Por Alejandro Mondragón
El bloqueo de las vías del tren, en Lara Grajales Grajales, tenía 14 días, con pérdidas económicas por 130 millones para el grupo ferroviario México.
Alrededor de 300 maestros del SNTE colocaron mantas y se plantaron en la zona ferroviaria de Puebla, para reclamar recursos educativos y la reinstalación de docentes en Veracruz, Hidalgo y la entidad, quienes fueron despedidos en el sexenio pasado.
Estaban varados 130 vagones del tren. La empresa pidió al gobierno federal tomar cartas en el asunto. Y nada. La Guardia Nacional ni sus luces.
El gobernador Luis Miguel Barbosa habló con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para pedir la intervención de la Guardia.
El silencio dejó en claro que nada haría la Federación, por lo que pidió autorización para la policía estatal se encargara del desalojo.
Y así ocurrió. Fue la fuerza estatal, no la Guardia Nacional, la que operó la liberación de las vías del tren.
Como en Puebla, otras entidades federativas se dieron cuenta que la Guardia Nacional, principal proyecto de seguridad de López Obrador nació muerto.
Sin dientes, desde su creación, este cuerpo de seguridad federal se perfila como la gran decepción –de muchas más- de la Cuarta Transformación.
El decreto presidencial, el cual responde a los mandamientos legales del Congreso de la Unión, ha puesto a AMLO en el ojo del huracán.
Las ONG´s lo señalan de impulsar la militarización de las calles, tal como lo hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La Guardia Nacional perdió la batalla mediática, en medio de la pandemia del coronavirus.
Ya era una especie de dama de compañía de las fuerzas de seguridad en los estados, ahora se convertirá en auxiliar de la salud para cuidar hospitales y personal médico.
En tanto, el crimen organizado sigue en su labor de entregar despensas y apoyos a los damnificados del COVID-19.
