Por Valentín Varillas
En la Secretaría de Salud del estado, durante el brevísimo gobierno de Tony Gali, destacaba un personaje por el que pasaba todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con compras, contratos, proveedores y gestiones.
Su nombre: Miguel Cruz Bermejo.
Era el encargado de velar por los intereses económicos de Elías Abaíd, yerno del mandatario.
Famosos se volvieron los jugosos amarres que lograba al interior de la dependencia, para beneficio propio y el de su poderoso padrino.
Un modesto ejemplo de esto, fue el contrato abierto SSEP-DSG-LIC-018-01/2017 firmado con la empresa “Distribuidora Easy Lonch, S de R.L de C.V” por un monto total de 80 millones de pesos, referente a la “contratación del servicio de víveres para los Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para el año y medio que duró aquella administración.
El contrato se dio por asignación directa, es decir, sin licitación de por medio.
Ahora, en tiempos de la 4T poblana, el mismo Cruz Bermejo ha obtenido un contrato similar por parte de la Secretaría de Salud, pero con la diferencia de que ya no funge como operador para beneficiar a un tercero.
No, sus buenos oficios resultaron en un beneficio concreto para una empresa de su propiedad.
Se trata de “Cruz & Díaz Comercio de Conveniencia , S.A. de C.V” la cual, igualmente por asignación directa, se benefició con el contrato SSEP-DSG-ADJ-035/2020, por el cual se compromete a brindar el servicio de víveres para los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el período comprendido entre el 13 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año.
El monto contempla un mínimo de $20,026,369.98 pesos y un máximo de $48,787,684.72 pesos.
De acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, Miguel Agustín Cruz Bermejo aparece como socio de la empresa con 150 acciones de la Serie A, cada una con valor de $1,000.00 pesos.
El total de acciones registradas en el proceso de Constitución de Sociedad es de 200, por lo que es poseedor de dos terceras partes de las mismas.
El socio mayoritario.
Llama la atención el hecho de que esta empresa cuenta con 15 distintos objetos sociales y que apenas en el número 14, se contemple “la compra, venta y comercialización de abarrotes perecederos, no perecederos en general, además de productos alimenticios”.
También resulta extraño que su domicilio fiscal se ubique en la calle Río Tuxpan, en el número 5319, Interior 1 en la colonia Jardines de San Manuel.
Un humilde inmueble a todas luces insuficiente para concentrar y repartir las miles de comidas diarias que requieren los hospitales y clínicas del Sector Salud poblano.
Y es que, el contrato contempla el compromiso de la empresa de que el domicilio fiscal debe ser “la principal sede de sus actividades, para todos los efectos legales a que haya lugar, derivados de este contrato”.
Así que, mientras se llevan a cabo acciones importantes de ajuste de cuentas con el pasado, al mismo tiempo en que se promete que éstas no pararán y que se investigará todo y a todos, caiga quien caiga, desde dependencias públicas del gobierno estatal, se mantienen jugosos negocios y privilegios para quienes fueron parte importante de ese pasado que, en teoría se quiere desterrar.
¿Cómo explicar semejante aberración?
¿No será que el enemigo sigue estando en casa?
