Por Alejandro Mondragón
Una y otra vez el Ayuntamiento panista recibe embates de sus antecesores morenistas, sin que nadie lo pueda remediar.
El problema es que funcionarios de la gestión de Eduardo Rivera Pérez han tenido argumentos legales para proceder, pero incurren en la omisión.
Ya sabemos que ésta es madre de la negligencia y hermana de la impunidad con corrupción.
El 14 de noviembre del 2022 llegó al escritorio de Bernardo Arrubarrena, secretario de Administración y Tecnologías de la Información, un oficio del agente del Ministerio Público, Raúl Maldonado Zurita con número FGE/ML06/78/2022 en el que solicita informes sobre el vehículo oficial, un Dodge, tipo attitude, modelo 2019, automóvil sedán 4 puertas con placas UBP1765 que contaba con localizador y/o rastreador GPS para ser monitoreado.
La unidad se utilizó 13, 14, 15, 16 y 17 de julio del 2020 para acosar, perseguir y vigilar a la abogada Yasmín Flores Hernández por órdenes del entonces secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo con conocimiento de la hoy exalcaldesa.
Arrubarrena respondió que no tenía ningún registro ni monitoreo del vehículo oficial, porque no les dejaron nada, por lo que no se podía corroborar.
El punto aquí es que Bernardo en lugar de proceder legalmente contra la administración de Claudia Rivera por perder, borrar o no instalar en los hechos los sistemas de rastreo de las unidades oficiales, simplemente omitió ejecutar cualquier acción o dar parte de ello a la Contraloría.
Ninguna acta -por tal irregularidad- fue levantada.
Se entiende que Arrubarrena ande muy ocupado, luego de ser descubierto en plena práctica del kamasutra en su oficina, pero no debe olvidar que se usó un vehículo oficial para cometer un delito.
Lo grave es que está documentado que la compañía Mundo Tecnológico Poblano firmó un contrato por 9.5 millones de pesos para la instalación de GPS de todo el parque vehicular del Ayuntamiento en tiempos de Claudia Rivera.
Dicha empresa fue creada en 2018, sin ubicación, tampoco tiene un representante legal.
Es una firma fantasma, utilizada para el saqueo municipal.
¿Qué personajes municipales del pasado reciente la crearon?
Ya sé.
