Por Alejandro Mondragón
Una receta que no sirvió en el pasado reciente para combatir al crimen organizado en el país, ¿por qué tendría que servir en esta ocasión?
Me refiero al proyecto del secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, para palomear, calificar y autorizar los nombramientos de los titulares de despacho en los estados del país.
Y lo mismo se extendería a los gobiernos municipales. Una certificación similar a lo que en el pasado se conoció como prueba de confianza.
Genaro García Luna, quien el 9 de octubre de este año recibirá la sentencia de un juez en Estados Unidos por cargos criminales que lo ligan al narco, ya hizo lo mismo.
El entonces secretario de Seguridad con Felipe Calderón se encargó de recomendar y aprobar, por ende, los nombramientos de titulares en los estados panistas.
En Puebla, los resultados fueron funestos, al grado de pagar hoy todavía los saldos de la guerra contra las drogas que se usó para ceder las plazas a los cárteles.
Repito, si lo mismo no sirvió en el pasado panista, por qué tendría que funcionar ahora con la 4T.
Uno de los candados que podría imponerse para evitar que la designación de secretarios de Seguridad en los estados sólo sirva para proteger a los nuevos dueños de las plazas, sería la presencia de marinos o militares en las estructuras de decisión.
Claro, eso implicará la militarización abierta de la seguridad pública, lo que tendría otra connotación.
El secretario García Harfuch no se pondría al brinco con la marina y, menos, con la milicia.
Los primeros 100 días del sexenio de Claudia Sheimbaun serán de fuego intenso para dar resultados. Sus enemigos, que no son pocos, abonarán al caos.
Sigo pensando que aquella receta del pasado que no sirvió, menos servirá ahora, aunque en la lucha contra el crimen ganan, por hoy, los malosos.
