Por Yasmín Flores Hernández
Concluyó el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México.
Se trata de un político que buscó el cargo en tres ocasiones —2006, 2012 y 2018 (cuando finalmente ganó)— y una de las figuras públicas más polémicas en la historia reciente del país.
López Obrador afirmó que para el 30 de septiembre, cuando finalizó su mandato, México estába mejor que en su llegada al poder, el 1 de diciembre de 2018.
Las cifras muestran un balance de claroscuros.
El número de personas en la pobreza ha disminuido durante este Gobierno, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) —algo que varios analistas atribuyen al incremento del salario mínimo y a las transferencias directas de dinero, a través de programas sociales—.
Mientras, en el acceso a la salud hay un retroceso, y otros resultados son terreno de debate.
Cuando asumió la presidencia, López Obrador prometió “pacificar” México, atendiendo lo que considera la raíz del crimen y la violencia: la falta de oportunidades para los jóvenes.
Pero, hasta agosto de este año, se han registrado 196 mil 380 homicidios dolosos en el país, lo que representa 45.75 por ciento más que los registrados en todo el mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando fueron 137. Mil 289, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
A pesar de estas estadísticas, tanto AMLO como su equipo han reiterado que su estrategia ha dado resultados, porque las cifras de homicidios dolosos no crecen al mismo ritmo que lo hicieron durante la administración pasada y han disminuido cada año.
Los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública les dan la razón, puesto que desde 2019 —el primer año completo del sexenio— se observa una tendencia anual a la baja, aunque los analistas consultados advierten que los niveles de violencia se mantienen altos. Y para muestra esta sinaloa, Chiapas y Morelos.
El investigador Armando Vargas, de la consultora Integralia, comento que si bien López Obrador recibió un país con elevados índices de homicidio doloso, no puede argumentar que su gestión ha sido exitosa porque —señala— no hay pruebas de que sus políticas sean efectivas.
“Podríamos catalogarlo como un éxito de la ‘cuarta transformación’ si hubiera evidencia científica de que la reducción de los homicidios responde a la política de seguridad, ya sea en su dimensión de prevención social, los programas sociales, o en su dimensión más tradicional, policial. Sin embargo, no hay evidencia que lo permita sostener”, expuso.
Por otro lado, López Obrador asegura que la economía de México mejoró en comparación con los gobiernos pasados. Para sustentar su afirmación, suele mencionar el tipo de cambio peso-dólar de EE.UU. —19.62 pesos por dólar al 26 de septiembre según el Banco de México— y el aumento del salario mínimo.
En 2018, antes de que comenzara esta administración, el salario mínimo era de 88,36 pesos diarios, unos US$ 4.50.
Desde entonces, el Gobierno de López Obrador impulsó incrementos anuales. En 2024 el salario mínimo se ubica en 312.41 pesos para la frontera norte, unos US$ 15.92, y en 207.44 pesos para el resto del país, unos US$ 10.57 al cambio actual.
Algunos analistas consideran que el aumento del salario mínimo ha sido uno de los principales logros de este Gobierno.
“Es un avance muy importante para seguir construyendo el acceso a un ingreso digno en nuestro país”, dijo Karolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, los mismos especialistas señalan también que esto no es suficiente porque —advierten— la economía sigue sin crecer al ritmo que necesita para que México genere los empleos que se requieren y su población tenga una mejor calidad de vida.
López Obrador prometió que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería al 6% al final de su sexenio, pero aún está lejos de eso.
De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB de México creció 2 por ciento en 2018, bajó 0,3 por ciento en 2019, cayó 8.7% en 2020 —el año más duro de la pandemia de covid-19—, repuntó 5.8 por ciento en 2021 y cerró en 3,9 por ciento en 2022. En febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el PIB creció 3.2 por ciento en 2023.
En julio, el Inegi informó que el PIB de México creció sólo 1.5 por ciento en el primer semestre del año en comparación con ese mismo periodo de 2023, mientras que en su estimación de junio el Banco Mundial pronosticó que México crecerá 2.3 por ciento al cierre de 2024. Muy pero muy lejos de 6% prometido por López Obrador.
La pobreza aún es un tema pendiente en México.
En 2018, el 41.9 por ciento de la población de México vivía en condiciones de pobreza. Esto equivalía entonces a 51.9 millones de personas, de acuerdo con las cifras del Coneval, el organismo autónomo que mide este fenómeno y presenta un informe cada dos años.
Para 2022 —el dato más reciente—, el porcentaje de la población en condiciones de pobreza bajó a 36.3 por ciento, un número equivalente a 46.8 millones de personas.
Los especialistas consultados atribuyen esta disminución de la población en condiciones de pobreza a factores como el aumento del salario mínimo o el apoyo derivado de los programas sociales, pero explican que, si bien muchas personas han visto una mejoría en sus ingresos, también han resultado afectadas por recortes al gasto público derivados de la política de “austeridad republicana”.
“A partir de los incrementos en el salario mínimo, los ingresos de las familias bajo esta administración mejoraron y lo vemos en los números de la pobreza. Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza y tiene que ver con esta política laboral del salario mínimo. Sin embargo, estas mismas familias ya no están gozando del acceso a servicios públicos de relativamente buena calidad que tenían antes”, dijo la periodista Isabella Cota, autora del libro “Suerte o desastre. El azar como modelo económico de López Obrador”.
Un ejemplo del declive en los servicios públicos está en la salud. De acuerdo con el Coneval, si bien la cantidad de personas pobres se redujo de 2018 a 2022, el número de quienes no tienen acceso a servicios de salud se disparó.
En 2018, la población sin acceso a servicios de salud en general ascendía a 20.1 millones de personas.
Para 2022, la cifra aumentó a 50.4 millones; es decir, se elevó en 150.74 por ciento.
Para Gilas, datos como éste demuestran fallas en la política de salud de la administración López Obrador, que tomó medidas como modificar los esquemas de compra de medicinas y eliminar el Seguro Popular, que atendía a quienes no tienen seguro social y que fue reemplazada, primero por el Instituto de Salud para el Bienestar y después, por el IMSS-Bienestar.
“Los mecanismos de sustitución que se intentaron en un primer o segundo momento no han funcionado y siguen sin funcionar”, dijo Gilas y agregó que el sistema de salud se vio golpeado por la pandemia de covid-19.
Al respecto, una comisión independiente de expertos publicó el 30 de abril un informe en el que indicó que, de las aproximadamente 800 mil muertes en exceso causadas por covid-19 en México, unas 300 mil se debieron a la “gestión deficiente” del Gobierno.
Días después, López Obrador descalificó el documento.
“Ese estudio, entre comillas, se hizo a modo, para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el Gobierno en un caso tan triste, tan lamentable, como fue la pérdida de vidas de miles de mexicanos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.
“Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila. Trabajamos mucho para salvar vidas. México fue de los primeros países en el mundo en obtener la vacuna, pero no sólo eso. En cinco meses vacunamos a todos los adultos mayores de México con una primera dosis”, insistió.
México comenzó la vacunación contra el covid-19 en diciembre de 2020. El primer grupo fue el personal médico, seguido de los adultos mayores de 60 años, entre febrero y mayo de 2021. Según el informe de la Secretaría de Salud del primero de junio de ese año, para ese día el 25 por ciento de la población mayor de 18 años había recibido al menos una dosis.
La misma comisión independiente de expertos dijo en su informe que la vacunación fue uno de los aciertos del Gobierno frente al covid-19, aunque consideró que entre sus principales errores estuvo haber subestimado el virus SARS-Cov-2 y no haber impulsado la aplicación de pruebas de detección. Para los especialistas, esto contribuyó a la propagación de la enfermedad y a un mayor número de muertes.
A lo largo de su carrera política como jefe de Gobierno de la capital mexicana, líder opositor y candidato presidencial, López Obrador hizo del combate a la corrupción una de sus banderas.
Esto se repitió cuando llegó a la jefatura del Estado. El primero de diciembre de 2018, en su primer discurso como mandatario, dedicó al tema cuatro de sus 100 compromisos de Gobierno.
A seis años de ello, las cifras oficiales indican una mejora relativa en este rubro. En 2019, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el Inegi, señalaba que la tasa de la población que había tenido contacto con algún servidor público habia experimentado al menos un acto de corrupción era de 15 mil 732 por cada 100 mil habitantes. Para 2021, esa tasa bajó a 14 mil 701.
Para 2023, el indicador nacional descendió a 13 mil 966 personas afectadas y, por entidad federativa, las cinco con mayores tasas de víctimas de actos de corrupción en trámites fueron Chihuahua (21 mil 891), Guerrero (18 mil 279), Tabasco (17 mil 938), Sinaloa (17 mil 728) y Quintana Roo (16 mil 954).
Entre los analistas, el asunto genera división. Mientras unos consideran que los problemas de corrupción siguen siendo graves, otros resaltan que el presidente haya dado pasos positivos.
Estamos todavía lejos de lograr un avance sustantivo en esta materia, y esto, que es a la vez uno de los avances, uno de los asuntos que hay que anotar en el haber del sexenio de López Obrador, también hay que anotarlo entre los pendientes porque el avance es insuficiente y la corrupción no ha sido erradicada, pero sí contenida.
Durante la mayor parte de la gestión de AMLO, el oficialista partido Morena y sus aliados no tuvieron los votos suficientes para aprobar reformas a la Constitución por sí solos, sino que tuvieron que negociar con la oposición.
Eso cambió tras las elecciones de este año, en las que el bloque obtuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y quedó muy cerca de ese umbral en el Senado.
La nueva integración de ambas cámaras, que se instaló el primero de septiembre, abrió a López Obrador un panorama favorable para sacar adelante reformas constitucionales en el último mes de su administración.
Por eso, la urgencia de Ándres Manuel porque se aprobaran sus reformas.
De hecho, las dos —ambas polémicas— ya fueron aprobadas: la reforma al Poder Judicial y la de la Guardia Nacional.
La primera establece que los ministros, magistrados y jueces deberán ser elegidos por voto popular, una propuesta que López Obrador impulsó argumentando que la ciudadanía debe elegir a quienes la juzgan. No pocos analistas advierten que esto pone en riesgo la imparcialidad de quienes deben dirimir conflictos legales.
En tanto, la reforma sobre la Guardia Nacional señala que este cuerpo, creado en 2019, deberá pasar a la Secretaría de la Defensa. López Obrador sostiene que esto es necesario para fortalecer la institución, mientras que los detractores señalan que la medida implica militarizar las tareas de seguridad pública en lugar de capacitar más a las instituciones civiles.
Con estos resultados, opiniones a favor y en contra, tras seis años de Gobierno entrego la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, su compañera de partido, López Obrador por fin llega al final de su mandato.
Con un México en llamas en donde la violencia es pan de cada día, con controversias por las reformas ya mencionadas, por los conflictos con la Unión Americana y en medio de un escandalo por sus nexos con el NARCO.
Un Acapulco olvidado, sinaloenses en medio del fuego cruzado y una migración de mexicanos a Guatemala desde Chiapas.
Eso y más dejo López Obrador…
Sin duda, la nueva Presidenta tiene mucho trabajo por hacer.
Pero qué nos extraña a usted a mi, si cada sexenio es lo mismo.
Las mismas tropelías con diferente color, pero con el mismo rostro.
Absurdo es decir: Y si no lo hiciera que el pueblo me lo demande.
Asi o mas claro.
Pobre México
