Por Valentín Varillas
Parte fundamental en la estrategia integral del sistema de transporte público poblano tiene que ver con tomar medidas radicales para limpiarlo de aquellos oscuros intereses que van mucho más allá de los que incumben directamente al sector.
Esto sugiere purgarlo de todo lo que tenga que ver con cuestiones de tipo político electoral, pero también, cerrarle el paso a grupos de facto que, disfrazados de organizaciones sociales, lo han infiltrado de raíz.
La 28 de Octubre, por ejemplo; principal operadora de rutas y taxis pirata en la zona metropolitana de la capital.
Saben del inminente vencimiento de sus concesiones.
También que la aplicación por parte de la autoridad estatal de una revista vehicular que se apegue a lo que marca la ley sería demoledora para sus intereses.
37 rutas que manejan directamente sus dirigentes, están en riesgo, lo que significa la posibilidad real de perder millones de pesos semanales.
Para ellos, es un tema de lana, nada más.
No tienen el menor interés en garantizar la calidad ni la seguridad en el transporte.
Al contrario.
Se curan en salud vendiéndose ante la opinión pública y publicada como perseguidos políticos.
Ellos, vistiéndose con el hipócrita traje de víctimas, cuando se trata de uno de los principales generadores de violencia en la entidad.
Apenas, hace unos días, un grupo de choque perteneciente a esta organización, mató a golpes y palazos al chofer perteneciente a una ruta “rival”, allá en San Andrés Azumiatla.
Así se las gastan.
Imagínese si bajo estos códigos siguen operando en completa y total impunidad.
Urge transparencia y legalidad en el sector; no grupos gansteriles que lo infiltren de criminales.
Ahí está el ejemplo de los cinco mercados que controlan, en donde tienen fuerte presencia en la capital.
Centros en donde reinan la extorsión, el narcomenudeo, la venta de armas, la piratería y hasta el homicidio de incómodos.
El riesgo de que todas estas “linduras” acaben siendo la cotidianeidad en la operación diaria del transporte público poblano, en las colonias más pobladas del estado, es una realidad.
Y de todo esto no es culpable el gobierno, que no pretende expropiar como aseguran, ninguna vía pública de comunicación.
Tampoco aquellas empresas privadas de transporte que han entrado a poyar con unidades, para evitar el colapso de la movilidad en la zona conurbada de la capital.
Se trata de un proceso profundo de depuración que intenta acabar ahora sí, por fin y de una vez por todas con todos los lastres que arrastra por décadas un sistema que urge dignificar.
Por el bien de todos.
