Por Alejandro Mondragón
El callejón de los Feudales, como se llamó en la anterior entrega, la privatización del paso peatonal y vehicular que hicieron el empresario Manuel Alonso y la dueña de Casa Reyna, Angélica Moreno, representa una flagrante violación a la Ley.
En el barrio de San Francisco, donde se localizan la residencia y el hotel-restaurante, se toleró dicha acción desde el 2016, todo un sexenio.
La privatización en la zona “supone una violación al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, ya que se señala la prohibición expresa de realizar dichas obras en el artículo 1198 inciso b) numeral 1, el cual señala:
Artículo 1198.- En los inmuebles localizados en la Zona de Monumentos, a los que se refiere el artículo 1200, podrán autorizarse intervenciones dentro de los siguientes parámetros:
b) No se autorizan las siguientes obras o elementos en fachadas:
1. Los portones de acceso para vehículos podrán incluir una puerta proporcionada para el paso de peatones, en cualquiera de las hojas, las que serán de madera y diseño acorde”.
Y colectivos en defensa del patrimonio histórico comparten: “Debemos recordar que la destrucción total o parcial de Zonas monumentales o del patrimonio edificado, artístico y/o cultural constituye un delito que según la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en su artículo 52, señala:
“ARTICULO 52.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Los colectivos insisten en que con la finalidad de determinar responsabilidades,
“De igual manera solicitamos que se suspenda la obra puesto que supone una violación a nuestro Código Reglamentario Municipal, además de traer consigo una afectación significativa al edificio sobre el cual se realizan los trabajos de remodelación, mismo que es considerado Monumento histórico.
“Por último, exigimos que se dejen de otorgar licencias que son contrarias a nuestra legislación, ya que afectan el Patrimonio histórico y cultural de la sociedad poblana, y en caso de que los responsables de las obras no cuenten con los permisos necesarios para llevar a cabo os trabajos mencionados, solicitamos que procedan según la Ley para fincar responsabilidades y sanciones”.
Está claro que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue, ha sido y es un alcahuete.