Por Valentín Varillas
A pesar de que, por el monto, la Ley Estatal de Presupuesto y Gasto Público en su artículo 63 obligaba a realizar una licitación pública nacional, para la construcción de la plataforma de Audi, Rafael Moreno Valle ordenó que se hiciera un procedimiento de adjudicación por invitación.
3 fueron los convocados.
Luego, el concurso lo declararon “desierto”, para darle directamente el proyecto a la elegida desde la oficina principal de Casa Puebla : Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe S.A de C.V.
Se trataba de la empresa que maximizaba las ganancias, no las de beneficio público, sino las de los miembros de aquel grupo en el poder.
Durante el proceso de ejecución, se celebraron 5 convenios modificatorios.
Todos, elevaban el costo de la obra sin ninguna justificación real.
Así, del importe original contratado el 30 noviembre de 2012: 2 mil 150 millones 522 pesos, el importe total acabó siendo de 5 mil 79 millones, 315 mil 613 pesos para el 31 de diciembre de 2014: 236% más.
Todo, aprobado documentalmente en apenas 126 días, cuando ni siquiera se llegaba al 35% del período contractual.
Algo similar sucedió con el proceso de adjudicación de los trabajos de supervisión de la obra.
El contrato le fue dado de forma directa a la empresa AZGROUP S.A de C.V por un monto original de 59 millones 358 mil 238 pesos.
Sin embargo, fue modificado mediante convenios injustificados hasta llegar a los 136 millones 436 mil 710 pesos: 239%.
El sobrecosto, como puede ver, es descomunal.
Directamente proporcional con el tamaño del consabido moche.
De otra manera, no hay forma de explicar cómo la Secretaría de Infraestructura, con Tony Gali a la cabeza, autorizó semejante daño a las finanzas estatales.
Esas que por cierto, quedaron comprometidas con ésta y otras obras llevadas a cabo a través de los famosos Proyectos de Participación Social (PPS).
En este caso específico, el de la plataforma de Audi, al contratista se le pagó a través de la emisión de Certificados de Aceptación Definitiva (CAD´s).
Al 31 de diciembre de 2018, se habían pagado 3 mil 317 millones 957 mil 42 pesos, apenas el 30.74%.
El 41.90% está siendo pagado en el período 2019-2024 y el restante 27.35% se pagará entre el 2025 y el 2028.
Sí, una obra que debió costar menos de la mitad de lo que realmente se pagará por ella y que ha comprometido la sanidad de las finanzas estatales por 15 años.
Y juraban que lo que hacían, lo llevaban a cabo “sin pedir un solo peso prestado” y sobre todo, “con absoluta y total honestidad”.
