Por Karina Fernández
A una semana de que venza el plazo para la mejora y modernización del transporte público, concesionarios firmaron un desplegado en el que afirman que es imposible cumplir con los acuerdos y responsabilizan al gobierno del estado de este escenario.
Los representantes de por lo menos cuatro agrupaciones transportistas reclamaron que aun con la actualización de la tarifa del pasaje Puebla mantiene el cobro más bajo por el servicio en relación a otros estados. Adicional a ello, reclamaron que la tarifa preferencial para estudiantes afectó sus proyectos.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que no habrá marcha atrás a los operativos que iniciarán el 13 de febrero para el retiro de concesiones a quienes incumplan con el acuerdo.
Admitió que algunos permisionarios encabezados por el morenovallista Arturo Loyola, han interpuesto una serie de amparos para defenderse ante las disposiciones del gobierno del estado, sin embargo adelantó que la mayoría no han prosperado.
“El grupo de transportistas que hoy saca un desplegado es el mismo que ha estado desde el principio sin colaboración. Que ellos hagan lo que a su derecho corresponda y nosotros a lo que nuestras atribuciones correspondan. Quienes promueven amparos ya los están perdiendo eso no se lo han dicho. Si se otorgan los amparos respetaremos la decisión del juez de distrito y no pasa nada pero no daremos marcha atrás”, sostuvo.
Acusó que Arturo Loyola está detrás de los transportistas que dicen no tener la capacidad de cumplir con la modernización de unidades e instalación de equipos de videovigilancia y que pretenden responsabilizar a su gobierno de esta situación.
En el desplegado firmado por representantes de organizaciones como Enlace del Transporte de Puebla, Alianza de Camioneros de Puebla, el Sindicato del Transporte FATEP-CATEM y la Coordinadora del Transporte de Puebla pide que se permita la modernización gradual de las unidades.
Argumentan que tan sólo la instalación de equipos de seguridad al interior de las unidades representan un gasto superior a los 30 mil pesos adicional al pago mensual para su monitoreo por el gobierno del estado.
Reclaman que la instalación de estos dispositivos como el descuento para estudiantes -que derivó de una decisión unilateral, ajena al acuerdo- deben ser gastos absorbidos por el gobierno y no por los prestadores del servicio.
