Por Yasmín Flores
México está cubierto de tierra que llora. En su superficie crecen flores, se levantan casas, se construyen carreteras.
Pero debajo, ocultos en la sombra, hay miles de cuerpos que nunca debieron estar ahí.
Son los desaparecidos, los que fueron arrancados de sus vidas y enterrados en fosas clandestinas que cubren el país como un cáncer.
Jalisco, Veracruz y Tamaulipas han sido escenarios de algunos de los hallazgos más aterradores: ranchos convertidos en cementerios secretos, donde los cuerpos son descuartizados, incinerados, apilados en bolsas o simplemente arrojados como si fueran basura.
Son sitios que el crimen organizado utiliza como centros de exterminio, con la complicidad de autoridades que miran hacia otro lado.
Las cifras oficiales no importan, porque la realidad es que en México los números no representan la verdad: la verdad está en los huesos que siguen apareciendo, en las familias que excavan con sus propias manos, en las madres que encuentran en una fosa un cráneo, unos zapatos, una identificación.
Cada uno de esos restos tiene nombre, tiene historia, tiene una familia que nunca dejó de buscar.
El rancho del horror en Jalisco: donde la muerte se multiplica.
Uno de los hallazgos más escalofriantes ocurrió en un rancho de Jalisco, donde los restos de más de 400 personas fueron encontrados en pedazos, mezclados entre sí.
Huesos calcinados, cuerpos desmembrados, bolsas llenas de carne en descomposición. No eran solo cadáveres: eran hijos, hijas, hermanos, madres, padres que un día salieron de casa y nunca regresaron.
Las autoridades llegaron cuando ya no pudieron ignorar los reportes. Pero quienes realmente hicieron el trabajo fueron las familias. Fueron ellas las que, con picos y palas, removieron la tierra hasta encontrar los primeros indicios del horror. Fueron ellas las que, con sus propias uñas, abrieron la verdad que el Estado quiso enterrar.
Entre esas familias estaba María López, una madre que pasó más de cinco años buscando a su hijo Alejandro. Desde la noche en que desapareció, María no volvió a dormir en paz.
Se aferró a la esperanza de encontrarlo con vida, hasta que los huesos hablaron. Entre las bolsas negras que sacaron del rancho de Jalisco, estaba su hijo, hecho pedazos, como si su existencia no hubiera valido nada.
María se derrumbó, pero no dejó de pelear, aunque encontró a su hijo, la herida no se cierra. Sabe que cada una de esas bolsas negras es otra madre esperando respuestas. El hallazgo de una fosa no significa justicia, sólo confirma el tamaño de la tragedia.
Veracruz y Tamaulipas: estados enterrados en fosas
Lo de Jalisco no es un caso aislado. Veracruz tiene uno de los cementerios clandestinos más grandes de América Latina: Colinas de Santa Fe, donde se han encontrado más de 450 cráneos y miles de restos humanos. Nadie sabe cuántos más siguen ahí.
Las madres buscadoras han trabajado durante años en ese terreno, escarbando bajo el sol, oliendo la podredumbre de cuerpos que nunca debieron estar bajo tierra.
Con cada pala que hunden, con cada hueso que sacan, descubren lo que el gobierno se niega a reconocer: México es un país sembrado de muertos, donde la justicia nunca llega.
En Tamaulipas, el terror tiene nombre: San Fernando.
Ahí, en 2010, fueron masacrados 72 migrantes, y un año después, se encontraron más de 200 cuerpos en fosas clandestinas. La escena se repite: ranchos convertidos en centros de ejecución, fosas repletas de desconocidos, cuerpos sin nombre, sin historia, sin justicia.
El dolor de las familias: enterrados en vida
Las fosas no sólo entierran cuerpos: entierran familias enteras. Los que buscan a sus desaparecidos están condenados a vivir en un limbo, entre la esperanza y la resignación.
Las madres buscadoras no deberían existir, pero son ellas quienes hacen el trabajo que el Estado no quiere hacer.
Son ellas las que cavan, las que exhuman, las que lloran al encontrar un hueso porque saben que detrás de él hay una historia, una vida que fue arrebatada sin razón.
Y la pregunta es la misma:
¿quién los mató?
Y la respuesta es siempre el silencio.
¿Qué Hace el Gobierno?
Nada.
Las autoridades reaccionan sólo cuando los hallazgos se hacen públicos. Anuncian investigaciones, crean comisiones, prometen justicia.
Pero el ciclo se repite: una fosa es encontrada, se hace ruido, el caso se apaga, y al poco tiempo, otra fosa aparece.
Los responsables rara vez son castigados. Las familias deben enfrentar la burocracia para obtener pruebas de ADN, para identificar los cuerpos, para exigir lo que el Estado debería garantizar: justicia.
Y mientras tanto, el país sigue cubriéndose de muerte.
México, un país de fosas
Los ranchos de Jalisco, Veracruz y Tamaulipas son sólo una muestra de lo que está ocurriendo en todo México. Cada fosa clandestina es una prueba del fracaso del Estado, de la impunidad, de la violencia que no se detiene.
La historia de María López es la historia de miles de madres. De mujeres que han cambiado la desesperación por la lucha, que han cambiado el dolor por la resistencia. Porque si ellas no buscan, nadie lo hará.
Y mientras sigan apareciendo cuerpos, mientras siga habiendo fosas por abrir, México seguirá siendo un país de desaparecidos, donde la justicia no llega y la muerte nunca deja de escarbar.
El dolor de las familias: una herida que no sana
Para los familiares de los desaparecidos, el tiempo no alivia la pena. Viven con la incertidumbre de no saber si su ser querido sigue con vida o si su cuerpo yace en algún rincón olvidado. Las madres buscadoras han tomado las riendas de la investigación, con picos y palas en mano, removiendo la tierra que las autoridades muchas veces se niegan a tocar.
Estas mujeres han demostrado una valentía inquebrantable, enfrentándose a amenazas y al dolor de encontrar restos humanos.
Para ellas, hallar a sus hijos, esposos o hermanos, aunque sea en fragmentos óseos, es un consuelo en medio de la tragedia, pues al menos pueden darles una sepultura digna.
¿Qué hace el gobierno ante esta crisis?
La respuesta oficial ha sido insuficiente. A pesar de la creación de comisiones de búsqueda y leyes de desaparición forzada, la realidad es que la impunidad sigue reinando.
Muchas investigaciones se estancan, los responsables rara vez son castigados y los familiares deben luchar contra la burocracia para obtener pruebas de ADN o exhumaciones.
Además, los gobiernos estatales y federales suelen minimizar la crisis, argumentando que los asesinatos son entre criminales, ignorando que muchas de las víctimas son personas inocentes, secuestradas al azar o confundidas en medio de la violencia.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un cómplice silencioso de la tragedia de los desaparecidos en México.
No solo ignoró el dolor de las madres buscadoras, sino que también descalificó sus luchas, minimizó la crisis y dejó que los cárteles convirtieran al país en un cementerio clandestino. Durante su mandato, las cifras de desapariciones se dispararon, las fosas clandestinas se multiplicaron y las familias tuvieron que hacer el trabajo que el Estado se negó a realizar.
Ahora, con Claudia Sheinbaum al frente, la indiferencia se mantiene, pero con un nuevo rostro.
En lugar de reconocer la crisis y asumir su responsabilidad, prefiere enojarse, atacar a quienes exigen justicia y escudarse en la lealtad ciega a López Obrador.
Se indigna cuando se señala la omisión del gobierno, pero no cuando las madres tienen que remover la tierra con sus propias manos para encontrar los restos de sus hijos. Se molesta cuando le piden respuestas, pero no cuando en México sigue habiendo ranchos de exterminio y fosas llenas de cuerpos sin nombre.
El gobierno no ha hecho nada. No hay justicia, no hay estrategias reales para frenar la violencia, no hay búsqueda efectiva de los desaparecidos.
Sólo hay simulación, discursos vacíos y una maquinaria estatal diseñada para ocultar la verdad. Mientras los gobernantes protegen su legado y buscan perpetuarse en el poder, las familias siguen cavando con palas y manos desnudas, sacando huesos, recogiendo pedazos de cuerpos, exigiendo respuestas que jamás llegan.
México sigue siendo un país de muertos y desaparecidos, donde el Estado no sólo ha fallado, sino que ha abandonado a su gente a su suerte, porque aquí, la justicia no la imparten las autoridades, la imparten las madres, las hermanas y los hijos que buscan en la tierra lo que el gobierno se niega a encontrar.
Cada par de zapatos es una vida, una llamada pendiente, una sonrisa que nunca volverá, un abrazo que se quedó sin destino.
Ahí están apilados los sueños, las historias de amor y el dolor de todo un país.
Presidenta ¿cuándo recibira a las madres buscadores?
Sólo le recuerdo que usted, también es madre…
Que los ojos de los desaparecidos los persigan en sus sueños y el llanto de sus madres no los dejen dormir.
Justicia para las madres buscadoras y los desaparecidos.
