Por Valentín Varillas
Pésimo el manejo de crisis y la estrategia de control de daños que llevó a cabo el gobierno federal, después de la publicación de aquel reportaje que detalla el lujoso nivel de vida que disfruta el hijo del presidente, contradiciendo aquella bandera de la austeridad republicana.
De entrada, AMLO su discurso de manera radical en apenas pocos días.
De bote pronto, ante la sorpresa del golpe mediático, aseguró en su mañanera que el dinero no era de su hijo y que pertenecía a su nuera.
La opinión pública y publicada, además de los mensajes en redes, hicieron polvo la versión.
Porque no anulaba el conflicto de intereses por la renta de una casa de lujo de un ejecutivo de una empresa proveedora de Pemex, con contratos vigentes, al tratarse de un familiar de primera línea.
Seguramente, tampoco le gustó al jefe del ejecutivo, los mensajes y críticas que le dedicaron a su vástago de vivir lujosamente a expensas de su cónyuge.
Por eso, había que inventarle una chamba express y manejar una versión que, aunque contradijera la primera, pudiera por lo menos darle armas para conformar un modesto arsenal de defensa a la cada vez menos articulada fanaticada 4Tera.
El punto aquí, es que este nuevo derrotero discursivo es muy peligroso.
En sus redes, José Manuel López Beltrán asegura trabajar como abogado para una empresa llamada Kei Partners, quien apenas hace unos días se le dio personalidad en internet.
La empresa, pertenece a Daniel Chávez Morán, multimillonario dueño de Grupo Vidanta, amigo personal del presidente, miembro de su Consejo Empresarial de Asesores y según las malas lenguas –normalmente las mejor informadas- uno de los socios de la empresa que supervisa los trabajos del proyecto del Tren Maya.
Es decir, otra contratista del gobierno.
Otro potencial conflicto de intereses.
Pero ese es, tal vez, el menor problema.
En su comunicado de defensa, López Beltrán asegura desempeñarse como abogado, en labores de asesoría legal.
Lo anterior supondría que el hijo de López Obrador ha cumplido con los trámites migratorios necesarios para trabajar en los Estados Unidos.
Que al cobrar por ese trabajo, ha cumplido con sus obligaciones fiscales derivadas de sus ingresos ante el ISR.
Y sobre todo, que al asumirse como abogado a aprobado el examen necesario para ejercer como tal ante la “barra” de abogados del estado de Texas y que por lo mismo, cuenta con la acreditación legal para hacerlo.
¿Cumplirá con todo lo anterior?
Ya en el colmo, la auténtica cereza del pastel tiene que ver con la justificación del presidente ante el cuestionamiento de por qué hacer públicos los ingresos de un ciudadano común y corriente.
Un profesionista que trabaja en el sector privado y que por lo mismo, no está sujeto a las limitantes que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Puede ganar lo que sea y como sea, siempre y cuando cumpla con las obligaciones fiscales de sus ingresos y demuestre, si es que la autoridad se lo requiere, su legítima
procedencia.
Dice AMLO que lo hizo “porque le pega a él y al movimiento de transformación del país que el encabeza”.
La frase es demoledora.
Es la aceptación más clara, real y sin adjetivos de que hoy se usan las instituciones públicas para ajustar cuentas con quienes son considerados “enemigos” políticos del jefe del ejecutivo.
Como se ha hecho siempre.
De esos actos se decían víctimas, no solo López Obrador, sino muchos más que lo acompañan en el ejercicio de gobierno, cuando eran oposición.
Hacen exactamente lo mismo.
Ante tantos errores resulta fácil preguntar ¿dónde están los asesores?
Y siquiera si existen, si los hay, si trabajan.
De acuerdo al organigrama del gobierno federal, ahí están y cobran por el trabajo que en teoría realizan.
El problema es que el presidente no escucha, no se deja ayudar.
Y como ha ejercicio un régimen de auténtico pavor al interior de su gabinete y su equipo de trabajo, simplemente le dicen que sí a todo y le endulzan el oído con las frases que quiere escuchar.
Peor imposible.
Y de verdad no quieren darse cuenta de lo equivocado de la estrategia y de los efectos negativos que ésta traerá en términos de imagen y popularidad a la figura presidencial.
Prefieren no contrariar a su amo, quien cada vez se ve más obsesionado en que la realidad se adapte a su visión y no que su discurso sea en realidad una radiografía certera de lo que pasa en el país.
