Por Alejandro Mondragón
La primera vez que el gobernador recibió en sus oficinas de Casa Aguayo a Carla Morales, ella le dijo:
“Gobernador, estoy embarazada”.
Luis Miguel Barbosa le respondió:
“Felicitaciones”.
La invitó a sentarse para ofrecerle el cargo de delegada de Seguridad en Puebla y su zona metropolitana.
El tema jamás se volvió a mencionar y ambos comenzaron a delinear su llegada como responsable de la seguridad en la capital.
Días antes del encuentro, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco había aceptado el relevo de Lourdes Rosales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla.
“Sólo pido una cosa (condicionó) que sea una mujer, Gobernador”.
“Así será, así será”, le contestó.
El problema de la inseguridad en la capital que alcanzó sus máximos históricos se agravó en las últimas semanas.
Dos bandas rivales de la delincuencia se enfrascaron en una guerra por el control de la plaza.
Uno de los capos ordenó la ejecución de su adversario. Montó un operativo para levantarlo y matarlo.
Cuál sería la sorpresa que cuando los sicarios llegaron por el jefe, éste disponía de un cinturón de seguridad, cuyo blindaje realizaban los propios elementos de la policía municipal.
Y no es que Lourdes Rosales fuera parte de esta acción. Ese era el problema, no estaba enterada de la infiltración de sus mandos en la delincuencia.
El mandatario se amparó en la Ley para designar a la nueva delegada de Seguridad en el municipio de Puebla como responsable de lo que suceda.
Trae otro equipo y pretende ir a fondo con operativos y acciones que –se supone- devolverán la tranquilidad de los poblanos y poblanas.
Las acciones irán acompañadas de golpes certeros a personajes del pasado reciente que los solaparon. Permitieron que el hampa controlara la zona.
Las cartas credenciales de Carla Morales se cruzaron con mandos federales, de la Marina y el Ejército, dieron luz verde, y nada cuestionó su estado de gravidez.