Por Valentín Varillas
Diariamente, miles de automóviles con placas foráneas exceden el límite de velocidad establecido en las principales vialidades de la capital y los municipios conurbados.
Se trata de los principales generadores de accidentes en la vía Atlixcáyotl, el periférico y la Recta a Cholula.
Casi todos, son propiedad de poblanos que de esta manera buscan evitar el pago de las fotomultas.
Contratan gestores de otros estados, principalmente de Morelos y Tlaxcala en donde no existe el pago del impuesto sobre tenencia vehicular.
Pagan para que les proporcionen los documentos necesarios para realizar el trámite.
Recurren a este tipo de actos de corrupción para evitar el cumplimiento de la ley.
Están convencidos de que, al no poderles aplicar el cobro de la infracción a través del sistema de radares y cámaras que opera ahí, están exentos de respetar lo que marca el reglamento.
Como todos los demás.
Gozan del privilegio de contar con un auténtico estado de derecho de excepción.
Ellos que, seguramente, se asumen como ciudadanos ejemplares y se rasgan las vestiduras indignados cuando se enteran de alguna corruptela cometida por cualquier instancia pública o nivel de gobierno.
En su muy trastornada y torcida lógica, aplican raseros distintos para medir exactamente lo mismo.
Y siempre quieren salir ganando.
Faltaba más.
Urge, por lo mismo, que el actual gobierno lleve a cabo las modificaciones legales para que, por un lado, los automóviles con placas de otras entidades sean sujetos al pago de fotomultas cuando circulen a un velocidad no permitida.
Y a la par, que se tomen las acciones necesarias para que cada unidad que se venda en Puebla, se tenga que emplacar aquí.
No hay de otra.
Sólo así se combatirá de frente la impunidad y se logrará tener un estado de derecho parejo para todos.
Porque eso queremos, leyes que se apliquen sin ningún tipo de distinción o privilegio.
¿O no?
