Por Yasmín Flores Hernández
El presidente Andrés Manuel López Obrador despedirá su sexenio, con una cascada de propuestas legislativas.
El 5 de Febrero de este año, cuando se conmemora un aniversario más de la Constitución de 1917, se envió por el Ejecutivo al Congreso la iniciativa que forma parte del paquete de reformas, una de ellas la Reforma al Poder Judicial.
“La iniciativa, es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, ha explicado en más de una ocasión el mandatario ante la prensa.
Desde Yucatán también mencionó:
“No vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de Reforma al Poder Judicial.
Voy a enviar una iniciativa para que a jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”.
Pero, ¿qué tan real es esto?
Mmm….
Tengo mis dudas.
Por su parte, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum abrazó la propuesta y la usó como bandera.
Ahora, la próxima presidenta ha intentado contener el nerviosismo y ha delineado un matiz: que la propuesta no llegue al Legislativo, sin antes ser discutida en un debate público con sectores sociales, incluidos los propios jueces, magistrados y ministros.
En su momento Sheinbaum comento que dichos diálogos tendrían que realizarse, previo al inicio de la apertura de sesiones en septiembre, para llegar a tiempo a tratarlas en la nueva Legislatura, antes de que salga López Obrador del cargo.
La pregunta obligada es:
¿Por qué tanta prisa?
Sheinbaum ha defendido la necesidad de un amplio debate bajo la idea de que mucha gente no termina de entender cómo funciona el Poder Judicial.
“Que se conozca la reforma, y que se discuta sobre el tema, siempre ayuda el diálogo”, manifestó.
Frente al pedido de los trabajadores del sistema judicial de ser escuchados, Sheinbaum ha prometido que va a recibirlos.
El pasado jueves 27 de junio se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el “Primer foro sobre la Reforma al Poder Judicial con el tema:
¿Qué Poder Judicial tenemos?
¿Qué Poder Judicial queremos?
Asistieron legisladores de ambas cámaras, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representantes del gobierno federal y de la FGR, para analizar los cambios que se proponen, así como los retos y las alternativas que se enfrentan para que la reforma propuesta por la Presidencia sea avalada.
Dicho diálogo tuvo una duración de 3 horas con 49 minutos, en donde cada exponente tuvo la oportunidad de pronunciarse con respecto a la reforma.
Hasta el cierre de esta colaboración llevamos tres foros.
Que creame ha sido interesante ver como los coordinadores Ignacio Mier y Ricardo Monreal se desviven en elogios, por la Presidenta Electa, pareciera ser más una serie de foros donde se trata de legitimar a un gobierno que aun no comienza.
Pero de eso hablaremos en un segunada entrega, volvamos al tema.
A usted que me escucha y me lee, no le cambie, yo se que puede sonar aburrido este tema, y que puede usted decir que no le interesa.
Pero dejeme llevarle la contraria, nos debe importar a todos, ya que usted y yo en algún momento hemos tenido que ver las injusticias de lejos y tambien de cerca.
Y lamentablemente somos víctimas de jueces, magistrados, fiscales y demás que sin ninguna experiencia, ni cualidad hoy despachan en sus centros de trabajo, por pago de contiendas electorales, amiguismos o bien simplemente por nepotismo.
En esta reunión, escuchamos las opiniones y posiciones de diferentes personajes; a algunos pareciera que les escribieron lo que debian decir a favor de la reforma de la misma manera, sin variar una coma o un punto.
O bien alabando a la Presidenta electa, olvidándose del punto toral de dicho diálogo.
Algunos otros como el director general de la Unidad de Vinculación de la FGR, Óscar Bernaché Domínguez, a quien tengo el gusto de conocer, me pareció que perdió la oportunidad de expresar el criterio del Fiscal General de la Republica Alejandro Hertz Manero, sobre el tema.
Considero que dicha reforma debería considerar también a la Fiscalia General de la República y, por tanto, a las Fiscalías de cada estado, ya que van de la mano de la jueces, magistrados y ministros, y donde -sin duda- inicia el tema de la corrupción, apatía, violencia de género y demás.
Y si no pregúntele usted al Fiscal de Puebla, Higuera Bernal, que lleva documentado en esta colaboración, a dos Fiscales especializadas, corruptas y violentadoras.
Bernaché sólo comentó que espera que estos diálogos sirvan para construir una reforma al Poder Judicial en beneficio del pueblo, como vera usted, bastante escueta su pronunciación respecto al tema.
En la discusión también estuvieron presentes representantes de trabajadores del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura Federal
- José Alfonso Montalvo Martínez, consejero de la Judicatura Federal
- Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México
- Lilia Mónica Benítez, consejera de la Judicatura Federal
No podia faltar la opinión de los ministros de la Suprema Corte, empezando con el ministro Jorge Pardo, quien apuntó que la carrera judicial ha demostrado que sirve para seleccionar a los mejores perfiles para impartir justicia en el país; asimismo, alertó los riesgos que pueden darse en el país si, de golpe, se eliminan a mil 600 jueces, por lo que, en caso de aprobarse los cambios, recomendó que éstos sean graduales.
“Sustituir, en un mismo momento, a mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia”
Por su parte, la ministra Lenia Batres fue la segunda en hablar, quien recordó que, para una buena parte de la población mexicana, la justicia se ha caracterizado por ser cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta y parcial, palabras que le valieron aplausos por parte de los integrantes de la 4T que se encontraban en la sala.
Pero a mi parecer nunca explicó porqué un juez que se elije de manera popular, va a ser mejor, idóneo, cercano, incorruptible y confiable a la sociedad, por ejemplo.
El ministro González Alcántara también salió en defensa de la carrera judicial y sentenció que el mayor riesgo del voto popular es que se politicen los cargos, lo que podría dañar el acceso a la justicia; sin embargo, más allá de lamentaciones, sentenció que se tiene construir una reforma que atienda a los retos que tiene el poder.
“Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertiz que a lo largo de los años, con esfuerzo, se ha construido en México”
Asimismo, el ministro Javier Laynez Potisek agradeció la apertura al diálogo; recomendó que se escuchen las experiencias y trabajo de todos los que laboran en el Poder Judicial, pues indicó que 30 años han pasado desde que se implementó la carrera judicial.
Además, alertó sobre la corrupción que se puede generar con la votación popular de los cargos.
“Discúlpenme, lo digo con todo respeto, pero me rehuso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias.
Sigo convencido de que la mayoría de las personas juzgadoras son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos”, explicó.
Y no podria faltar la imprensentable ministra Yasmin Esquivel Mossa, quien se posicionó a favor de la votación popular de los jueces, ministros y magistrados; no obstante, sentenció que los perfiles tienen que cumplir con puntos específicos, puntos que ella, nunca cumplió.
Se le olvida a la ministra que para poder hablar hay que tener la cola corta, ya que nunca explico del todo el probable plagio de su tesis.
Pero que pasaria si usted y yo lo hicieramos, seguro ya estariamos siendo denunciados.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, explicó que una reforma mal planteada podría traer problemas económicos en el país y alejaría a los inversionistas; también alertó sobre el riesgo que podría presentarse si actores económicos inciden en las votaciones populares que se plantean, lo que generaría desigualdad, porque no todos tendrían acceso a la justicia.
Una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico, reiteró.
De la misma forma, el ministro Pérez Dayán indicó que no se deben de hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma rápida, debido a que se podrían generar impactos negativos y explicó que se debe de dar un análisis profundo.
“La prisa no es un buen consejero”, alertó.
La ministra Loreta Ortiz Ahlf se posicionó a favor de la reforma al Poder Judicial; no obstante, a diferencia de Esquivel Mossa y Batres Guadarrama tuvo sus matices, especialmente, en el tema de la votación popular, debido a que consideró que estos deben de responder a algunas características especiales.
La integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat abordó la confusión que existe al interior de la ciudadanía sobre el trabajo del Poder Judicial, pues recordó que se cree que las Fiscalías y la policía forman parte de éste cuando no es así, por lo que expresó que la discusión se debe de basar en más allá del poder, sino de todos los que intervienen en la impartición de justicia, para poder realizar un cambio de manera radical.
Durante su disertación, el ministro Luis María Aguilar indicó que la independencia judicial no es un derecho únicamente de los jueces, sino que es para todo el pueblo de México; no obstante, destacó que la reforma que se discuta garantice que la justicia sea imparcial y efectiva, protegiendo los derechos de la ciudadanía.
“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho del pueblo de México”
Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, aseguró que llevan cuatro meses escuchando a las personas de todo el país para conocer su visión sobre el Poder Judicial de la Federación; destacó que la justicia no es exclusiva del Poder Judicial y pidió crítica constructiva donde se ponga en el centro a las víctimas.
“La justicia no sólo es una cuestión de leyes y tribunales, la justicia es una cuestión de derechos humanos, ética que incluye a todos los integrantes del gobierno”.
Asimismo, invitó a diluir las diferencias por medio del diálogo y volvió a alertar sobre el cambio veloz a la Constitución que puede impactar en la vida de la ciudadanía, por lo que dijo que toda reforma tiene que estar basada en la verdad y en datos duros, no en otra cosa.
“En la Reforma Judicial no debe pesar más la velocidad que la idoneidad”.
Y no podia faltar el expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, quien agradeció la invitación de Ignacio Mier Velasco, para exponer su punto de vista, explicó que las críticas al Poder Judicial son necesarias, por lo que cuestionó que se dejó de combatir a la corrupción que hay dentro de la institución y su acercamiento a la derecha.
Solo se le olvida al exministro Zaldívar que el fue parte de dicha corrupción, por lo que a la fecha existe un proceso abierto contra el.
Ahora bien en pocas palabras y para resumirle a usted la reforma al Poder Judicial, propone que vayan a elección popular los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. En total, más de 1.600 cargos judiciales irían a las urnas, a los que podrán postularse miles de abogados. La primera elección de todos estos cargos judiciales se realizaría en junio de 2025.
La propuesta plantea además una reforma al CJF, el órgano encargado de la administración de la judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces, a excepción de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral. Se propone crear por separado un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.
Otro de los cambios más importantes es la eliminación de las dos salas del Supremo, en las que se despachan asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, para que todo se resuelva en el pleno.
También se establece un candado para que la Corte no pueda otorgar suspensiones de normas generales, ni suspensiones con efectos generales, una facultad que ha sido objeto de crítica por parte de López Obrador, luego de que los ministros han suspendido leyes expedidas por el Congreso hasta en tanto resuelven el fondo de las impugnaciones, como sucedió en su momento con el frustrado “Plan B”.
Este cambio en la reforma plantea que “no puede cesar la aplicación de una ley mientras no se dicte sentencia, lo que conlleva a que no puedan ser objeto de medidas cautelares como son la suspensión”.
La reforma oficialista propone una Suprema Corte integrada por nueve ministros, en lugar de los 11 actuales.
La postulación a estos cargos no será abierta a toda la ciudadanía, ahí esta el truco, a usted que me escucha y me lee, ponga atención:
La iniciativa establece que el primer domingo de junio de 2025 se deberá realizar una elección extraordinaria para renovar, por medio del voto, a todos los ministros de la SCJN, a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distritos y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los ministros y magistrados se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias, que serán propuestas por los tres Poderes de la Unión:
- El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas
- El Poder Legislativo presentará por mayoría calificada hasta 5 candidaturas por cada Cámara.
- El Poder Judicial planteará por mayoría de 6 votos hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte.
La propuesta de reforma señala que en el caso de los 1,600 magistrados de Circuito y jueces de Distritos se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo.
“Los Poderes de la Unión procurarán que sus postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, establece la propuesta de López Obrador.
Los nuevos ministros durarían en el cargo 8, 12 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas (entre más votados, más tiempo se quedan).
Los candidatos a ministros deberán tener un título solo de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales.
Los actuales ministros no podrán postularse a la elección de los nuevos integrantes del Supremo.
Los aspirantes harán campaña, tendrán acceso a espacios en radio y televisión para presentar sus propuestas y participarán en debates, pero no contarán con recursos públicos ni podrán recibir donaciones privadas para ello, lo que se presta a más corrupción y clientelismo.
Los comicios serán organizados y fiscalizados por el INE, que enviará los resultados de la elección al Senado.
El costo por dicha elección, nos costaria según Ricardo Monreal entre tres mil y tres mil quinientos millones de pesos.
¿Qué tal?
O sea como ve usted, nosotros, los ciudadanos no los elegimos.
Los elige el Partido en el Poder.
Esto solo es una parte de la llamada Reforma Judicial.
Si le soy sincera, siempre he sido critica del sistema de impartación de justicia, pero me parece que esta no es la forma.
No solamente estoy en contra de esta propuesta, sino que en este contexto actual sería muy riesgoso porque no dejarían pasar perfiles que después muestren independencia, buscarían establecer filtros previos para que no se cuele nadie que después pueda ir en contra de sus directrices.
Tendrían que ser apoyados por los grupos políticos y eso sería lo peor que le podría pasar a la Suprema Corte, que lleguen personas con perfiles más políticos, quienes, en lugar de interesarse por una interpretación adecuada, una interpretación objetiva del texto constitucional, lo hagan a partir de los intereses de quienes los apoyaron, o bien afines ideológicamente.
En este caso no es garantía tener las mejores credenciales jurídicas, ya que no sirven absolutamente para nada.
Resulta todo lo contrario, el 90 % será lealtad y el 10 % competencia.
Destituir para controlar a un poder, jamás será la forma de impartir justicia, a una nación dolida por la corrupción, el nepostismo, la apatía, el influyentismo y la falta a los derechos humanos.
Los casos de corrupción son la excepción, no la regla general.
