Por Alejandro Mondragón
En 26 meses, el gobierno de Luis Miguel Barbosa pagó 374 millones de pesos de deuda pública, lo que implicó una reducción de 7.2 por ciento en los pasivos del estado.
De acuerdo con el registro de financiamientos y obligaciones del estado de Puebla publicado en la página de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la deuda directa queda en 4 mil 848 millones de los 5 mil 222 millones de pesos registrados hasta junio del 2019.
Tales datos obligan al análisis de cómo la deuda poblana había ido a la alza desde la gestión de Mariano Piña Olaya, considerado uno de los sexenios más corruptos en la historia local.
Con Manuel Bartlett llegaron los megaproyectos, lo que disparó notablemente el endeudamiento con obras como el acueducto Nealtican, el embovedamiento del Río San Francisco sobre el bulevard 5 de mayo de la capital, el periférico, el desarrollo de la zona comercial Angelópolis y el Centro de Convenciones.
En la gestión de Melquiades Morales, las crisis de los sismos y las inundaciones que implicaron el uso de recursos adicionales y acabaron por generar un hoyo financiero de más de dos mil millones de pesos.
Mario Marín, en su gobierno, no sólo mantuvo, sino que acrecentó los pasivos con su proyecto de la Célula, a pesar de que elevó la tasa fiscal de las nóminas para las empresas.
La de Moreno Valle fue la administración que más fondos extras se emplearon para generar una deuda adicional con sus proyectos de participación privada que ahora representan elevadas cargas a las finanzas locales.
El Museo Barroco, los centros integrales de servicio, los puentes atirantados, el auditorio metropolitano, la colocación de concreto hidráulico, las ciclopistas y centros de salud.
Ya las gestiones de Antonio Gali y Guillermo Pacheco Pulido, por lo corto de sus mandatos, mantuvieron la inercia de pagar la deuda.
Ahora, se baja la carga fiscal para Puebla y ubicó a la entidad en una posición favorable para las calificadoras, como sitio adecuado para invertir.
