Por Rocío García Olmedo
El 3 de abril inició una nueva historia en el Instituto Nacional Electoral (INE), una mujer preside por primera vez la Institución, Guadalupe Taddei Zavala.
Si bien siempre será una interrogante que este tipo de cargos de alta especialidad sean designados mediante sorteo, aun cuando estaba también previsto en la Convocatoria, pero como último recurso, sólo cuando el diálogo y el acuerdo político no se alcanzara; en la Cámara de Diputados decidieron “brincarse” este paso -el del diálogo y el acuerdo político- y se fueron directo al sorteo. En fin.
Las nuevas integrantes sumarán su experiencia adquirida durante su desempeño profesional en el ámbito de las estructuras locales del INE de donde provienen, a la experiencia demostrada de las actuales consejeras.
Por primera vez también en la historia del Consejo General del INE, su nueva conformación es mayoritariamente de mujeres, 6 Consejeras Electorales, una de ellas Consejera Presidenta de 11 personas que lo integran, lo que es esperanzador si lo miramos desde el enfoque de que en su actuar atenderán la perspectiva de género.
A lo anterior podemos agregar que justamente por su experiencia desde lo local, tienen claro el retroceso que representa el plan B, al pretender centralizar nuevamente las elecciones, y el daño que representa para la institución, tener que liquidar a más cinco mil empleados especializados, no sólo por lo económico que representaría, sino por la pérdida de profesionales necesarios para la preparación, organización y vigilancia de las elecciones, que el día de la jornada electoral en las casillas electorales unidos a la ciudadanía generan elecciones confiables, justas, imparciales y libres.
Si bien habrá que esperar lo que se resuelva sobre el plan B, deberán cumplir en su actuación con lo que establece la Constitución y por lo pronto las leyes secundarias vigentes, esperando también que su actuar permita continuar impulsando la progresividad de nuestros derechos reconocidos en 2011 y en la aplicación del principio de paridad en la conformación de la representación política nacional alcanzado en 2014.
Lo comento porque otra nueva historia se ha iniciado en contra de los derechos político-electorales de las mujeres, ahora en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
En la Cámara de Diputados el partido político Morena ha presentado una iniciativa a la Constitución para reformar los artículos 41 y 73 que vulneran las facultades del TRIFE.
Si de por sí hay aún retos en la aplicación y materialización del principio de paridad y por sí mismas las propuestas que integran el plan B respecto al cumplimiento de dicho principio, son una amenaza, ahora se propone debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), al restringirle y limitarle facultades y competencias, para establecer, modificar o fijar acciones afirmativas, restringiendo con ello sus facultades interpretativas y de control de convencionalidad en perjuicio de los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos minoritarios históricamente discriminados para ocupar espacios públicos, poniendo en riesgo la facultad de tutelar la protección de los derechos de las mujeres y de las minorías.
¿A qué autoridad recurrirán las mujeres cuando sean víctimas de discriminación y violencia política en razón de género, si los tribunales electorales solo podrán resolver controversias que “se susciten por normas generales, actos y omisiones reguladas por las leyes electorales, si hasta la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral está en riesgo también de ser derogada si prospera el plan B?
Increíble que una vez más, Morena pretenda con esta Iniciativa trastocar derechos adquiridos de las mujeres y eso que es un Congreso que se autodenomina “de la paridad”.
Por ello nuevamente requerimos hacer un frente común ahora en defensa del TRIFE y de las facultades que tutelan los derechos de las mujeres y de las minorías.
