Karina Fernández |
Presidentes municipales que pretendan reelegirse en 2021 tendrían que contar con la aprobación de la ciudadanía para la que gobiernan, consideró el gobernador Miguel Barbosa, de cara al proceso electoral en el cual, por primera vez, los diputados también tienen esta oportunidad.
El mandatario estatal compartió la postura del diputado federal Mario Delgado para que los interesados en repetir en el cargo público que ocupan tendrán que someterse al juicio de la ciudadanía, que evaluará sus resultados y determinará la viabilidad de su proyecto; esto al menos en el caso de los liderazgos de Morena.
Agregó que tendrán que apegarse y cumplir con los criterios y lineamientos que emitan el Instituto Electoral del Estado (IEE) –en el caso de presidentes municipales y diputaciones locales- y el Instituto Nacional Electoral (INE) para el caso de los diputados federales, ya que no existen leyes secundarias para dicha figura.
“Todo aquel servidor público, para aspirar a una reelección, primero tiene que ser aprobado por la ciudadanía que gobierna, y esta figura que por primera vez se va a aplicar en elecciones para diputados federales y en Puebla, para elección de ayuntamientos, se tienen que emitir lineamientos pues no es asunto así ya previsto”, dijo.
Barbosa Huerta puntualizó que los interesados tendrán que ser cuidadosos no se aprovechar su cargo como autoridades o representantes populares en turno para aventajar frente a sus adversarios; además de que tendrán que seguir con los procesos que determine el partido político que los postuló.
En el marco del arranque oficial del proceso electoral federal, exhortó a los participantes a conducirse en apego a la ley, respetando las normas internas de los partidos políticos en los que militan pero sobre todo de las normas de orden público.
“Que cada partido político se ajuste a las reglas de una vida democrática, es un gran reto para Puebla vivir esta experiencia de la democracia electoral sin presiones a actores partidos”, abundó.
Dijo que su gobierno coadyuvará con la autoridad electoral federal y en noviembre, con los comicios locales, hará lo propio para garantizar una contienda democrática justa y equitativa, con resultados legítimos, sin el desvío de recursos públicos, presiones desde el poder a personas o partidos.
