Por Valentín Varillas
Alcaldes de municipios en donde se concentra más de la mitad de la incidencia delictiva estatal, están preocupados.
Temen que, ante los magros resultados que ha dado su estrategia en materia de seguridad pública, el gobierno del estado entre al quite.
Varios han sido los mensajes que se han mandado en este sentido, desde las más diversas tribunas.
Tal vez el más contundente, fue el que tuvo como destinataria a la presidenta municipal de Puebla y que se centró en la facultad constitucional que tiene el gobierno del estado de decidir asumir las tareas de seguridad en el lugar en donde radica el jefe del ejecutivo poblano.
Lo anterior es un reflejo claro de que, hoy se hablan dos idiomas completamente distintos entre niveles de gobierno, en lo que al combate al crimen se refiere.
Seguramente no existe una explicación única para entender lo anterior, pero al final el resultado es el mismo: la supuesta estrategia conjunta para cuidar a los poblanos, es un asunto de mero discurso.
A los ediles les molesta mucho que se les cuestione sobre el tema.
Es más, se envuelven en la bandera de la autonomía como inútil justificación para no echar a andar cambios radicales que les permitan dar mejores resultados a sus gobernados.
En algunos casos, la situación es de tal gravedad, que sus cuerpos de seguridad viven infiltrados por la propia delincuencia.
¿Y entonces?
¿Qué hacer para que se trabaje en un mismo sentido en aras de tener un estado más seguro?
¿Se vale apelar a la autonomía cuando has fracasado rotundamente en tu principal responsabilidad como autoridad?
En el sexenio de Moreno Valle, en los municipios en donde gobernaban sus incondicionales, el gobierno estatal se metió de lleno en la estrategia y nombramiento de los encargados de la seguridad pública.
Es más, se ensayó una especie de “mando único de facto”, sin que se hubieran cumplido los protocolos legales, jurídicos y legislativos correspondientes para considerar la medida como legal.
El operador de lo anterior fue su Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quien en el 2013, en una reunión con los alcaldes electos de los municipios en donde se centraba la mayor incidencia delictiva, el funcionario les pidió que no se molestaran en buscar a sus próximos titulares de seguridad pública, que él había hecho el trabajo por ellos y que los tenía ya seleccionados.
Argumentó que la decisión era producto de un sesudo análisis de la situación de cada uno de los municipios convocados y del tipo de delitos que azotaban a estas comunidades y que con base a lo anterior se habían detectado los perfiles idóneos para ocupar los cargos.
De paso, les mandó un recado de parte del gobernador: si querían que sus programas de obra pública fluyeran y que sus cuentas fueran aprobadas por el Congreso al final de sus administraciones, más les valía hacer caso a las recomendaciones hechas.
Y así fue.
Para llevar a cabo lo anterior, Facundo Rosas contaba con cerca de 100 agentes federales que trabajaron con él en el gobierno de la República, para insertarlos en los cargos estratégicos de seguridad en estos municipios.
Todos cedieron sin chistar, empezando por la capital.
Sin embargo, el resultado distó mucho de ser el esperado.
Esta estrategia “conjunta”, lejos de ponerse al servicio de los ciudadanos, le fue entregada a los distintos grupos delincuenciales que operaban en el estado, para garantizar así su absoluta impunidad.
Sobre todo al famoso “huachicol”, que encontró en Puebla un auténtico paraíso para crecer y fortalecerse con la protección oficial.
Ojalá que en estos “nuevos tiempos” que se viven en el estado, si el gobierno decide meterse de lleno en la estrategia de seguridad de los municipios, los resultados sean, por el bien de todos, radicalmente distintos.
