Por Valentín Varillas
La salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, debe verse bajo el crisol del proceso interno de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Guerrero.
Quien en su momento fue considerada como parte importante del círculo íntimo del presidente López Obrador, simplemente no pudo asimilar la imposición de los Salgado Macedonio en ese estado.
Daba por hecho que la posición estaba reservada para su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, quien se vendía como el heredero de una tradición de décadas de lucha social en Guerrero, que encabezó en su momento su padre, Pablo Sandoval.
Y ante su enojo, optó por la rebeldía, no la institucionalidad, requisito indispensable para seguir formando parte de las huestes lópez-obradoristas.
Grave error.
De la mano de su familia, incluyendo por supuesto a su cónyuge, iniciaron una durísima campaña en contra de Mario Delgado, presidente nacional de Morena y del método utilizado para la elección del candidato.
Pasaron por alto un asunto fundamental, básico, elemental: la decisión de entregarle Guerrero al “Toro” y su familia, fue una decisión del propio AMLO y nada tuvo que ver Delgado en ella.,
Aquí, la orden salió directamente de la oficina principal de Palacio Nacional.
Y contra eso, no había nada que hacer.
Aun así, sabiéndose perdidos, decidieron seguir con el berrinche, descarrilando la permanencia de la “hermosa guerrera” en el gabinete presidencial.
Su salida, ya lo ve, fue una cuestión de política partidista.
Aunque igualmente podría haber sido justificada por su nulo actuar como zar anticorrupción del gobierno de la 4T.
Sandoval no actuó en el tema de los falsos ahorros del gobierno federal.
1.3 billones de pesos de recursos ya presupuestados, que jamás fueron gastados.
¿Dónde están?
¿Quién se los quedó?
Dejó como saldo fatal de su paso por el servicio público, expedientes que siguen abiertos con investigaciones que hoy duermen el sueño de los justos.
Ejemplos sobran.
No movió un dedo en el tema de los 23 inmuebles que Manuel Bartlett, director de CFE, omitió en su declaración patrimonial.
Mucho menos en el caso de Pablo Amílcar, su hermano y superdelegado en Guerrero, con denuncias por uso indebido de recursos públicos para promocionar su imagen.
Otro más, el de Jalisco, Carlos Lomelí, con conflicto de intereses, enriquecimiento oculto, cohecho y tráfico de influencias.
El contrato por 5 mil millones de pesos que Pemex le otorgó al compadre de Rocío Nahle, Secretaria de Energía.
El robo de artículos decomisados a la delincuencia, que estaban en poder del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, situación que motivó la renuncia de su director, Jaime Cárdenas.
Los contratos por más de 365 millones de pesos que Pemex le dio a una empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador.
Los desvíos de Ana Gabriela Guevara y sus secuaces en la Comisión Nacional del Deporte, que suman más de 30 millones de pesos.
Y por supuesto, la cereza del pastel, las propiedades que la propia Irma Eréndira y su marido, decidieron omitir de su declaración patrimonial.
Aquí se aplica otra vez la fórmula de la lealtad contra la capacidad, aunque al final, Sandoval no mostró ni una ni la otra.
Su destino profesional tendrá que ser regresar a la academia, a la investigación, porque ella misma impulsó una ley que impide que quien haya tenido una responsabilidad en el ejercicio de gobierno, regrese a desempeñarse en el sector público por lo menos diez años.
