Por Valentín Varillas
Auténtico revuelo ha causado el hecho de que, desde la presidencia de la República, se le den todo tipo de apoyos a Samuel García para posicionarse entre el electorado potencial en la carrera por la sucesión.
Como si fuera una estrategia novedosa, única, genial.
Infiltrar a un comodín para debilitar, o en este caso humillar a verdadero perfil opositor, es un recurso tan viejo como la política misma.
Nada que no se haya visto antes.
AMLO está obsesionado en mandar al tercer lugar a Xóchitl Gálvez y no escatimará recurso alguno para lograrlo.
Como en momento lo hizo Peña Nieto por él.
Aquí no hubo apoyos a un potencial esquirol, pero sí un descarado uso de las instituciones públicas del Estado mexicano para golpear a Ricardo Anaya, el candidato del PAN.
En este caso, fue una denuncia presentada ante la PGR por el supuesto delito de lavado de dinero.
Para hacer creíble el garlito, utilizaron como tonto útil a Ernesto Cordero, en ese entonces senador miembro de la bancada blanquiazul.
Uno de “casa”.
Un correligionario que acudió ante la instancia encargada de procurar justicia en el ámbito federal, a presentar un video como prueba.
En las imágenes aparecía Juan Barreiro, ligando con supuestas pruebas “irrefutables” y “contundentes”, al abanderado panista con una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La querella apareció, como por arte de magia, apenas unas horas antes del tercer y último debate presidencial.
Cordero y sus abogados aseguraban que no existía coherencia alguna entre los ingresos oficiales reportados por Anaya y su patrimonio personal.
Hubo frases demoledoras en sus declaraciones a los medios.
Mire ésta: “Lamentablemente nuestro candidato no es una persona honesta, yo creo que al final del que debieran de expulsar del PAN es a Ricardo Anaya que entregó ideológicamente al partido y a parte es un deshonesto y está rodeado de gente deshonesta”.
Brutal.
En febrero de ese 2018, la primera denuncia sobre este mismo caso la había presentado la organización Consenso Ciudadano por Querétaro.
Así, desde febrero hasta junio se le colgó la etiqueta de delincuente de cuello blanco al único capaz de cerrar un poco la elección presidencial.
Nunca con posibilidades reales de ganar.
Pero había que ganar por paliza y evitar a toda costa que le diferencia entre AMLO y Anaya justificara que la elección se resolviera en tribunales.
Como sucedió en el 2006.
La madriza, mediática y jurídica, pegó de lleno en la línea de flotación de la campaña de Anaya.
Todas las encuestas mostraron una caída del panista de al menos 6 puntos porcentuales, entre los meses de febrero y abril, mientras el candidato de Morena crecía los mismos seis puntos en el mismo período de tiempo.
A esas alturas, el hoy presidente era ya inalcanzable.
Por si fuera poco, los ejercicios estadísticos mostraban que no había forma de hacer crecer a Anaya para competirle a Andrés Manuel.
Y es que, los números mostraban que con Meade fuera de la contienda (30 puntos debajo de AMLO) apenas 13% de su votación potencial optaría por Anaya, pero 6% votaría por López Obrador.
Un crecimiento potencial de 7 puntos, en el mejor escenario, cuando había por lo menos 20 de diferencia.
Sí, era la muerte de la teoría del “voto útil”.
Lo de la denuncia de Cordero era ya el cierre de la pinza, para no dejar un sólo cabo suelto.
Para reducir al mínimo el segmento de los indecisos que pudieran al final inclinarse por Anaya.
Esta fue la génesis no únicamente del Ricky Riquín Canallín, como mote a Anaya, sino del pacto de impunidad entre Peña y López Obrador.
Pacto que, sobra decirlo, hasta la fecha goza de cabal salud.
Esa sí fue una auténtica operación de Estado para hacer ganar al verdadero candidato del entonces presidente.
Lo de Samuel, son minucias.
Por favor.
