Por Jesús Manuel Hernández
A muchos nos ha sorprendido la decisión, histórica, del Gobierno de Puebla, de ejercer la autoridad y poner en valor las leyes relacionadas con el uso del patrimonio edificado, las concesiones, los comodatos y toda aquella actividad que permitió a unos cuantos hacerse de los bienes públicos en aras de su “cuidado” y “protección”.
Quizá los casos más sonados hayan sido el espacio de los lavaderos de Almoloya, que alguna vez intentó quedarse con ellos en circunstancias similares algún familiar del gobernador Piña Olaya, y el jardín de Trinitarias, un espacio que por complicidad de los condóminos y autoridades en turno se apropió un particular para beneficio, goce, disfrute y comercialización.
Otro el de la Plaza de la Madre convertido en estacionamiento particular, o el callejón aledaño para beneficio de los residentes, tratándose ambos de áreas comunes de los integrantes del Fideicomiso del Paseo de San Francisco.
La cloaca se ha destapado, muchos intereses van a aflorar y muchas investigaciones podrían derivarse de estas acciones.
Curiosamente el gobernador Barbosa tiene muy cerca a uno o dos de los conocedores de esos “secretos”, de sus actores, de los intereses del por qué y el cómo es que los “comodatos” fueron dándose ante el interés de algún particular, será un buen escenario para ellos para lavar su honra o cumplir con sus verdaderas lealtades.
Pero hay un caso que en su momento indignó a muchos poblanos, no a los ricos, más bien a los pobres, a los locatarios, a quienes se ganaban la vida vendiendo sus productos perecederos en lo que ha sido el mejor mercado de alimentos de Puebla: La Victoria.
Construido en los huertos del Convento de Santo Domingo, el mercado pasó de un espacio de intercambio comercial de productores y consumidores a un edificio construido en una superficie de más dev17 mil metros cuadrados.
Por unas 7 décadas funcionó como el principal mercado de abasto de la ciudad y entre su patrimonio está el haber sido la “cuna de las cemitas”, el pan único en su género en el territorio mexicano.
Las obras de reordernamiento comercial derivadas del retiro de ambulantes que invadían las calles, trajeron en consecuencia el desalojo del mercado. Los locatarios fueron convencidos de que el espacio necesitaba de acciones severas de higiene para garantizar la calidad de alimentos y salud de los clientes.
El convenio fue firmado por el entonces Presidente Municipal Jorge Murad y los representantes de los comerciantes, Humberto Sánchez Vivas y Augusto Chumacero, entre otros. Entre los compromisos estaba la operación de desalojo, reacomodo en otros mercados, higiene del edificio, desratización, reparación de cañerías, mantenimiento de estructura metálica, techos, escaleras, locales, etcétera.
A la muerte del profesor Murad le sucedió interinamente Amado Camarillo Sánchez quien terminó la función del período constitucional. Ya para entonces el candidato a gobernador era Mariano Piña Olaya.
El 14 de octubre de 1986, Amado Camarillo, avalado por el gobierno de Guillermo Jiménez Morales y el Secretario del Ayuntamiento, José Martínez Escobar, acordaron suspender los servicios del mercado y su inmediata desocupación. El Síndico, Antonio Oropeza pidió se publicara en el Periódico Oficial del Estado, y así sucedió, José María Cajica procedió.
Pocos días después el propio Martínez Escobar invitó a los integrantes del Comité Prodefensa del Mercado La Victoria, encabezados por Jose Landa Segura a presentar sus opiniones respecto al “proyecto de remodelación” del inmueble.
En consecuencia hubo un documento firmado por las partes, mismo que llegó a Cabildo el 27 de octubre de 1986; en el documento se leía entre otros asuntos:
“los miembros de la Asociación de Comerciantes Establecidos en el
Monumental Mercado La Victoria se comprometieron a desocupar los locales de dicho inmueble; las autoridades municipales convinieron, maduramente, en efectuar las obras de remodelación del mercado La Victoria, y a dar preferencia a los miembros de dicha asociación para volver a ocupar los mismos locales que hasta esa fecha venían ocupando y en los mismos giros…”.
Cuando entró en vigencia el gobierno de Piña Olaya los acuerdos de Murad fueron desconocidos o mandados al archivo muerto; Marco Antonio Rojas Flores, el Presidente Municipal del segundo trienio recibió órdenes del gobernador para suscribir el contrato de comodato entre el Ayuntamiento de Puebla y la Fundación Amparo, la entidad elegida por Piña Olaya para entregar más de 17 mil metros cuadrados para su “restauración”.
Como antecedente, el gobierno aseguraba no tener dinero para restaurar el edificio, incluso Leopoldo Eusa Bobbil, sub secretario de Planeación de la SFA pidió recursos de Solidaridad para la obra, pero dijeron que no hubo apoyo.
El 21 de abril de 1992, siendo gobernador Piña Olaya y Marco Antonio Rojas el Presidente Municipal, se firmó el contrato de comodato, el 3 de julio del mismo año apareció en el Periódico Oficial. Desde entonces la Fundación Amparo tiene el comodato por 99 años.
¿A qué se comprometió la Fundación? El documento dice entre otros rubros: “con el objeto de que esta entidad privada desarrolle actividades comerciales y artesanales en el mercado La Victoria”, y propone la conservación del giro de alimentación.
Dos años más tarde, en 1994 los quejosos Humberto Sánchez Vivas y Augusto Chumacero Rodríguez denunciaron ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla actos y omisiones contra el Ayuntamiento pues no habían sido reinstalados en el mercado, conforme a los compromisos pactados con Jorge Murad.
La Fundación Amparo encargó la remodelación del espacio al arquitecto Mauricio Romano del Valle, quien curiosamente había sido integrante del gabinete de Piña Olaya en el área de desarrollo urbano.
La “gran aportación” a la restauración fue la colocación de las escaleras eléctricas, el emblemático kiosko de flores estuvo a punto de desaparecer. No se privilegió el uso del suelo en establecimientos de comida o alimentos perecederos.
El mercado fue convertido en un vulgar y común centro comercial con tiendas departamentales, franquicias, carritos de comida chatarra, juguetes, trenecitos, golosinas, etcétera y se perdió el espacio más importante de la gastronomía poblana, la de los poblanos, sin mediar ninguna defensa.
La Fundación intentó cubrir el rubro de uso de espacio en alimentos con la inclusión del Vips y en la parte superior una franquicia de comida española y después algunas fondas, con poco éxito por que están alejadas del tránsito de la planta baja, que por razones obvias significa más ingresos en renta.
Imagínese cuánto paga Suburbia, cuánto el Vips, cuanto las islas alojadas en los pasillos. Quizá los únicos espacios respetados en su función original fueron los locales exteriores donde se vende ropa infantil, para primeras comuniones, disfraces, etcétera.
¿Acaso no sería conveniente en beneficio de la Fundación misma que el gobierno hiciera una auditoría de la inversión en restauración del inmueble y las utilidades generadas en cobro de rentas?
Ahora que el gobernador Barbosa ha puesto el dedo en la llaga, quizá valga la pena recordar estos asuntos donde afloraron, como en San Francisco, intereses particulares, disfrazados de buena voluntad en aras de proteger el patrimonio edificado, un tema bastante lleno de dudas, especulaciones, complicidades, muy a tono con el desarrollo de los grandes capitales poblanos, comodatos y complicidades.
O por lo menos, así me lo parece.
