Por Valentín Varillas
Roberto Flores Toledano fue uno de los más prominentes gatilleros a las órdenes del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Pervirtió el sistema de administración de justicia poblano, con el único fin de allanarle el camino a su jefe, persiguiendo y encarcelando a sus adversarios y opositores.
Con tal de cumplirle, manipuló a placer las instituciones públicas del estado.
No es una cosa menor.
En su frenética cacería de incómodos, Flores Toledano ordenó que se giraran órdenes de aprehensión con la misma facilidad con la que se reparten memelas en un puesto callejero.
Jamás le importó si existían los elementos legales que soportaran jurídicamente las acusaciones.
La detención de “incómodos” se hacia por consigna, armando expedientes a modo. Mintiendo, engañando, inventando hechos y utilizando testigos falsos.
El único requisito era que el supuesto delito fuera considerado como grave, de acuerdo al Código Penal poblano, para eliminar de tajo la posibilidad de que el acusado pudiera gozar de la libertad bajo caución.
Cuando los plazos legales se cumplían, las instancias se agotaban y en teoría no había más remedio que dejar en libertad al acusado, Flores Toledano volvía a las andadas.
Rafael le ordenaba que se inventara una nueva acusación de otro supuesto delito grave, para mantener en la cárcel a quien fuera que hubiese sido etiquetado como enemigo de aquel grupo político.
Y otra vez, a empezar de nuevo.
Así, de esta manera, quienes representaban un obstáculo en la consecución de algún objetivo oficial, personal, o simplemente un capricho del entonces gobernador, podían pasar años privados de su libertad sin ser responsables de la comisión de algún ilícito.
Así de fácil, así de injusto, así de indignante.
De esta manera acabaron con honras, con prestigios, con vidas enteras.
Criminal ¿no le parece?
Un concepto muy torcido de lo que debería de ser la separación, la independencia y la autonomía entre poderes.
Esta auténtica pesadilla –vivida y padecida en Puebla- muy aplaudida y celebrada por el panismo local y nacional, es la columna vertebral de su críticas a la reforma al poder judicial aprobada en el Senado de la República.
Un escenario catastrófico que, de no revisarse a fondo los mecanismos legales de aplicación de las modificaciones aprobadas, pudiera ser una réplica fiel de la manera perversa con la que se impartió justicia en el estado, durante aquel gobierno emanado del propio blanquiazul.
