Por Alejandro Mondragón
Unos lo tomaron a la ligera.
Otros no dejan de calificar la noticia con el clásico: “asustan con el petate del muerto”.
Los más presumieron tener todo cubierto, peeeero…
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ya empezó con los bloqueos de cuentas de empresarios y políticos poblanos por presuntos actos de lavado de dinero.
El gobernador Luis Miguel Barbosa confirmó que la Unidad revisa propiedades, inmuebles, negocios y todo aquella operación inmobiliaria en la zona de Angelópolis.
Las acciones de revisión, aunque se dieron a conocer este año, vienen desde el 2019.
De hecho, en el juzgado octavo de amparo civil se sigue el expediente 2331/2019 por parte de la empresa Proyectos Angelopolitanos “Las Torres” SA de CV, a través de su presidente Luis Ángel Casas Arellano contra la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México.
Se sabe además que las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se ejecutan con el Servicio de Administración Tributaria, mediante un “exhaustivo” análisis de las declaraciones de ingresos y egresos.
Buena parte de la clase política morenovallista, vinculada al modelo de negocio empresarial de los últimos 9 años cree anda promoviendo amparos contra acciones de la autoridad local.
Pierden de vista que las acciones más relevantes en su contra se han documentado en el ámbito federal, donde los expedientes están concluidos para ejecutarse en el terreno local.
Esa es la diferencia. Una vez que procedan las acciones penales federales, entonces se sumarán las locales.
No terminará diciembre del 2020 cuando se tengan noticias concretas, pero lo cierto es que las acciones en la zona de Angelópolis, incluyendo Lomas, van en aumento.
Y no se trata sólo de inmobiliarios, sino de notarios y registradores públicos quienes aparecen involucrados.
