Por Alejandro Mondragón
La aprehensión del magistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer por delitos de corrupción en la gestión de Antonio Gali Fayad, es un claro mensaje de te lo advierto Javier Albizuri (su jefe y muy cercano al exgobernador) para que lo entiendas Tony.
Fue en 2017, el año en que el Congreso de Puebla nombró a Siriako, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, organismo que forma parte del Consejo Estatal Anticorrupción.
“Le otorgaron un nombramiento por 15 años, los cuales -si se aplicará la Ley- los pasaría sin lugar a dudas en la cárcel por corrupto”, cito la columna publicada un día después de su designación.
El PRI validó lo propuesto por la bancada morenogalista.
Este personaje, coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura en colusión con el liquidador de la obra del Centro Expositor, Eduardo Liceaga, formalizaron un convenio para chingarse 107 millones de pesos. Fijaron un calendario de pagos mensuales hasta el 2018, pero le cayeron en la transota.
Le levantaron actas administrativas y las evidencias, documentos oficiales, lo condenan. En lugar de proceder legalmente para meterlo a la cárcel, lo premió el Congreso de Puebla con el nombramiento de magistrado que sancionará la corrupción.
Seguro su primer caso, como juez y parte, será él.
Siriako tuvo como parte de sus responsabilidades sancionar daños a la hacienda pública, cosa que él hizo como funcionario.
Era el descaro total.
Guillén Almaguer actuó con dolo e incurrió en colusión, por lo que ha sido detenido e iniciado procedimiento contra su jefe Albizuri y otros más.
Se le advirtió en su momento, desoyó y ahora a pagar las consecuencias.
