Por Valentín Varillas
A finales del sexenio de Mario Marín, oficialmente, tres personajes estuvieron involucrados en la preliberación irregular de presos : Valentín Meneses Rojas, Secretario de Gobernación; Indalecio Cuesta Torres, director de Ejecución de Sentencias y Filiberto López Zavala, ex Director Técnico de Centros de Readaptación Social.
Aunque se trata de una medida que se acostumbraba tomar por los mandatarios estatales en la recta final de su administración, en este caso se violaron todas las normas y protocolos que le dan sentido.
Aquí, se dejaron en libertad a una cantidad “atípica” de sujetos que se encontraban privados de la libertad por la comisión de todo tipo de delitos, incluyendo aquellos que dañan el tejido social como el secuestro, homicidio, violación y robo.
Tampoco habían cumplido el porcentaje de la “pena” establecida en la sentencia de los jueces correspondientes.
Se trató, simplemente, de un negocio millonario.
Abogados, jueces y demás involucrados, a la par de estos funcionarios, hicieron auténticas fortunas con semejante aberración.
Únicamente ellos saben de qué tamaño fue este auténtico “año de Hidalgo”.
El autor intelectual de esta estrategia fue el entonces candidato a la gubernatura, Javier López Zavala.
El otrora todopoderoso “delfín”.
El que supuestamente iba a ser el garante de la continuidad de “la burbuja” en lo más alto del poder político poblano.
Al que Mario Marín simplemente le dio todo, porque cinco años atrás lo había designado para ser sacrificado políticamente.
El priista le entregó Puebla al entonces presidente Felipe Calderón, a cambio de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara inocente de haber violado los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
El problema para López Zavala es que nunca se enteró.
Que de verdad creyó que su jefe y amigo lo llevaría “a la grande” y que su reino no tendría fin.
Y bajo esa lógica actuó.
Al llegar Moreno Valle al gobierno, la cloaca se destapó.
Se abrieron procesos legales en contra de los involucrados por los delitos de evasión de presos y “delitos contra la procuración y administración de justicia”.
López Zavala suplicó impunidad, sobre todo para su hermano.
Moreno Valle, generoso, accedió a su petición, a cambio de usarlo y utilizarlo a placer, para todo tipo de fines y durante todo su sexenio.
El panista, por lo mismo, acabó siendo cómplice de este acto de corrupción.
Pero los procesos legales ahí quedaron, siempre latentes, aunque durmiendo el sueño de los injustos.
Meneses Rojas fue detenido a principios de febrero del 2021.
Fue dejado en libertad en mayo del mismo año.
Indalecio y Filiberto, el hermano de Javier López Zavala, gozan de absoluta impunidad.
De la misma que gozaba hasta ayer el ex candidato a la gubernatura.
Beneficiarse económicamente de echar a la calle a auténticos criminales, cuando la impunidad es el principal flagelo que azota al país es un aberrante crimen social.
Planear el asesinato de la madre de tu hijo y mandar a tu sobrino a ejecutarlo, es una abominación imposible de definir con adjetivos.
Simplemente no alcanzan; no existen.
El ADN criminal del clan es evidente; no deja lugar a dudas.
