Karina Fernández |
El gobernador Miguel Barbosa Huerta respaldó el programa de regularización de vehículos extranjeros del gobierno federal, y que ayer se puso en marcha en Puebla en medio de las críticas por parte del sector automotriz.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su equipo a implementar este programa en Puebla, el mandatario estatal reconoció que hubo opiniones en contra de esta política pública.
No obstante, defendió que este programa beneficia a los sectores más vulnerables que no tienen las condiciones económicas para adquirir un vehículo nuevo, y que emplean para desempeñar sus actividades económicas y generar ingresos para sostener a sus familias.
“Ya hubo opiniones del sector de clúster automotrices para hablar en contra de este programa. La respuesta es muy sencilla, muy pocos de los habitantes de nuestra entidad tienen para comprar un auto nuevo y la realidad es que muchos, miles adquieren vehículos así, introducidos desde Estados Unidos”.
(…) y hay que generar un equilibrio entre la compra de vehículos nuevos y la regularización de los que ya circulan y lo hacen sin documentos, de otra manera muchos productores o comerciantes, todo tipo de persona con medios o bajos recursos no podrían desarrollar sus actividades económicas”, sostuvo.
Señaló que este programa dará certeza y seguridad para la tenencia de vehículos de las familias y un beneficio directo para la sociedad, ya que los ingresos que se generen por este programa serán reinvertidos en la pavimentación de vialidades de los municipios.
Cabe mencionar que hace una semana, tras el anunció del gobierno federal del arranque de este programa en Puebla, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reclamó que no se actúe para impedir la entrada de este tipo de vehículos, y por el contrario, incremente la problemática de aprobar este tipo de vehículos ilegales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, este programa ha generado 342 millones de pesos con la regularización de 136 mil 980 unidades, ya que el trámite tiene un costo de dos mil 500 pesos.
Funciona en 12 estados y Puebla es el número 13 en participar luego de los resultados obtenidos en entidades como Baja California, Coahuila, Durango y Tamaulipas donde inició esta política pública.