Por Valentín Varillas
Cuando policías estatales mataron al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, a Rafael Moreno Valle jamás le pasó por la cabeza despedir a alguno de los 427 elementos que protagonizaron el fallido operativo en Chalchihuapan, que le costó la vida al menor.
Mucho menos, tocar con el pétalo de una rosa a Ofelia Flores Ramos, quien era la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial de la SSP estatal.
Ella, recibió directamente las órdenes correspondientes a cómo actuar en contra de los manifestantes que tenían bloqueada la carretera a Atlixco, aquel 9 de julio de 2014.
Inimaginable también, que Moreno Valle pudiera remover del puesto a Facundo Rosas, el titular de la dependencia y principal responsable, legal y moral, del asesinato del niño indígena.
Rafael no iba a prescindir de su gatillero, de su cómplice, de su principal socio en los millonarios negocios que en ese entonces se hacían al amparo de los acuerdos con la delincuencia organizada.
Al contrario.
Sin el menor pudor se alteró la escena del crimen.
Se falsearon datos y declaraciones.
Se criminalizó a la víctima y a su madre.
Se encarcelaron a los principales movilizadores de la propuesta.
Se utilizaron las instituciones públicas y el aparato propagandístico oficial –que incluía periodistas, columnistas y medios masivos de comunicación- para darle difusión nacional a una versión oficial de los hechos que era una auténtica burla para la inteligencia más elemental.
La que incluía cabezas de marranos, piedras de grueso calibre y un inexistente cohetón que detonó precisamente en el momento exacto en el que impactó en la cabeza de José Luis, ocasionándole una herida mortal en la cabeza.
Instancias no gubernamentales, organismos defensores de derechos humanos – incluida la propia CNDH- activistas y medios críticos exigieron una y otra vez la salida de Rosas Rosas de la dependencia y que se llevara a cabo una limpia de quienes habían sido los responsables, directa o indirectamente, de una muerte que no debió ocurrir.
Moreno Valle ni los peló.
Jamás hubo un solo sentenciado por el caso Chachihuapan.
Un auténtico monumento a la impunidad.
En el caso del niño Tadeo, el gobernador Barbosa ya corrió al Secretario de Seguridad Pública, a Alfredo Vargas, subsecretario de Centros Penitenciarios y a 21 personas más que, directa o indirectamente, estuvieron involucrados en este hecho.
Y seguramente caerán algunos más.
La diferencia en el actuar, evidentemente ha sido monumental.
Guste a quien guste o disguste a quien disguste.
Son datos duros, concretos, fríos.
Qué más da la forma, si en el fondo no hubo impunidad.
¿Cómo ir en contra de esto?
El caso Tadeo ha desatado una muy peculiar esquizofrenia en términos de opinión pública y publicada.
Quienes defendieron en su momento a Moreno Valle y a Facundo Rosas, hoy aplauden en sus espacios la limpia hecha por el gobernador Barbosa.
Quienes pedían, con toda razón, no solo que saliera Facundo de la administración pública estatal, sino que otros mandos y sobre todo, los policías directamente involucrados en el asesinato de José Luis, enfrentarán las consecuencias legales de sus actos, errores, yerros y omisiones, hoy critican la manera en la cual el gobierno estatal actuó, minimizando el hecho de que los responsables, a diferencia de antes, sí pagarán por no haber estado a la altura de las responsabilidades que asumieron cuando decidieron aceptar el cargo.
De locos.
