, y Julia Abdalá recibe millones…el país se hunde en una simulación donde el crimen manda y el Estado obedece.
No estamos ante una transformación.
Estamos ante la continuidad de un sistema que cambia de rostro, pero no de raíz.
Y la pregunta ya no es si el narco está en el poder.
La pregunta es: ¿quién lo va a detener?
