Por Alejandro Mondragón
Ya jaló el auditor Francisco Romero el hilo de la madeja del modelo de negocios en el morenovallismo.
Reveló que son investigadas 24 empresas fantasmas, las cuales cobraron 755 millones de pesos de obra pública.
El esquema era incuestionable para los gobiernos del PAN en Puebla:
Lanzaban una licitación, se declaraba desierta. Luego, formulaban un concurso por invitación para que participará la firma ganadora con aliadas paleras.
Se asignaba la obra. La empresa que se la llevaba no firmaba el contrato sino ooootra compañía, la cual tampoco se encargaba de los trabajos –salvo cobrar el anticipo- pues éstos se subrogaban.
Al final, era una última empresa la que cobraba todo el proyecto con la respectiva aportación del 15 por ciento para la campaña presidencial.
Y el costo de la obra solía elevarse, bajo el esquema de precio alzado, para que también alcanzara a repartir para el cochinito de secretarios.
Este modelo de negocios se observó desde el primer paso a desnivel, Zaragoza-Los Fuertes, y luego se replicó en los puentes atirantados de la capital.
En la concesión del agua potable, los Centros Integrales de Servicios, El Museo Internacional Barroco, los hospitales y toda aquella magna obra morenovallista.
El modelo siempre fue viable en la medida en que la colusión poder y capital se autorizaba desde Casa Puebla con el visto bueno del gobierno federal (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).
Todo era una maquinaria de defraudación que incluía licitaciones, contratos y hasta auditorías. Según el auditor Francisco Romero el monto de lo detectado hasta el momento suma 755 millones de pesos.
Y los órganos encargados de la supervisión: Auditoría, Congreso del Estado, Transparencia y demás, controlados por el mismo morenovallismo.
Qué tal.
