Por Valentín Varillas
El facilitar que se lleven a cabo los cambios y reformas necesarias para el buen inicio del próximo gobierno, es parte de los usos y costumbres más arraigadas en la política local.
Inclusive, cuando el que llega pertenece a un partido político distinto al del que se va.
Por eso, cometen un monumental error aquellos que critican el que la actual legislatura apruebe las modificaciones a la administración pública estatal para facilitar el que la siguiente administración estatal trabaje de inmediato en sus planes y proyectos prioritarios.
Su admiradísimo Rafael Moreno Valle, también se benefició de la aprobación de una serie de importantes medidas tomadas por aquella legislatura saliente a su llegada a la jefatura del ejecutivo estatal.
Un congreso que, sobra decirlo, era de absoluta mayoría priista.
Durante ese período de transición, los diputados locales aprobaran una capacidad de endeudamiento de hasta 2 mil 500 millones de pesos para financiar los gastos de inicio del primer gobierno morenovallista.
La mayoría tricolor echó para atrás las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, que tenían como eje central la desaparición de la Gran Comisión para dar paso a la creación de una Junta de Coordinación Política, para que se convirtiera en el órgano de dirección del legislativo poblano.
Al gobernador electo no le pareció que Lauro Sánchez, entonces coordinador de asesores de Mario Marín, se convirtiera en el líder de la bancada tricolor en la próxima legislatura e inmediatamente se reculó en un nombramiento que ya se daba por un hecho.
Además, se hicieron modificaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2011, para que la entrante administración estatal contara con 8 mil millones de pesos adicionales.
Recursos provenientes de la Federación, que no estaban etiquetados y que fueron integrados a un fideicomiso que fue utilizado de acuerdo a las necesidades presupuestales del entonces nuevo gobierno.
También se autorizó una partida presupuestal adicional de 5 millones de pesos, por concepto de “gastos inherentes al período de transición”.
Pero eso no es todo
Al igual que ahora, se aprobaron cambios importantes a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, que permitieron la creación de las supersecretarías morenovallistas.
Sí, las mismas que concentraron todo el poder económico y político de aquel gobierno en el círculo más cercano y de mayor confianza de Rafael.
¿Y entonces?
Nada nuevo.
No debería de haber polémica en torno a una serie de acciones necesarias y deseables para llegar lo antes posible a lo que todos queremos: resultados concretos y tangibles en el menor tiempo posible.
Nada más, pero nada menos.
