Por Valentín Varillas
Muy pronto quedó en evidencia la factura que tuvo que pagar el gobierno federal, a cambio de la sumisión del gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué.
Hace un par de semanas, previo al amarre que garantizaría la presencia del mandatario estatal en la reunión de seguridad nacional, llevada a cabo en aquella entidad federativa, el propio Sinhué hizo un desesperado llamado de auxilio al presidente de la República.
Suplicó que el gobierno federal coordinara de manera urgente un ambicioso operativo que tuviera como objetivo la captura de José Antonio Yépez Ortiz, conocido en el mundo del hampa como “El Marro”.
El gobernador pidió que se sumarán todos: el ejército, fuerzas federales e instancias del orden estatal, para terminar con el reinado del peligrosísimo Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyas acciones delictivas tienen en vilo al Bajío mexicano.
Sobre todo a Guanajuato.
El presidente lo escuchó, valoró la potencial rentabilidad de la aprehensión de uno de los criminales más buscados en el país, entendió que se trataba de una situación “ganar-ganar” y dio su aval a la captura con una condición: no solo la presencia del gobernador en la reunión de seguridad, sino un aval implícito, por supuesto público, a la estrategia que lleva a cabo el gobierno federal en la materia.
Por eso, vimos en aquella mañanera del 14 de julio pasado a un Sinhué agachado, solícito, rendido ante el jefe del ejecutivo.
La impunidad con la que ha operado esta organización delictiva ya le reportaba serios problemas de gobernabilidad, a quien hace muy poco encabezaba la férrea oposición de los gobernadores panistas al gobierno de López Obrador.
Y a nadie le conviene llevar las riendas de un estado manchado de sangre, en donde los poderes de facto pesen más que las propias autoridades.
Lo anterior, empezaba ya a mermar los niveles de popularidad y aceptación del mandatario blanquiazul.
A pesar de ser uno de los mejores evaluados del país, de acuerdo a la mayoría de las encuestas que llevan a cabo estas mediciones, el punto de quiebre se dio a finales de junio, cuando la organización delictiva encabezada por “El Marro”, llevó a cabo bloqueos y actos de violencia en cinco municipios de Guanajuato, después de un operativo que tuvo como saldo la detención de 26 miembros del Santa Rosa de Lima, entre ellos, familiares cercanos del capo.
Un par de días después se dieron a conocer grabaciones en donde quedaba en evidencia la capacidad corruptora del cártel, capaces de comprar jueces y agentes del MP, que dejaron en libertad a los capturados.
Todo esto fue preparando el terreno para el operativo de este fin de semana.
Sobre todo en términos de opinión pública y publicada.
Había que maximizar la rentabilidad en imagen de la que hasta el momento es , sin duda, el mayor golpe dado en materia de seguridad pública desde la llegada de la famosa 4T.
Muchos como estos, ojalá puedan darse en el resto del sexenio.
Que se dejen a un lado posturas de tipo político y que se valore la efectividad del trabajo conjunto entre niveles de gobierno para tener un combate eficiente a la delincuencia y la impunidad, los dos flagelos que con más saña azotan al país.
Ahí está el ejemplo de Guanajuato.
¿Quién más se atreve a dejar de lado las ideologías y le entra al reto de dar respuestas concretas a las necesidades de los ciudadanos?
