Por Rocío García Olmedo
Fue la expresión que usó el presidente de Chile Gabriel Boric durante su visita al Senado de la República en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al enterarse de que once mujeres diarias son asesinadas en México.
No podemos estar más de acuerdo con este calificativo. La violencia en nuestro país hoy es mayor, se ha extendido y es variada.
Bien fue señalado en una reunión virtual de expertas -convocada en conmemoración a la fecha para presentar la Ley modelo de Feminicidio- en referencia a la violencia que se ejerce contra mujeres “pareciera que se ha convertido en un código para resolver todo tipo de conflictos.”
Ese es el contexto en el que llegamos al 25 de noviembre en México.
Tan solo de conocer los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, sería motivo de una urgente revisión y rediseño de las políticas públicas de prevención y atención de violencias implementadas por parte del gobierno federal y de los estados y municipios.
7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia.
6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica.
5 de cada 10 han sufrido violencia sexual.
3 de cada 10 han sufrido violencia económica.
9 de cada 10 mujeres no denuncian.
Los motivos: el 33% porque lo considera irrelevante, el 29% porque no sabe dónde hacerlo, el 9.6% porque le da vergüenza, el 9% por miedo, el 8.3% porque lo considera una pérdida de tiempo y el 7% porque desconfían de las autoridades.
Además, en el registro de datos oficiales pareciera que hay un sesgo que pretende ocultar la realidad. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra, que el número de feminicidios en México se está reduciendo, sin embargo “casualmente” se observa que el número de homicidios culposos en contra de mujeres se ha incrementado, esto refleja que los asesinatos de mujeres no están siendo investigados como feminicidios para que parezca que se reducen, y los ubican en el grupo de homicidios culposos. Esto también es brutal.
No hay duda, las políticas públicas no han funcionado y pareciera que hay permisibilidad por la impunidad sistémica que hay en casi todos los casos.
¿Cómo garantizar entonces el acceso a la justicia y la reparación del daño, cuando por ejemplo ni siquiera hay un seguimiento a las Órdenes de Protección, que de inicio son de urgente aplicación y se emiten para proteger a las víctimas de un riesgo inminente?
Por ello he sostenido la urgencia de una atención integral a la problemática de violencia contra mujeres, desde los tres Poderes del Estado y los tres órdenes de Gobierno, vía la aplicación de la normativa -que la hay- pero también de los insumos, mecanismos, herramientas, protocolos que se han elaborado con el propósito de prevenir y poder identificar, visualizar, desnaturalizar posibles desequilibrios en razón de género para su atención y sanción.
Ello requiere de voluntad política, pero de esa que -como bien se ha afirmado- no es retórica, que tiene que ver con presupuesto institucional, con personal capacitado que la haga efectiva, con políticas públicas de prevención y atención y con transformaciones culturales a mediano y largo plazo; que requiere sin duda también, de la voluntad social para hacer corresponsable a la sociedad en su conjunto.
Bien dijo el presidente de Chile, “el combate de violencias feminicidas no es político, es transversal, no naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”. No entenderlo así es verdaderamente brutal.
