Por Alejandro Mondragón
Puebla enfrentará un 2025 complejo, con restricciones crediticias y recortes presupuestales.
De acuerdo con la iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla 2025, la contracción del comercio internacional impactará directamente en la industria, en particular la automotriz, “vulnerando la estabilidad de los trabajadores asociados a ella”.
La política restrictiva de la banca socava la capacidad productiva de sectores claves, además de afectar el consumo de personas, limita el crecimiento económico y agrava las vulnerabilidades sociales.
Uno de los problemas es la elevada morosidad y restricción al acceso del financiamiento.
El gobierno de Alejandro Armenta cumplirá puntualmente con el pago de obligaciones de deuda, promoverá el ahorro financiero y mantendrá vigentes los contratos de coberturas de tasa contratadas.
“Se mantendrá un gasto público prudente, evitando presionar la inflación y enfocándolo en áreas sociales y económicas prioritarias”, se señala en el documento.
Un aspecto de preocupación radica en la ocurrencia de fenómenos naturales, junto con la repercusión de la contaminación ambiental, puede generar efectos devastadores para la infraestructura, economía y personas.
En 2025, la consolidación de las finanzas públicas federales se logrará, en parte, a través de una reducción del gasto federalizado, lo que resultaría en una disminución de las transferencias a la entidad, generando presiones de gasto derivadas de un reajuste presupuestario.
El Gobierno del Estado ha identificado que esta reducción afectará principalmente a programas sociales y de infraestructura, limitando su capacidad de respuesta a las necesidades de los y las poblanas.
Ante el riesgo, el Gobierno del Estado propone mejorar la captación de los recursos públicos impulsando la recaudación mediante tecnologías de la información y mecanismos de verificación para combatir la evasión fiscal.
Además, mantendrá un uso estratégico de los recursos públicos, garantizando su asignación a prioridades estratégicas y necesidades de la población.
Desde el 2015, las ampliaciones estatales por Convenios Federales han experimentado un incremento notable, pasando del 14.2% al 26.1% en 2023. Este aumento refleja que el Estado ha tenido que asumir una proporción creciente del costo de la nómina, ya que los recursos federales han sido insuficientes para cubrir los compromisos salariales derivados de las revisiones salariales.
Aunque el Fondo de Compensación también ha aumentado su participación, llegando a 718 millones en 2022, el mayor crecimiento de las ampliaciones estatales muestra cómo ha recaído más responsabilidad financiera sobre el Estado.
Este desajuste pone en riesgo la sostenibilidad de otras áreas presupuestarias clave, limitando la capacidad del Estado para dirigir recursos a prioridades estratégicas.
Así, el panorama del próximo año.
