Por Rocío García Olmedo
Las mujeres somos aliadas estratégicas cuando de causas se trata. Muchas causas han sido las que nos han unido a lo largo de la historia, todas, se suman en una, nuestros derechos.
Si bien diferentes han sido los métodos que cada una usamos para incidir, hemos sin duda avanzado, pero también reconocemos los retrocesos que hemos vivido en este sexenio. Nuestros derechos han sido vulnerados.
Todas sabíamos que uno de los focos rojos por lo que representaba a nuestros derechos, estaba en esas propuestas constitucionales que el ejecutivo envió y que él mismo definió como su plan A y su plan B para reformar la Constitución Política y diversas leyes en materia político electoral que trastocaban no solo procesos electorales que estaban en marcha, además habían sido aprobadas sin análisis, sin estudio y violentando gravemente el proceso legislativo, peor aún sin siquiera conocerlas como quedó bien documentado.
Más aún si consideramos también, que el presidente nos dejó muy claro el objetivo de sus iniciativas: reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), regresar el manejo de los procesos electorales al gobierno, intervenir en el padrón electoral, recortarle recursos, eliminarle el 85% del servicio electoral profesional, entre otros; todo, en clara afectación a los procesos electorales que vivirá el país en 2024, pero también tenían afectaciones a nuestros derechos adquiridos, entre otros, el Principio Constitucional de Paridad, ponía en riesgo lo que conocemos como 3de3 ningún agresor con sentencia firme en el poder público, que como bien se ha dicho, no tiene dedicatorias, tiene destinatarios.
Por fortuna las innumerables impugnaciones presentadas por diferentes actores, fueron abordadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarando su inconstitucionalidad.
Sabemos que los ministros y ministras de la Corte (SCJN) tienen como función ser garantes y guardianes de la Constitución Mexicana y fungir como mediadores en las controversias constitucionales, enorme responsabilidad de gran importancia que al presidente le molesta.
Conocer el Resolutivo al plan A y al plan B, provocó la furia del presidente en contra de la mayoría de Ministros y Ministras de la SCJN, arremetiendo contra ellos y ellas, especialmente en contra de su presidenta, olvidando convenientemente, que en nuestro país la división de Poderes es la base de la organización política, que si bien el Poder Ejecutivo que él representa ha ejecutado todas sus propuestas, como lo ha hecho el Poder Legislativo “sin cambiar una sola coma” atendiendo a todas sus instrucciones; el Poder Judicial representado por la Corte ha sido el que ha asumido con una gran responsabilidad su autonomía cumpliendo con la división de Poderes.
Por ello hoy, el presidente ha emprendido una nueva estrategia, cambiar la forma en que se eligen a los integrantes del Poder Judicial; e insistir en someter al INE mediante una nueva reforma constitucional que presentará inmediatamente después de las elecciones del 2024 y antes de la conclusión de su cargo. Para ello lanza su plan C, se trata de que ganen las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, para que le aprueben estas reformas constitucionales que por serlo requieren de mayoría calificada. Y lo dicen como si fueran a ganar todo, cuando falta todavía “que corra mucha agua” en este proceso electoral adelantado.
Pero las mujeres nos estamos alistando, no permitiremos más retrocesos, por ello reiteramos nuestra alianza estratégica ante todo esto.
No permitiremos que se tergiverse el Principio de Paridad; debemos estar pendientes del Acuerdo que determinará el número de mujeres que contenderán para las 9 gubernaturas que se eligen en el 2024, porque caminamos de la paridad cuantitativa hacia la paridad cualitativa; porque tenemos que vigilar la armonización en todas las Constituciones estatales de la reforma Constitucional de la 3de3 y su aplicación, establecer los mecanismos y las herramientas para contar con un Registro Nacional y estatales en coordinación interinstitucional (INE-DIF-Fiscalías) que incorpore a las personas sancionadas por delitos de violencia familiar, violencia sexual y deudores alimentarios, para lo cual requerimos que las autoridades judiciales se obliguen a eliminar la impunidad existente en delitos contra mujeres; porque también entre otros, debemos vigilar que los partidos políticos ya no sólo soliciten para sus postulaciones cartas bajo protesta de decir verdad, sino hagan uso de las Cartas de Idoneidad y Elegibilidad en cargos de elección popular.
Por eso no podemos dejar que personajes sin propuestas de reconstrucción y sin agenda de mujeres lleguen a cargos, mucho más porque sabemos que cuando de causas se trata, las mujeres somos aliadas estratégicas.
