Por Karina Fernández
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó al menos 24 empresas “fantasma” que aparentemente se encargaron de la construcción de 45 obras durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, por más de 757 millones de pesos.
Francisco Romero Serrano, titular del órgano fiscalizador indicó que en su mayoría fueron proyectos a cargo del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).
En entrevista, el auditor explicó que de las obras en revisión que solicitó la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, se determinó ampliar a 45, derivado de las investigaciones y resultados que arrojaron los primeros dictámenes.
“Ampliamos el espectro de revisión a 45, las cuales se encuentran en un proceso minucioso de revisión sobre todo las que fueron llevadas a cabo por el Capcee y CEASPUE. Estas obras fueron el gancho para que nos adentráramos y en próximas fechas daremos los resultados”, abundó.
Adelantó que la mayoría de irregularidades radican entre 2017 y 2018, es decir, durante la minigubernatura de José Antonio Gali Fayad.
“Las principales irregularidades es la inexistencia de empresas, pues tenemos detectadas 24 que no encontramos en una primera revisión ocular ni en evidencia fotográfica en la que no aparecen. Cuando haya resultados los daremos a conocer”, dijo.
Romero Serrano aceptó que la seriedad del asunto requiere de las pruebas que sustenten los actos de corrupción cometidos durante los gobiernos del PAN para trabajar con la Fiscalía General del Estado en las sanciones contra los responsables.
Agregó que la auditoría también ha iniciado con la revisión de los manejos al interior de la Secretaría de Salud, particularmente de 2014; dependencia en la que a decir del propio gobernador, alojó los mayores actos de corrupción por las pasadas administraciones.
También se investigan los manejos en 20 ayuntamientos poblanos cuyos nombres no quiso relevar para no entorpecer los trabajos o incurrir en alguna ilegalidad frente a los procesos iniciados por el órgano fiscalizador a su cargo.
