Por Alejandro Mondragón
En política no existen las casualidades, sólo las causalidades.
Por eso, no fue casual que Enrique Doger se haya lanzado, como vocero de Alejandro Armenta, contra Eduardo Rivera, por el tema de su inhabilitación en el Congreso del Estado.
Aunque sí existió una causalidad, pues no sólo Alejandro Armenta, sino su equipo más cercano, saben bien que ese dardo sería más bien un boomerang.
¿El ataque mediático a Rivera fue más bien el sacrificio político del vocero más antimarinista?
Se conoce con antelación que no hubo acuerdo político entre Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez para exonerar a éste último.
El 6 de julio del 2017, el hoy candidato a la gubernatura por Morena, PT, Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México se reunió con Eduardo Rivera en el hotel Royalti, a la vista de todos.
Ambos formalizaron una alianza contra el morenovallismo, por lo que ese mismo día arribó el exalcalde Luis Paredes para descalificar a Eduardo Rivera.
Armenta dejó en claro, de acuerdo con sus palabras divulgadas por la prensa de aquel día:
“Lalo es un hombre consistente, déjame decir que tiene una formación ideológica fuerte, nos conocemos desde nuestra infancia política y sería una pena que en esta colonización que ha hecho Rafael Moreno Valle del PAN, que un hombre con alto grado de competitividad sea afectado en sus derechos. Yo estoy seguro que no sólo en Morena, estoy seguro que en muchos partidos políticos quisieran tener en su alineación a Lalo, ahí dependerá de los panistas”.
Hasta aquí la cita.
Meses después, el 6 de marzo del 2018, Eduardo Rivera Pérez, ganó el juicio de amparo que presentó en contra de la inhabilitación por 12 años de la función pública y la multa de 25.5 millones que aprobó el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Rivera Pérez, contra el acto reclamado al Congreso del Estado de Puebla, consistente en la resolución del siete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016, mediante la cual se determinó que el aquí quejoso es administrativamente responsable de las irregularidades imputadas”, indica la resolución del amparo 619/2017.
¿Dónde aparece el punto clave?
Simple. Esa Legislatura no impugnó más el caso, tampoco revocó la inhabilitación, quedó en la congeladora.
La razón fue clara: dejaron a salvo los derechos políticos de Eduardo Rivera, porque sería el candidato del morenovallismo a la alcaldía en 2018.
¿Puede retormar el caso?
Pregunto: ¿Ya prescribió?
Todo apunta a que no. Puede descongelarse.
Pero lo cierto es que en 2017 hubo una alianza política entre Rivera Pérez y Armenta Mier contra el morenovallismo, hoy incrustado en la operación política de Morena.
Vaya trabalenguas.
