Por Valentín Varillas
Nuevamente, aparece en la escena mediática la versión de que, ahora sí, el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, va tras Peña, Videgaray y otros impresentables que fueron parte de la mafia que saqueó el país el sexenio pasado.
El tema vende en términos de opinión publicada y sobre todo, en el peloteo de redes sociales.
Opera también, como un efectivo distractor de los graves problemas que enfrenta la famosa 4T y que no se ve por dónde puedan siquiera empezar a resolver.
Y de paso para quitar presión a la intensa y polémica discusión de la Reforma Eléctrica que se lleva a cabo en el legislativo federal.
Más allá del estruendo y el morbo, en el remoto caso de que el presidente quisiera ajustar cuentas con el pasado y dejar para la posteridad un histórico ejemplo de combate a la impunidad, no son ahora los tiempos.
¿Para qué?
Un proceso legal serio, perfectamente amarrado desde lo jurídico que pudiera realmente poner a temblar a los cachorros del grupo Atlacomulco, hay que llevarlo a cabo cuando la rentabilidad política sea mucho mayor.
Es decir, en el escenario de que se llegara a complicar seriamente el proceso de sucesión de López Obrador.
Para eso sirve Peña.
Si la coyuntura político-electoral rumbo al 2024 no se desarrolla de acuerdo al presupuesto que se tiene en la oficina principal de Palacio Nacional, entonces sí, como medida de absoluta necesidad y como último recurso, se pensaría en llevar a tribunales a alguno de los auténticos peces gordos de la administración anterior.
No se ve en el horizonte, por lo menos ahora, alguna potencial catástrofe que pudiera obligar a López Obrador a inclinarse por esta opción.
Sus números en términos de aceptación y aprobación van bien, muy bien, a pesar de los pesares.
Y esta decidido a cuidar a sus dos probables candidatos pase lo que pase.
La manera aberrante con la cual están operando los dictámenes del accidente de la Línea 12 del Metro no deja lugar a dudas.
En la mañanera de ayer, AMLO dejó bien claro que primero está el tema político, antes de hacer justicia a las familias de las 26 personas que perdieron la vida por la negligencia y las corruptelas de Ebrard y Sheinbaum.
Para eso se usa el aparato gubernamental actual: para castigar a enemigos y adversarios, premiando a la vez a amigos y cómplices.
El más desencantado con esta situación, debe de ser Emilio Lozoya.
El fiscal de facto del país, el que desde la más absoluta impunidad señala y ordena quiénes deben de ser perseguidos por el sistema de procuración y administración de justicia nacionales, se muere de ganas de ajustar cuentas con quienes en su momento lo traicionaron.
Y me refiero por supuesto a Videgaray y al propio Peña que le diseñaron un traje a la medida de chivo expiatorio del que pudo escapar gracias a los buenos oficios, magníficas relaciones y capacidad para negociar de su padre, Emilio Lozoya Thalmann.
Un viejo lobo de mar que se las sabe todas en el arte de la política pragmática.
De no haber sido por él, quien fue el que le abrió los ojos a López Obrador de las bondades de tener a su hijo como proveedor de información privilegiada que compromete a sus enemigos y adversarios, Lozoya Jr. Estaría viviendo una realidad muy similar a la que vive actualmente Rosario Robles.
Y nadie quiere verse en ese espejo, por muy larga que sea la cola que se arrastre.
Así que, no hay que hacerse ilusiones.
Por más circo, maroma y teatro que se ensaye, el pacto de impunidad Peña-López Obrador, en estos momentos sigue gozando de cabal salud.
Aunque den ganas de vomitar.
