Por Rocío García Olmedo
Aun cuando todavía faltaría la resolución de impugnaciones -que seguramente se interpondrán- sobre el Acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado viernes que asignó el número de diputaciones y senadurías por la vía de la Representación Proporcional, seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya no hará modificaciones sustanciales.
El partido Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 364 y le faltaría sólo dos o tres personas para alcanzarla en la de Senadores. La sobrerrepresentación ha sido consumada.
En los últimos días, mucho se ha escrito y analizado en torno al sentido y adecuada interpretación de la norma jurídica que dispone estas asignaciones; la mayoría señalando que debía considerarse la estrecha relación que guardan las tres fracciones (I, IV, V) del Artículo 54 de la Constitución; que se echara mano de los Principios Generales del Derecho pero también que debía considerarse el Principio de Progresividad establecido constitucionalmente para asignar y designar tanto a los 200 representantes en el caso de la Cámara de Diputados, como a los 32 lugares en la Cámara de Senadores, ya que sostienen que, la sobrerrepresentación del ganador implica la subrepresentación del perdedor. Nada fue escuchado.
Diversos analistas, expertos juristas constitucionalistas, mencionan que el modelo pluralista que dio cauce a la inclusión de las minorías desde la década de los setenta y que llevó a construir el sistema político electoral mixto en México ha sido destruido; olvidando que si bien, 36 millones de personas votaron a favor del actual partido hegemónico Morena; hay 24.7 millones de mexicanos y mexicanas que votaron por las oposiciones, sin olvidar también que 38.3 millones decidieron no votar.
¿Transformación con exclusión? Bien puede ser una contradicción de la que seguramente pronto conoceremos su impacto político y jurídico.
El plan C del saliente presidente se sigue concretando aun cuando como en este caso se hicieron propuestas alternativas que provocaron amenazas en contra de Consejeros y Consejera del INE que las sostenían, estamos testimoniando la reconfiguración del sistema político electoral, pero también de la nueva conformación del gobierno federal que de entrada incluye la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) entre otros, cuyos dictámenes de desaparición ya fueron aprobados para ese efecto en Comisiones y sólo esperan la llegada de la próxima Legislatura federal para que sean aprobados en el Pleno con la mayoría calificada que ya “obtuvieron” en Cámara de Diputados y que seguramente negociarán los 2 o 3 votos que solo les hacen falta en Cámara de Senadores para darles vigencia ya que todas son reformas a la Constitución mexicana, incluido también el dictamen aprobado ya en Comisiones respecto de que la Guardia Nacional pasa a ser parte del Ejército Mexicano. Todo lo cual abre la puerta a la destrucción del principal logro de “aquel gran movimiento definidor del siglo XX mexicano que fue la formación de un nuevo régimen estatal de instituciones” que costó décadas avanzar en su construcción.
A diferencia del objetivo esencial de la época de los sesenta y setentas que sostenían la necesidad de dar voz a las minorías del país, pensarán hoy que con cerrar el paso a las minorías desapareciendo la pluralidad en el Congreso de la Unión para dar paso a una sola fuerza hegemónica desaparecerá la pluralidad del país? Yo, no lo creo.
Por lo pronto Consummatum est.
