Por Alejandro Mondragón
La investigación que ordenó el gobernador Luis Miguel Barbosa a todo el esquema notarial y registros de la propiedad sacudirá al sistema poblano.
La razón es muy simple. Se creó todo un modelo de negocios para el despojo del patrimonio de familias en aras de desarrollos inmobiliarios.
Claro, solapados por notarios y registradores públicos. Ahora se les aplicará la Ley y aquellos que incurrieron en prácticas de corrupción serán castigados.
Ahí está el caso de notarios, como el de Tepeaca, Paulo Javier Rodríguez Cantellano, quien lo mismo validaba despojos como en Huachinango con el centro Narconon y el morenovallista Diego Corona, que falsificaba firmas para quedarse con casas y terrenos en todo Puebla.
O el negocito que trae la familia Posada Cueto (Lomas de Angelópolis) con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, en tiempos de Rafael Higueras Lozano.
Un ejemplo fue adquirir más de 60 por ciento del régimen de propiedad en condominio que se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público de Cholula.
¿De qué forma?
A través de la escritura pública 77399 volumen 972 de la Notaría 10 a cargo de María Bustos Soto, quien está detrás de la expedición de la escritura de aclaración de superficie, lotificación y constitución de un desarrollo inmobiliario atestado, por irregularidades, de carpetas de investigación.
No obstante, resulta que la escritura pública 77399 no se pudo inscribir legalmente en el Registro Público, porque el documento que dio origen a la compraventa, fue impugnada como ilegal.
Hay ocho recursos registrales y dos amparos que deben resolverse antes de que la inscripción proceda.
Este personaje se llevó un jugoso moche por la inscripción ilegal de las escrituras que, dicho sea de paso, no firmó él sino los registradores que no están coludidos. Higueras ha quedado libre de culpa.
