Por Yasmín Flores Hernández
A usted que me escucha y me lee, quiero compartirle mi opinión nuevamente sobre la Reforma Judicial y porqué estoy en contra.
Ahora bien, la reforma judicial propone la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación.
Así, según Morena, se cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales a un sistema de votación. Las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente son nombradas con participación del ejecutivo y del Senado, con la llamada reforma judicial serían elegidas por voto popular, así como las personas magistradas electorales.
A primera vista es una propuesta atractiva, porque se justifica en nombre de la voluntad popular, que es el núcleo de un régimen democrático. Sin embargo, que sólo unos pocos países en el mundo elijan a los jueces, y que en América Latina se cuente con una experiencia más bien lamentable, debe servir para pensar dos veces en las consecuencias de adoptar tal propuesta.
Quienes propugnan la elección popular de los jueces ofrecen como argumento que el único poder que no surge de las urnas es el poder judicial y, según ellos, esto vendría a ser una anomalía.
No obstante, seamos congruentes, tampoco elegirlos nos garantiza que serán honestos y harán su trabajo de manera parcial, sin sesgos políticos.
Para muestra un botón. En Puebla tenemos varios ejemplos como son Saúl Huerta, quien en febrero pasado fue sentenciado a 22 años de prisión por la violación a un menor de edad, el exdiputado fue votado en las urnas, y no por eso dejó de hacer lo que seguramente por años hizo.
Los teóricos de la democracia consideran precisamente lo contrario. Es decir que, como el poder legislativo y el poder ejecutivo están sujetos al zigzagueo de los pareceres ciudadanos —por definición, circunstanciales—, se requiere un poder que sirva de contrapeso, no como oposición política, sino como espacio en el que las decisiones sean sopesadas y razonadas, sin atenerse a los cambiantes resultados de las urnas.
Por supuesto que, como el caso de López Obrador y Morena ilustra, los políticos de turno tienden a ver como un obstáculo algunas decisiones de la justicia; en particular, aquellas que marcan límites al arbitrio en el ejercicio del poder.
AMLO no es el primer gobernante que arremete contra un poder judicial. En algunos otros casos —como el de Alberto Fujimori en Perú— se ha pasado directamente a la intervención en el sistema de justicia, a fin de hacerlo dócil a los designios de la casa de gobierno.
Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México. Tal sistema de elección popular de autoridades judiciales de todos los niveles no tiene paralelo en la región.
En este nuevo esquema, las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. De acuerdo con el dictamen actual de la reforma, después de una convocatoria pública, cada poder integraría un Comité de Evaluación compuesto por personas expertas para seleccionar a un listado corto de aspirantes; dicho listado sería depurado mediante insaculación y los nombres finales serían remitidos al poder correspondiente para su aprobación.
Así, si un grupo político dominara los poderes Ejecutivo y Legislativo (como es el caso actual de MORENA), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los Comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones.
Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial.
Asimismo, la reforma establecería un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por voto popular, con facultades amplias para supervisar y sancionar al personal judicial, y que estaría a cargo de evaluar el desempeño de las personas juezas y magistradas durante su primer año de ejercicio. El grupo político que captara a ese órgano contaría con una herramienta fuerte para ejercer presión sobre el resto del poder judicial.
Y con ello un retroceso en el combate a la impunidad y, por ende, una profundización del populismo penal.
Durante los últimos años, López Obrador e integrantes de su gobierno han señalado al poder judicial como responsable de la impunidad.
Exhibido continuamente a jueces y juezas por liberar personas, cosa que no está mal, pero con ello dan a entender que las liberaciones son producto de prácticas corruptas o formalistas y promueven la idea que el castigo debe prevalecer, por encima del debido proceso.
Sin embargo, tal como lo analizamos en nuestra primera colaboración, la abrumadora mayoría de los casos de impunidad en México no son atribuibles a las autoridades judiciales.
Esto no significa que no haya corrupción en el poder judicial o que no sea urgente abordarla con mecanismos eficaces. Pero si se trata de ubicar dónde ocurre la impunidad en los delitos reportados por la población, esta ocurre principalmente en la etapa de investigación por parte de las fiscalías.
Por su parte, del pequeño porcentaje de delitos que sí llegan ante la autoridad judicial, los jueces y las juezas suelen ratificar las detenciones en flagrancia; la imposición de la prisión preventiva es la regla; y las personas acusadas son sentenciadas en la gran mayoría de los casos.
En pocas palabras, y para que usted que me escucha y me lee me entienda: el primer respondiente es el policía y después las fiscalías, en donde radica mayormente la corrupción e incapacidad para realizar de manera eficaz una carpeta de investigación.
Ejemplos podría ponerle muchos, a su servidora le ha tocado ver como en más de una ocasión, un juez de control ha regañado en plena audiencia inicial al Ministerio Público por no saber realizar sus alegatos, o bien no saber llevar una audiencia.
En este contexto, la reforma judicial daría lugar a la continuación y profundización de prácticas de impunidad y abusos contra la población.
Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera a personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad.
El resultado sería un sistema penal con incluso más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables.
En la misma línea, otra de las reformas constitucionales propuestas es una nueva ampliación del catálogo de delitos de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
Es decir, se ampliaría nuevamente la lista de delitos en los que la autoridad judicial ni siquiera tiene la posibilidad de no encarcelar a la persona durante su proceso penal, sin que las fiscalías tengan que justificar la privación de la libertad.
La PPO es de por sí una violación de los derechos humanos y trastoca seriamente el funcionamiento del sistema penal. Lejos de ampliarse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha determinado que el Estado mexicano tiene la obligación de eliminar esta práctica.
Es importante recalcar que el problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces y juezas otorgue ‘demasiado’ poder a la población. El problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso.
Le pongo un escenario:
Aquel periodista que suele ser crítico, que dice las cosas sin tapujos, ni medias tintas. Dirían por ahí el incómodo, que está detrás de un actor político, señalando sus corruptelas.
Un día sin más, el político manda iniciativa para callar al periodista incómodo, se aprueba, se modifica la ley y aquel derecho a la libertad de expresión queda anulado, sumado a ello el político denuncia al periodista y el juez se la debe al político, no al periodista.
Exacto, el periodista esta anulado, igual que sus derechos.
Así o más claro.
Y el que diga que en México no pasa nada, miente…
Porque pasará y habremos creado a un monstruo de mil cabezas.
México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas.
La reforma actualmente propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos, imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia en México.
Le comparto algunas caricaturas que explican el trabajo del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura.
No deje usted de verlos.
México mi país, en donde nací y del que me siento orgullosa.
No a la Reforma Judicial.
