Por Valentín Varillas
Rafael Moreno Valle no improvisó al momento de concesionar el servicio de agua potable para la capital y siete municipios conurbados.
Al contrario, la amarró perfectamente.
Cuidó cada detalle y limó cualquier arista que pudiera quitarle lo terso a un negocio redondo.
Y muy rentable; faltaba más.
Sobre todo en lo que a la duración de la concesión se refiere.
Había que garantizar, a como diera lugar, que se cumplieran los 30 años prometidos.
Que resultara, en términos de viabilidad financiera, prácticamente imposible revertirla.
De esta manera, el entonces gobernador echó mano de los mejores, los más eficientes y con mayor experiencia del país.
Utilizó a los mejores para evitar que los siempre caprichosos vaivenes de la política pudieran afectarla.
El despacho White & Case, por ejemplo.
Aquel que le dio forma al marco legal con el que se privatizó el líquido y creó el entramado jurídico que normó los famosos Proyectos de Participación Social (PPS).
También el que regula la entrega de proyectos de construcción y administración de carreteras a constructoras privadas.
Agua de México, propiedad de la familia Gutiérrez Cortina, tristemente célebres por haber construido la Estela de Luz en tiempos de Calderón, encontró en Puebla una mina de oro.
Pagó mil 400 millones de pesos por un organismo que valía por lo menos diez veces más.
Que había recuperado más del 75% de su cartera y se había sometido a un estricto proceso de reingeniería financiera.
Así lo demuestran los resultados de las distintas auditorías realizadas al Sistema Operador previo a su privatización.
Pero desde antes de que el congreso del estado votara a favor de la concesión, la empresa empezó a tener ya algunos contratos de obra, como para dejar un antecedente de que fungía ya como proveedora del gobierno estatal en un intento muy burdo de justificar el beneficio.
Agua de México fue la empresa responsable de la realización de obras relacionadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales de la capital y zona conurbada.
Por ejemplo, la realización del “Proyecto ejecutivo de la ampliación de las cuatro macroplantas de tratamiento de agua residual de la Ciudad de Puebla, Puebla, para alcanzar calidad de descarga 30 sst/20 dbo/40 d00”, por el que cobró $20,729,605.90, según el contrato SR/LPNN29/SI-20120794 con fecha de noviembre de 2012.
En septiembre de 2013, Agua de México obtuvo el “Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales en la localidad de San Andrés Cholula, Municipio de San Andrés Cholula”, por el que cobró $939,600.00 de acuerdo con el contrato SR/I3F026/SI-20130296.
En este contexto, campañas han ido y venido prometiendo que la concesión del agua se revertirá.
Materia prima valiosa para atraer una muy buena cantidad de votos en medio de una contienda electoral, pero completamente estéril como potencial acción de gobierno.
