Por Jesús Manuel Hernández
El pasado 24 de abril sucedieron varios hechos que aparentemente no tienen coincidencia, pero que vinieron a remarcar el escenario político que están viviendo los grupos de poder en Puebla y cuyo desgaste o fortalecimiento bien puede ir dando pistas sobre por dónde morderá la iguana el próximo evento electoral.
El Hospital Universitario fue presa de varios cuestionamientos periodísticos luego de que el rector de la Buap se negara a aceptar las condiciones de un convenio o acuerdo con el Gobierno de Puebla para el traslado de los ventiladores del nosocomio universitario.
El 24 de abril arribaron a la institución varios inspectores de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Puebla, la instancia oficial capaz de suspender actividades de servicios de salud en el hospital y permanecieron ahí por varias horas.
Autoridades universitarias interpretaron los hechos, el del 24 y de 15 días antes, como una reacción del gobierno local a la oposición de la BUAP a firmar el acuerdo. En consecuencia, Miguel Barbosa acusó al HU de funcionar como una “institución privada”, dejando entrever que tenía el poder suficiente para intervenirlo.
Alfonso Esparza se defendió aludiendo que la comunidad de 25 mil personas beneficiadas con los servicios del HU tenían prioridad sobre los ventiladores.
A final de cuentas, los poblanos volvimos a percatarnos que el Gobierno de Puebla piensa de una manera y la BUAP de otra, por ende, los caminos que transitan, los alejan, no hay cruce salvo cuando se trata de discusiones y acusaciones mutuas.
Ese mismo 24 de abril se cumplieron dos meses del asesinato de tres estudiantes universitarios y un conductor de servicio de taxi privado, un asunto que desencadenó la concentración estudiantil de alumnos del sector público y privado, nunca vista en la entidad, y que vino a marcar una tendencia del despertar de las nuevas generaciones en el escenario político.
Para muchos observadores el movimiento había sido fortuito, emanado de las condiciones de inseguridad que viven a diario los estudiantes. Para otros, se trató de una estrategia derivada de la intromisión del Gobierno de Puebla sobre los manejos financieros de la BUAP a través de la ASE que llamó a cuentas a la institución semanas atrás.
Curiosamente, el 24 de abril, se presentan los inspectores de salud en el HU y los estudiantes reaparecen públicamente a través del llamado “Comité Estudiantil interuniversitario” integrado por alumnos de todas las universidades, organizadores de la megamarcha y de la protesta más grande que se ha registrado en la ciudad, cuestionando la eficiencia del gobierno en temas de seguridad. El comunicado dice: “Pedimos que haya una mejor comunicación entre los diferentes niveles de gobierno y que se pueda eliminar el estado de inseguridad que existe. Seguimos tratando el tema de las investigaciones sobre nuestros compañeros, pero todavía no hay una conclusión. Definitivamente, el caso no puede quedar impune, pero también entendemos que las investigaciones avanzan”.
El texto viene a significar una especie de recordatorio a quienes observan el escenario local, el movimiento estudiantil no está muerto, sólo estaba reservado.
En el mejor de los casos se trata de una casualidad que hizo coincidir ambos hechos por la fecha, 24 de abril; aunque bien es sabido que “el palo no está para cucharas”, cualquier manifestación de agresión a la universidad tiene reacciones inmediatas, pues como los ancianos decían “piensa mal y acertarás”.
O por lo menos, así me lo parece.
