Por Yasmín Flores Hernández
Desde que asumió el cargo en 2021, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha estado bajo el escrutinio público, debido a presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa.
Estas sospechas han cobrado mayor relevancia en los últimos meses, tras una ola de violencia en el estado y múltiples manifestaciones ciudadanas que exigen su renuncia.
El descontento ha llegado a niveles insostenibles, con miles de sinaloenses exigiendo justicia tras el asesinato de Antonio Sarmiento y sus dos hijos menores en enero de 2025, un hecho que, según diversas fuentes, estaría relacionado con el reacomodo del crimen organizado en la región.
En medio de la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido su apoyo a Rocha Moya, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de tolerancia hacia posibles vínculos del gobierno estatal con el narcotráfico.
Acusaciones contra Rocha Moya: vínculos con el narco desde la campaña de 2021
Las primeras acusaciones sobre los posibles nexos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa surgieron durante su campaña electoral en 2021.
Diferentes informes periodísticos y testimonios han señalado que su candidatura habría sido impulsada por operadores del cártel, específicamente por la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”.
Se ha denunciado que estos grupos brindaron apoyo financiero y logístico, promoviendo su imagen y eliminando a competidores políticos en la región.
Aunque el gobernador ha negado categóricamente estos señalamientos, su política de seguridad ha sido altamente cuestionada, ya que parece alinearse con los intereses del grupo criminal dominante.
A lo largo de su mandato, se han registrado capturas selectivas de líderes criminales que favorecen a una de las facciones del cártel, así como la inacción en operativos clave que podrían afectar a estos grupos.
Uno de los eventos más controvertidos de su gobierno ocurrió tras la captura de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, en enero de 2023.
A pesar de la violencia desatada en Culiacán, el gobierno estatal mostró poca reacción y una aparente falta de coordinación con las fuerzas federales, lo que despertó sospechas sobre su verdadero compromiso en la lucha contra el crimen organizado.
Crisis de violencia en Sinaloa: el asesinato que desató el clamor por la renuncia de Rocha Moya
El reciente asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos, Gael y Alexander, de 12 y 9 años, respectivamente, ha sido la gota que derramó el vaso para los sinaloenses. El crimen, perpetrado en Culiacán, ha generado protestas masivas y una exigencia de justicia en todo el estado.
Durante un partido de béisbol en el Estadio Panamericano, miles de personas corearon ”¡Fuera Rocha!”, una consigna que ha tomado fuerza en redes sociales y en diferentes manifestaciones públicas. La presión social ha ido en aumento, pero Rocha Moya ha desestimado los reclamos y ha reiterado que no renunciará a su cargo.
Este brutal crimen ocurrió en un contexto de creciente violencia, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.
Con la caída del último gran capo del Cártel de Sinaloa, las disputas internas dentro de la organización han escalado, y la violencia en el estado se ha recrudecido.
Los enfrentamientos entre los distintos bandos del cártel han causado decenas de muertes y han dejado a la población en un estado de constante temor.
El respaldo de la presidenta Sheinbaum:
¿por qué el gobierno no quiere destituir a Rocha Moya?
A pesar del creciente descontento social, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido su respaldo a Rubén Rocha Moya y ha declarado que la destitución de un gobernador no es una facultad del Ejecutivo federal.
Sin embargo, más allá del argumento legal, existen razones políticas y estratégicas que explican por qué el gobierno federal no ha tomado medidas para removerlo:
- Estabilidad política en un estado clave para Morena.
Sinaloa es un bastión político crucial para Morena, y Rocha Moya es un gobernador alineado con el proyecto de la Cuarta Transformación. Destituirlo podría generar un vacío de poder que la oposición buscaría aprovechar, debilitando la presencia del partido en un estado que ha sido clave en las elecciones recientes.
- Evitar un conflicto con el Cártel de Sinaloa.
Sinaloa es el epicentro del narcotráfico en México, y cualquier movimiento político en la entidad tiene repercusiones en la estructura del crimen organizado.
La destitución de Rocha Moya podría alterar los acuerdos no oficiales que han mantenido una relativa estabilidad, lo que podría derivar en una escalada de violencia aún mayor.
- Continuidad del “pacto de no confrontación” con el narco.
Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha seguido una política de “abrazos, no balazos”, que evita enfrentamientos directos con los grandes cárteles para reducir la violencia.
Forzar la salida de Rocha Moya podría interpretarse como una ruptura de ese pacto, lo que pondría en riesgo la gobernabilidad del estado y la estrategia federal de seguridad.
- Implicaciones para otros gobernadores de Morena.
Si el gobierno federal interviene en Sinaloa, se abriría la puerta para que otros gobernadores morenistas sean sometidos al mismo escrutinio.
Varios mandatarios estatales han sido acusados de corrupción o vínculos con el crimen organizado, y destituir a Rocha Moya sentaría un precedente que podría afectar a otros aliados de Sheinbaum en el futuro.
- Impacto en las elecciones de 2027.
Morena quiere mantener el control en las elecciones intermedias y en la sucesión presidencial de 2030.
Un escándalo como la destitución de un gobernador de su partido podría dañar su imagen a nivel nacional, provocando que la oposición utilice el caso de Sinaloa como un ejemplo de incapacidad para gobernar.
¿Qué sigue para Sinaloa?
La crisis política y de seguridad en Sinaloa sigue escalando. Las protestas continúan creciendo, y la indignación popular podría convertirse en una presión insostenible para el gobierno estatal y federal.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva compleja: seguir respaldando a Rocha Moya y arriesgarse a un mayor deterioro de su imagen pública, o buscar una salida negociada que evite que el caso se convierta en una crisis nacional.
Por ahora, la presidenta ha optado por la estrategia del silencio y el respaldo institucional, pero la pregunta sigue en el aire:
¿Hasta cuándo podrá sostener a un gobernador señalado por sus nexos con el narco sin pagar un costo político demasiado alto?
Dudas que matan…
