Por Valentín Varillas
El presidente exhibe con pruebas el nepotismo que priva en el poder judicial.
Es demoledor en las críticas que le endilga a su más acérrimo y añejo enemigo.
Casi al mismo tiempo, con el poder que le da la investidura, perfila a su hijo Andy como próximo secretario general del CEN de Morena.
Nada nuevo.
Estampas de un México real que entre sus usos y costumbres más arraigadas se encuentra el “apoyar” con cargos, posiciones, negocios y prebendas a familiares, amigos, compadres, socios y cómplices.
Nada cambia, sólo los beneficiarios de estas prácticas.
Materia prima de sobra hay para escribir un tratado de varios tomos sobre le tema.
Puebla no ha estado ajena a esta realidad.
Desde siempre.
Gobernadores como Guillermo Jiménez Morales que convirtió a su hermano Alberto en el hombre más poderoso del estado.
O Melquiades Morales, que con la fuerza del cargo recién terminado, perfiló la carrera política de su hijo Fernando.
Y coló de paso a su hermanos como cuota para integrarse a diversos proyectos de gobierno.
A Roberto con el marinismo y a Jesús con el morenovallismo.
Poco hubieran hecho en sus respectivas vidas en el servicio público sin el apoyo de tan poderoso allegado.
Rafael llevo el tema a su cénit; a su punto más álgido.
Logro convertir a su cónyuge en candidata y posteriormente en gobernadora del estado.
Nadie se había atrevido a tanto.
Ni siquiera Vicente Fox que, como presidente, al final reculó y se negó a favorecer el proyecto de dejar a Martha Sahagún como su sucesora.
En contraparte, Moreno Valle quemó todas sus naves con tal de mantener vivo a su grupo político, porque sabía que el control del estado era fundamental para perfilar su candidatura presidencial para el 2024.
“La caja chica para la grande”- como coloquialmente le llamaban.
Movió cielo, mar y tierra, además de cientos de millones –juran los enterados – para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hiciera válida la elección a gobernador, después de que aquí se ensayó uno de los fraudes más escandalosos de la vida política poblana.
En la más reciente coyuntura electoral, Eduardo Rivera Pérez condicionó su participación en la contienda, como candidato a gobernador, a que Acción Nacional le entregaran a Liliana Ortiz una diputación por la vía plurinominal.
Los acérrimos críticos del enroque presidencial que pretende imponer a su vástago en un cargo de liderazgo al interior del partido que fundó, olvidan convenencieramente todo lo anterior.
Y todo lo demás.
Porque aquí también, sí se aplica al pie de la letra aquello de que todos lados se cuecen habas.
La memoria selectiva sigue siendo uno de los cuadros clínicos más críticos y contagiosos de la política y el servicios público en este país.
El verdadero eje central del debate, tendría que girar en hasta dónde las relaciones familiares pesan más que los derechos políticos reflejados en la Constitución.
Con todo y que el tema se encuentra considerado en una Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos que hoy parece que se queda muy corta para darnos certezas en torno a lo anterior.
