Por Yasmín Flores Hernández
La iniciativa que amenaza la libertad de expresión y protege a los Poderosos
El papel de los legisladores locales: ¿garantes de derechos o censores del periodismo?
En cualquier democracia funcional, los legisladores locales tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía y legislar en beneficio del bien común.
Son los encargados de construir un marco normativo que garantice la justicia, la equidad y, sobre todo, la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, en México, con frecuencia se han convertido en actores que, en lugar de fortalecer la democracia, buscan blindarse de la crítica, limitar la rendición de cuentas y restringir la libertad de expresión.
Uno de los ejemplos más recientes de este intento de censura es la iniciativa promovida por el diputado Andrés Villegas Mendoza, quien busca regular el ejercicio del periodismo bajo el argumento de evitar la difamación y el daño a la reputación de los funcionarios públicos.
Pero detrás de esta fachada de protección al honor, se esconde una intención peligrosa: silenciar las críticas y otorgar impunidad a los políticos.
El periodismo como pilar democrático: un derecho bajo amenaza
El periodismo es, por excelencia, el contrapeso del poder. Es a través de la prensa que la ciudadanía puede conocer las decisiones, irregularidades y posibles actos de corrupción de quienes gobiernan.
No es casualidad que los regímenes autoritarios, a lo largo de la historia, hayan visto a los periodistas como enemigos del Estado. En México, donde la violencia contra la prensa ha sido constante, cualquier intento de restringir el ejercicio periodístico debe ser considerado un atentado contra la democracia.
La iniciativa de Villegas Mendoza propone regular quién puede ejercer el periodismo, imponiendo requisitos para que solo ciertas personas puedan informar, además de otorgar a los funcionarios herramientas legales para demandar a periodistas que consideren que han “dañado su honor”.
Este tipo de regulaciones no sólo contradicen el derecho a la libertad de expresión, sino que abren la puerta a la persecución judicial contra comunicadores incómodos para el poder.
A usted que me escucha y me lee le pido por favor retroceda al año 2012, cuando en Puebla se cometió un atentado contra la libertad de expresión.
Fueron 19 periodistas los que enfrentaron el abuso de poder y la censura disfrazada de legalidad. Entre ellos, mis compañeros Alejandro Mondragón y Valentín Varillas eran demandados por el gobierno de Puebla que encabezaba el panista Rafael Moreno Valle Rosas, perseguidos por el simple hecho de hacer su trabajo: informar.
La lista negra del periodimo en Puebla:
- Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla)
- Selene Ríos Andraca (Central)
- Salvador Ríos (El Sol de Puebla)
- Fabián Gómez (Contraparte Informativa)
- Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario)
- Alvaro Delgado (Proceso)
- Iván Tirzo (El Sol de Puebla)
- Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta)
- Fernando Pérez Corona (e-consulta)
- Ricardo Morales (Intolerancia Diario)
- Jorge Castillo (Intolerancia Diario)
- Cirilo Calderón (ElSol de Puebla)
- Carlos Macías Palma (El Popular)
- Eduardo Rivera Santamarina (UnoMásUno)
- Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente)
- Fernando Maldonado (Periódico Digital)
- Arturo Rueda (Cambio)
¿Por qué fueron demandados?
Por hacer periodismo, por exhibir los excesos y abusos de un gobierno intolerante a la crítica. La verdad incomodaba y la respuesta del poder fue intentar someter a los comunicadores con demandas judiciales que no eran otra cosa que instrumentos de censura.
Cuando la crítica se convierte en delito
Sergio Ramírez Robles, entonces director general de Comunicación Social del gobierno de Puebla, justificó estas demandas con un argumento endeble y peligroso:
“Se están analizando todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación y la humillación de funcionarios”.
¿Qué significaba esto en la práctica?
Que el gobierno de Moreno Valle no toleraría la prensa libre, ni el análisis crítico, ni las denuncias de corrupción o abuso de poder. Se trataba de una declaración de guerra contra el periodismo.
Pero la censura no se limitó a los tribunales. Apenas unos días antes de que se presentaran las demandas, Gerardo Rojas, de e-consulta, y Jesse Brena, de Milenio Diario, fueron golpeados y asaltados por policías estatales. Cuando el gremio periodístico exigió una investigación, la respuesta del gobierno fue más amenazas, más persecución y más silencios forzados.
Este no fue un caso aislado. A lo largo de la historia, quienes detentan el poder han intentado acallar a la prensa cuando ésta se convierte en un obstáculo para sus intereses.
Como vera usted que me escucha y me lee esta no ha sido la primera vez que los encargados de gestionar políticas públicas en beneficio de los ciudadados pretendan acallar al periodismo poblano.
Pero hay una diferencia entre aquellos políticos panistas que estaban a favor de ley mordaza de Moreno Valle con los de Morena.
Los morenovallistas no se fotografían en brassier, ni mucho menos exponian su vida pública en redes sociales. Hoy, en la era de la política de las selfies, los nuevos no ocultan su ignorancia, la exhiben con orgullo. No necesitan un andamiaje legal sólido para justificar la censura; les basta con el desprecio abierto a la crítica.
Lo que es cierto es que se ha perdido toda moral, todo pudor, toda vergüenza, lo mismo da salir hablando con vulgaridades, que semidesnuda promocionando productos.
Los mismos que se quejan de la “invasión a su privacidad” son los que exponen su vida pública con descaro. Los mismos que acusan a los periodistas de “mentirosos” son los que, un día cualquiera, presentan iniciativas absurdas, mal redactadas y sin análisis jurídico.
Qué le digo, ellos solos se exponen y luego pretenden decir que los peirodistas inavden su vida publica que deberia ser privada.
Pero,¿a qué le temen?
¿Qué esconden?
Preguntas que quedan en el aire. Porque donde hay poder sin control, el periodismo es un estorbo. Y donde la verdad incomoda, la censura se disfraza de justicia.
Si esta iniciativa se aprueba, el escenario para los periodistas será aún más riesgoso de lo que ya es. En un país donde informar puede costar la vida, esta medida se convertiría en un instrumento más de intimidación, censura y represión.
Blindaje legislativo: protegiendo a los funcionarios, vulnerando a la prensa
Lo más grave de esta iniciativa es que busca proteger a los funcionarios públicos de la crítica, cuando en realidad, al ocupar cargos de poder, deberían estar sujetos a un mayor escrutinio ciudadano.
La propuesta de Villegas Mendoza crea un escudo legal para que los políticos no sean cuestionados, ni señalados, generando un clima de impunidad.
Este tipo de reformas desequilibra el ejercicio de los derechos humanos, ya que coloca a los funcionarios en una posición privilegiada en comparación con los ciudadanos comunes, otorgándoles herramientas legales para silenciar cualquier tipo de investigación en su contra.
México ya ha enfrentado casos preocupantes en este sentido. En varios estados del país se han aprobado leyes mordaza que buscan castigar la difusión de información sobre servidores públicos bajo el argumento de que se trata de “difamación”.
Estas leyes han servido para acallar denuncias de corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos.
Si la propuesta de Villegas Mendoza prospera, los funcionarios no solo evadirán la rendición de cuentas, sino que podrán utilizar al sistema judicial para perseguir a los periodistas.
Las demandas por “daño moral” contra comunicadores se convertirán en un arma política para asfixiar económicamente a los medios independientes y sembrar el miedo entre quienes investigan el poder.
Violaciones a los derechos humanos: el costo de silenciar a la prensa
México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Según organizaciones como Artículo 19, más de 169 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, y miles han sido víctimas de agresiones, amenazas y desapariciones.
Las restricciones al periodismo no sólo afectan a los comunicadores, sino que vulneran el derecho de la sociedad a estar informada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples ocasiones que cualquier limitación a la prensa constituye una violación a la libertad de expresión y, por lo tanto, a los derechos humanos.
La iniciativa de Villegas Mendoza es un claro ejemplo de censura encubierta bajo el disfraz de regulación. De aprobarse, se estarían violando los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que protegen el derecho a la libre expresión y el acceso a la información. También contraviene tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan la libertad de prensa.
Esta medida podría convertirse en un mecanismo de represión legal, donde los periodistas ya no solo enfrentarían el peligro de la violencia física, sino también el riesgo de ser encarcelados o arruinados económicamente por ejercer su labor.
El llamado a la resistencia: no al silencio forzado
Ante este panorama, es fundamental que la sociedad civil, los organismos internacionales y los propios periodistas alcen la voz. México no puede permitirse dar un paso atrás en materia de libertad de expresión, pues hacerlo significaría fortalecer la impunidad y el abuso de poder.
El Congreso tiene una gran responsabilidad en sus manos: legislar en favor de la protección de los derechos fundamentales y no en beneficio de una clase política que busca protegerse de la crítica.
Los ciudadanos también deben jugar un papel clave en este debate. Es momento de exigir transparencia, de cuestionar a los legisladores y de rechazar cualquier iniciativa que busque convertir a México en un país donde informar sea un delito.
La prensa libre es el pilar de la democracia.
Blindar a los funcionarios y silenciar a los periodistas es abrir la puerta a un régimen de impunidad y autoritarismo. No podemos permitir que el silencio se imponga sobre la verdad.
La libertad de expresión no es un privilegio del poder, sino un derecho del pueblo; su restricción no protege la verdad, sólo encubre los abusos.
Señor Gobernador, no caiga en aquello que tanto condenaron. Reflexione sobre la iniciativa presentada y no permita que se convierta en una farsa.
